Este hecho ha beneficiado a los hombres con el acceso a la tenencia de la tierra, pues las cooperativas y asociaciones campesinas son las figuras jurídicas que han asumido de forma
mayoritaria en Centroamérica la propiedad legal de la tierra en los programas
de reforma agraria. Esto sitúa a las mujeres en una posición muy vulnerable, pues al no
aparecer como socias no quedan registradas en los títulos de propiedad y en caso de separación o divorcio pierden cualquier derecho legal sobre la tierra. Por otro lado, la exclusión
como socias y en los órganos de dirección les impide participar en la toma de decisiones
clave en cuanto al uso de la tierra y a la gestión, administración e inversión de los beneficios.
En el caso de poblaciones indígenas, sus autoridades tradicionales comunitarias, tales
como los consejos indígenas, siguen siendo espacios muy cerrados a la participación
femenina. En estos casos se hace aún más evidente la tensión entre los derechos colectivos y
los derechos individuales, entre el respeto a los usos, costumbres y autoridades tradicionales
y el reconocimiento de la exclusión de las mujeres en estos contextos (Deere y León 2002).

Barreras legales

En ausencia de un Derecho Agrario, el acceso a la tierra en los países estudiados se rige
por el Derecho Civil o Mercantil, el cual protege la propiedad privada sobre los derechos de las personas que carecen de ella, particularmente las mujeres rurales, indígenas y
campesinas. Por esta razón en El Salvador las organizaciones feministas desde hace años
demandan la promulgación de un Código Agrario con Perspectiva de Género que
reconozca la función social de la propiedad privada5 y haga efectivos los derechos económicos y sociales de las mujeres.
La legislación que regula la redistribución o titulación de tierras en la región ha incorporado algunos avances hacia una mayor igualdad de género en el acceso a la tierra. Uno de
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Tierra para nosotras

A través de la función social de la propiedad se busca alcanzar un uso efectivo y responsable del suelo, es
decir, armonizar la propiedad privada con el interés social. Esto implica en la práctica otorgarle al Estado
herramientas para regular el derecho a la propiedad privada, y para que el acceso al suelo no esté determinado únicamente por el mercado inmobiliario. La función social de la tierra es un principio reconocido en las
constituciones políticas nacionales de los países estudiados.

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