También, como en toda guerra, los actos terroristas
tienen el objetivo de anular la voluntad y capacidad de
respuesta de la propia población civil y dentro de ésta, la
profesión de periodista, es una de las que corren los
mayores riesgos al intentar “informar” con veracidad
sobre la guerra misma.
Informar sobre la “guerra” es un riesgo doble, porque
cualquiera de los bandos puede mandar silenciar al
informador molesto.

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Dice Ignacio Ramonet cuando diserta sobre “La Guerra
en los medios” que a partir de la Guerra de Viet-Nam, se
inicia la denuncia del comportamiento de los propios
soldados durante el desarrollo de la guerra. Dicha
denuncia mediática de los que sucede en ese país
asiático, dispone a la opinión pública en contra del
gobierno y sus razones para seguir peleando.
A partir de ese evento, dice el autor, Inglaterra modificaría
la forma en que la prensa debería de informar sobre un
conflicto armado, así, en la Guerra de Las Malvinas, el
Estado Mayor británico, activa otro modo de relacionarse
con los medios de comunicación: selecciona un grupo de
reporteros ad hoc, los mueve, los aleja del escenario y
sólo les manda un parte de guerra oficial, filtrado y
acomodado a su estrategia. Lo mismo hará EU en Granada
(1983) y Panamá (1989), hasta controlar toda información
que le genere un ambiente adverso a la guerra misma.

El control de la información ha generado en el país el
asesinato de 23 periodistas a lo largo de diez años y de
los cuales, cuatro han acaecido en Veracruz entre el 2011
y el 2012, siendo uno de los más connotados el de la
periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista
“Proceso”, cuya labor era justamente denunciar los
hechos de la guerra contra el narcotráfico.
El Veracruz de hoy es un escenario de guerra con zonas
de sitio. En el norte, sobre la carretera que va de Álamo a
Pánuco, ejército y policía tienen un retén con más de
cien efectivos; en la misma capital del estado, Xalapa,
como lo señalamos al principio, se entra fácilmente pero
no se puede salir igual; al sur, en las carreteras que unen
Veracruz con Minatitlán y Coatzacoalcos, de igual
manera, los retenes aglomeran un importante número
de efectivos que revisan a todos por igual.
Pero lo que sucede en carreteras y retenes poco impacta
la vida en las ciudades, donde los cadáveres se siguen
contando por decenas y donde caen atrapados por las
policías presidentes municipales acusados de narcos,
como Martín Padua Zúñiga de Chinameca y Mauricio
Herrera Fernández de Las Minas o por el contrario, de
Ediles o familiares de servidores públicos de elección
popular que han sido objeto de secuestro y extorsión:
como la presidenta de Tlacojalpan, Marisol Mora Cuevas o
la hija del diputado priísta Víctor García Trujeque, donde
los autores de dicho secuestro son: ¡Policías municipales!