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Medio ambiente y soberanía alimentaria
− El anuncio elimina los objetivos de ahorro energético. Dice, sobre la eficiencia energética, que es fundamental
el cumplimiento de los objetivos de la UE, pero no los establece, y añade que tendrán en cuenta las enmiendas
de los Estados para la mejora de la Directiva antes de final de año.Se abandona lo establecido en el año 2007,
el conocido objetivo del “20-20-20” (una reducción del 20% de las emisiones respecto a 1990, un aumento del
porcentaje de energías renovables hasta el 20% en el conjunto del consumo energético, y una mejora de la eficiencia energética del 20%). Hay elecciones al Parlamento Europeo en Mayo y no sabemos la composición que
saldrá. Dejar este tema pendiente es una grave irresponsabilidad que no resolverán los Ministros de Energía ni los
Jefes de estado.
En España, esta desaparición de objetivos de eficiencia energética tiene su importancia porque el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea ha condenado a España por no haber hecho la transposición completa de la Directiva 2002/91/CE
de eficiencia energética de edificios después de 11 años. La Comisión que demandó a España por incumplir los plazos
fijados para incorporar las medidas de eficiencia energética para edificios obligatorias desde 2006. La sentencia deja
claro que ha habido una nula voluntad de los distintos Gobiernos (PSOE y PP) para adoptar las disposiciones legales de
ahorro energético en el sector de la edificación.
La normativa que el Gobierno ha aprobado en este último año no solo vuelve a incumplir las directivas europeas de
energía sino que al impedir el ahorro energético no permite que los consumidores finales puedan reducir sus costes
energéticos mediante proyectos integrales de eficiencia energética o de rehabilitación de edificios y tampoco las cumple en la obligatoria adecuación de los edificios públicos a esta normativa. Tampoco es desdeñable la repercusión que
el incumplimiento tiene sobre el empleo.El IDAE en su Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020
prevé que el cumplimiento de España de sus objetivos europeos podrían crear 500.000 nuevos empleos hasta el 2020.
− Reducen las expectativas en materia de generación renovables, puesto que han fijado alcanzar un 27% de energía de origen renovable, considerado todos los Estados miembros de la UE, desligando dicha meta de objetivos
nacionales. Esto supone renunciar a objetivos obligatorios, lo que puede llevar a que cada Gobierno no instale
más potencia renovable dejando que sean otros países con menor desarrollo de estas tecnologías los que hagan
dicha inversión en el período 2020-2030. En España es más grave habida cuenta de la especial inquina contra las
renovables y lo que dice la nueva Ley del Sector Eléctrico es muy elocuente. “Excepcionalmente el Gobierno podrá
establecer un régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovable,
cogeneración de alta eficiencia y residuos cuando exista una obligación de cumplimiento de objetivos energéticos
derivados de Directivas Europeas (…)” Por lo que si no hay objetivo nacionales en las Directivas Europeas no existirá la excepcionalidad para dar ese impulso a la Renovables.
− Las energías fósiles seguirán jugando un papel dominante. La Comisión renuncia a establecer un marco regulatorio vinculante para el fracking, anteponiendo los intereses de las empresas gasísticas a la protección de la salud
y el medio ambiente. Con su renuncia a regular el fracking, la Comisión abre las puertas a una técnica extractiva
que implica graves riesgos y se enfrenta a la oposición social. Permite que se inviertan en estas técnicas recursos
que deberían destinarse a medidas de ahorro, eficiencia y renovables.
− La UE insiste en el desarrollo de la liberalización de los mercados energéticos, pese a que el libre mercado ha
demostrado su incapacidad para lograr un desarrollo sostenible.
En definitiva. Europa necesita un cambio radical de política energética por dos motivos fundamentales:
1. Para enfrentar el cambio climático que ya está produciendo desastrosos efectos en la región, especialmente en
los países del sur.
2. Para convertir en servicio público lo que ahora es un negocio especulativo.

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