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A MODO DE CONCLUSIÓN:
− Frente a la liberalización del derecho a la vivienda del PP y la troika con políticas como las que contempla la Ley
de flexibilización del mercado del alquiler, más acción pública que garantice el interés general, políticas proactivas que fomenten la movilización de viviendas vacías, incentivos a particulares para que pongan sus viviendas en
alquiler, garantizar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
− Frente a la privatización de la gestión de las viviendas vacías con las SOCIMIS, puesta en marcha de una agencia
pública del alquiler, intervención democrática en el mercado inmobiliario para garantizar el derecho de acceso a
una vivienda digna y adecuada.
− Frente a la privatización del parque público de viviendas y la lapidación de viviendas sociales, puesta en valor
del parque público de viviendas como un servicio público de primer orden que debe dignificarse, contar con más
inversión pública y ampliarse.
− Frente a los desahucios, reestructurar la deuda familiar hipotecaria, mediante la quita, o las necesarias modificaciones de la ley de enjuiciamiento civil para establecer una “segunda oportunidad” a quienes pueden perderlo
todo, incluso su vivienda, medidas como el de la expropiación del uso de la vivienda.
7. JUSTICIA
Defendemos un modelo de justicia como servicio público garantizado a nivel de la Unión Europea, y para ello
proponemos:
− Mejorar el acceso directo de los ciudadanos al TJUE, abriendo canales de defensa de los intereses de las personas
que ahora solo se pueden ejercitar de forma indirecta a través de solicitud al juez para que eleve el asunto al TJUE.
− Garantía de acceso gratuito a todas las personas que viven en la UE, incluyendo todas las instancias judiciales. En
ningún caso podrá generarse indefensión por falta de asesoramiento y asistencia legal gratuita a las personas que
carezcan de los recursos suficientes.
− Derogar las reformas legislativas regresivas de la UE que recortan derechos fundamentales y libertades de los
ciudadanos bajo la retórica de la seguridad y la lucha contra el terrorismo.
− Derogar las “listas de terroristas” de la UE toda vez que no han sido elaboradas atendiendo a criterios judiciales
sino por mera decisión política que no ha respetado el derecho al debido proceso y a la defensa, clasificando
como terroristas a organizaciones y movimientos de liberación nacional en claro menoscabo de las políticas exteriores de la UE e invalidando a esta para intervenir en tareas de mediación internacional para la resolución de
conflictos internos. El mismo Nelson Mandela estuvo incluido en la lista de terroristas hasta el año 2000.
− Rechazo de los principios mercantilistas del derecho comunitario y de la doctrina del Tribunal Europeo de Justicia
consistente en la aplicación del “principio de país de origen”. La consecuencia del mismo es la aplicación de la
legislación del país del empresario y no del trabajador buscando evadir la aplicación de convenios colectivos y
demás legislación laboral más favorable para el trabajador.
− Protección del principio de justicia universal a nivel europeo.
− Reforzar la legitimidad de sindicatos y movimientos sociales para la defensa de los derechos e intereses a que
representan en el ámbito de la Unión Europea.
− Control y elección de los miembros del Tribunal de Justicia por el Parlamento Europeo.
PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 43
