Ambos fenómenos son una palanca de destrucción del Estado del Bienestar. Con un Estado absorbiendo los costes de la
crisis y un encorsetamiento de las finanzas públicas la única forma que les queda a los gobiernos es recortar y recortar.
Hasta el punto que la propia ley orgánica reconoce que “se establece la prioridad absoluta de pago de los intereses y el
capital de la deuda pública frente a cualquier otro tipo de gasto, tal y como establece la constitución“.

4. EL PROBLEMA DE LA DEUDA. DEUDA ILEGÍTIMA
En el 2000 la deuda pública española fue del 59,4% del PIB, a comienzos de 2014 es el 95% y en los Presupuestos 2014
se estima que llegará al 98,9%. En 2014 el Gobierno necesitará 243.800 millones para refinanciar la deuda y pagaremos 36.590 millones en intereses. Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis financiera y
económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte corresponde a las necesidades de financiación de la activación
de los estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates bancarios. Pero sí cabe reconocer que
en comparación con las grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha sido enormemente
injusto. Al menos en dos formas:
1. Mientras el BCE pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente
ilimitada, los Estados tienen que recurrir a los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión
económica –con sus implicaciones en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación,
derivada de las fallas de la construcción europea, lleva a la creación de espacios de arbitraje que los bancos han
aprovechado. Las entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de interés mucho más elevados.
2. Gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha sido para salvar el sistema financiero. El Estado se endeuda
no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real, sino para prestar el dinero en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no coinciden con los de los ciudadanos. Informes independientes dicen que el total de este endeudamiento “ilegítimo” asciende a 95.671 millones sólo entre 2008 y 2010.
Gran parte de las emisiones de deuda pública se han suscrito a través de estos mecanismos, produciéndose un ilegítimo
rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa razón IU considera que es posible calificar gran parte de los
contratos de deuda pública con el concepto de “deuda odiosa” tal y como aparece recogido en la doctrina internacional.
Los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran que es posible realizar estas medidas y que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico. En un contexto de recesión es previsible que la capacidad de ingreso
del Estado siga mermándose hasta el hacer insostenible el crecimiento de la deuda pública. Hay datos que apuntan a
esta dificultad creciente. Entre 2011 y 2010 el déficit primario descendió un 9’09% (hasta el 7% según Eurostat) como
consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3’09% (hasta el 9’4% según
Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento revela el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de
la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse a
políticas de reactivación económica. Se confirma así la creciente limitación de la democracia, asumiendo la Troika y los
oligopolios el papel de decisores de los asuntos públicos.
La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento
público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse
con más austeridad, como ilustra el caso griego, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero
que supone la deuda pública. La deuda ilegítima no se paga. Y la deuda contraída para ayudar al sector financiero debe
cobrarse a este sector estableciendo planes concretos y medibles de cobro.
Hoy la suma de la deuda pública y privada supera en España los 4 billones de euros, más de cuatro veces el PIB. La situación de otros países europeos es similar. Las obligaciones que genera el pago de la deuda hacen disminuir la demanda interna y descender los precios. Esto explica que los intentos del BCE por aumentar la masa monetaria danto créditos
a bajo interés a la banca no estén dando resultado en la economía real. Son necesarias otras medidas de saneamiento

PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 9