satisfagan a todos los sectores involucrados, lo que no se alcanza mediante
la aplicación del tipo penal. Desde la esfera criminal, piénsese que tanto la
legislación penal de fondo como la procesal penal son, en definitiva,
instrumentos de una realidad normativa llamada política criminal. Y su
propio carácter instrumental es el que impide modificar la realidad de
fondo a través de una norma. Y la propia política criminal, como una rama
de la política en general nos obliga a tener en cuenta la totalidad de las
soluciones que desde diferentes ámbitos se han barajado a la hora de
intentar paliar tan dramática situación.
Por ello, la propuesta sería acudir preferentemente a otros institutos que,
con la misma eficacia y menor carácter lesivo que la solución penal, se
erigen como posibles soluciones alternativas a la cuestión, y, por tanto, no
aplicar el tipo en cuestión que agrava, aún más la situación de los
ciudadanos que, encontrándose sin vivienda, sin que se le solucione su
problema por una política municipal inadecuada que mantiene viviendas
vacías sin solucionar la problemática de este derecho fundamental de los
ciudadanos, se enfrenta a la opresión que supone la posible imposición de
una multa, unos antecedentes penales y una posible entrada en prisión, con
hijos menores de edad a los cuales tienen que atender bajo la amenaza de la
retirada de la patria potestad a la iniciación de un expediente de
acogimiento procurado por actuaciones incomprensibles de los servicios
sociales desde cualquier punto de vista.