contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos
favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente.
Asimismo, resulta pertinente a estos efectos llevar a cabo un
examen de la situación jurídica en la que se encuentra dicho
consumidor en función de los medios de que dispone con
arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de
cláusulas abusivas;
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para determinar si se causa el desequilibrio «pese a las
exigencias de la buena fe», debe comprobarse si el
profesional, tratando de manera leal y equitativa con el
consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría
la cláusula en cuestión en el marco de una negociación
individual.

El artículo 3, apartado 3, de la Directiva debe interpretarse en el
sentido de que el anexo al que remite esa disposición sólo contiene
una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser
declaradas abusivas.

Por ello resulta que establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos
de oposición previsto en el ordenamiento procesal español, no sería
sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone
formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el
ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela
efectiva de sus derechos.
Que, con ello resulta que la LEC no respeta el derecho comunitario si
mantiene un sistema de oposición por cláusulas abusivas que sólo se
puede activar una vez efectuado el lanzamiento al deudor, y si los
intereses moratorios que se pudieran aplicar al deudor fueran
desproporcionados.
Por ello resulta que no supone una protección efectiva contra las
cláusulas abusivas del contrato que el consumidor que pretende instar
la nulidad de las cláusulas deba soportar sin posibilidad de defensa la
ejecución hipotecaria, la subasta de la vivienda y el desalojo de la
misma, y que solo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la
 

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