acción de daños y perjuicios. La Directiva europea exige que el
consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el
carácter abusivo de las cláusulas del préstamo que permita detener la
ejecución forzosa. Considera que la efectividad de los derechos
reconocidos por la Directiva exige que el órgano judicial que conoce
del procedimiento declarativo deba disponer de la posibilidad de
suspender de forma provisional el procedimiento ejecutivo, con objeto
de detener la ejecución forzosa, hasta que se haya comprobado el
carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida
que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una
situación como la pérdida de la vivienda que posteriormente sea de
muy difícil o imposible reparación.
Por ello desde el momento en que la Ley actual, de forma
flagrantemente contraria al derecho comunitario, ha impedido poder
plantear oposición en este procedimiento se ha impedido hacer uso del
derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los
recursos y de aplicación del principio de legalidad.
Asi las cosas, a la luz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, dado el perjuicio irreparable que puede causarse
al ejecutado, el procedimiento debe quedar suspendido y, en su caso, de
admitir de oficio la nulidad de las presentes actuaciones, retrotraerlas a
la admisión de la demanda, apreciar si existen o no clausulas abusivas y
darme la posibilidad de poder plantear oposición.
En este punto, es preciso recordar que el Tribunal Constitucional en su
Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de
diciembre de 2004, reafirmó la primacía del Derecho comunitario sobre
Derecho interno entre el que se encuentra el texto constitucional
estableciendo que "Reiteramos el reconocimiento de esa primacía de
las normas del Ordenamiento comunitario, originario y derivado,
sobre el interno, y su efecto directo para los ciudadanos.
QUINTO.- VULNERACIÓN DEL DERECHO DE TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA
A resultas de lo planteado, de no admitirse la petición de suspension y,
en su caso, anulación del procedimiento para examen de las cláusulas
 

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