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DOCUMENTO DE ANÁLISIS
7 de enero 2013

Lógica Maliciosa
La controversia sucintada por el Acuerdo Gubernativo 370-2012 se ha tergiversado de tal manera
que genera una innecesaria confusión que debe aclararse para evitar las interpretaciones confusas
y maliciosas.
En primer lugar, está claro que conforme la reserva expresada por el Estado de Guatemala, en el
artículo 2 del Acuerdo de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre violaciones a los Derechos Humanos, conforme a la Convención Americana de
Derechos Humanos y demás Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos suscritos y
ratificados por el Estado de Guatemala, se hace efectivo a partir de la fecha del depósito de dicho
instrumento ante el Secretario de la Organización de los Estados Americanos que se dio el 9 de
marzo de 1987.
Ni los peticionarios, en sus casos individuales, ni la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, al presentar dichas peticiones ante la Corte, han pretendido que dicha competencia sea
retroactiva a casos sucedidos con anterioridad a esa fecha, ni las mismas sentencias de la Corte
Interamericana han pretendido este extremo. El tema que está en discusión es el de cuáles
violaciones a Derechos Humanos se han dado con posterioridad a dicha fecha, o cuáles, habiendo
sido violaciones anteriores, tienen un carácter continuado que se prolonga en el tiempo y que
permiten que sean procesadas ante la Corte Interamericana en los actuales momentos.
Este es el caso de las desapariciones forzadas e involuntarias, que tienen el carácter de una
violación de Derechos Humanos continuada en el tiempo mientras no se esclarezca el paradero de
la persona desaparecida, encontrando a dicha persona con vida u obteniendo evidencias
irrefutables de su ejecución extrajudicial. En otros casos, las sentencias de la corte son referidas a
la Denegación de Justicia en casos que sucedieron con anterioridad pero que hasta la fecha
continúan sin la investigación penal pertinente siguiendo el procedimiento establecido, y del
procesamiento y sanción de los responsables. En este tema, que es conocido como Impunidad,
cabe recordar que del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1985, el Estado de Guatemala se
encontró bajo el yugo de gobiernos militares de facto, los cuales no contaban con un Marco
Constitucional real, ni con un sistema de justicia efectivo que tuviera la voluntad y la capacidad de
realizar dichas investigaciones y procesos penales, y que en general, desde 1970 hasta 1985,
Guatemala tuvo gobiernos militares represivos que no permitieron el desarrollo de un sistema de
justicia independiente y efectivo, y que las violaciones de Derechos Humanos continuaron sin ser
investigadas en forma efectiva hasta la firma de la paz en diciembre de 1996, y posteriormente, se
ha mantenido la debilidad en el Sistema de Justicia, lo cual llevó al Estado de Guatemala a pedir el
apoyo técnico de Naciones Unidas, a través de la CICIG, establecida en el 2007.

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