Sistema Interamericano, lo que es también absolutamente falso. En primer lugar son obligaciones
de Estado que se derivan de las acciones del Estado mismo que gastó recursos en políticas de
Tierra Arrasada que violaron masivamente los Derechos Humanos y que de igual forma hoy, debe
utilizar recursos propios para reparar, en lo posible, el daño causado. En segundo lugar el pueblo
de Guatemala debe comparar el monto que se ha utilizado en el cumplimiento de reparaciones
ordenadas en la sentencia de la corte o las soluciones amistosas del Sistema Interamericano, con
lo que absurdamente se ha usado para “pagar” los supuestos servicios de las PAC que constituye
una cantidad muchísimo mayor, sin que ellos fueran víctimas. Si el Gobierno tiene preocupación
por los recursos del Estado que entonces le expliquen al pueblo de Guatemala por qué “regalaron”
las frecuencias de telecomunicaciones del Estado al monopolio de la Televisión y a las empresas
de Telefonía Celular.
Algunas consideraciones finales:


Es muy relevante mencionar que la política establecida por los dos gobiernos anteriores a
través de COPREDEH, en cuanto al tratamiento de las violaciones de Derechos Humanos
en el Sistema Interamericano, así como en el Sistema de Naciones Unidas, fue el de que el
Estado reconoce plenamente la VERDAD de los hechos y acepta su responsabilidad como
Estado por las acciones que realizaron agentes del mismo y por las políticas represivas
implementadas. De igual manera se honró de las víctimas, se escuchó con respeto el
testimonio de familiares y testigos y se cumplieron las sentencias de la Corte
Interamericana a cabalidad, quedando únicamente pendiente el tema de hacer justicia
sobre estos casos.
De igual forma se cumplió con los informes de Comisión
Interamericana y se buscó la negociación de “soluciones amistosas” en todos los casos
que fuera posible con el fin de evitarle a las víctimas el prolongado tiempo de trámite de su
caso ante la Corte Interamericana.
Sería una violación al Principio de Progresividad en Derechos Humanos y un escándalo
político el que hoy el actual gobierno pretenda dar marcha atrás y rechazar esta política,
que además es la forma ética y correcta en que los estadistas responsables deben tratar
temas de violaciones de Derechos Humanos del pasado en cualquier parte del mundo.





El planteamiento de un Programa Nacional de Resarcimiento, que debería ser llamado
Programa Nacional de Reparación, es importante, como uno de los factores de
reconciliación que permita a las víctimas y sus familiares, ejercer el Derecho a la Verdad y
recibir las reparaciones morales, legales, psicológicas o económicas pertinentes pero que
nunca puede ser entendido como un substituto a la legítima demanda de Justicia.
Es importante reafirmar que la manifestación racista de las formas de violencia,
convertidas en una política sistemática que eliminó a comunidades indígenas en forma
total, incluyendo niños, niñas, mujeres y ancianos, utilizando la violencia sexual como
instrumento sistemático de tortura que ofende a una Nación, claramente constituye el delito
de Genocidio. Querer negar la realidad sólo demuestra la ignorancia y la mala fe de
quienes se oponen a este reconocimiento, esencial para la memoria histórica de nuestro

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