Prólogo
En la era digital, la “economía de los datos” se está convirtiendo
en el nuevo “oro negro” que aceita el motor del crecimiento
económico. Los datos, masivos y abiertos, son esenciales para
mejorar la confianza de los ciudadanos en sus estados y hacerles
partícipes de la acción pública, facilitando el acceso a la
información y mejorando la calidad de los servicios públicos. De
hecho, la creciente apertura de datos públicos está construyendo
una nueva concepción del Estado, más receptivo y centrado en el
ciudadano.
En este contexto, los gobiernos deben asegurar la confiabilidad
de los datos y propiciar espacios de colaboración donde se
habilite la generación de valor público, garantizando la
confidencialidad de datos personales. Es importante notar que
para que los datos abiertos puedan generar valor se necesita
avanzar en la estandarización de la calidad, en la accesibilidad y la
publicación en formatos fáciles de usar.
Sin embargo, la apertura de datos gubernamentales se enfrenta a
múltiples desafíos políticos, legales, y técnicos entre los que se
encuentran cuestiones tales como la confiabilidad de los datos
publicados, la protección de la privacidad de los individuos, la
falta de vínculo entre oferta y demanda de datos, y la insuficiente
medición del impacto de las iniciativas de datos abiertos.
A pesar de estos retos, América Latina y el Caribe es una región
altamente comprometida con la agenda de datos abiertos.
Además de haber sido una región pionera en la implementación
de iniciativas innovadoras, varios países de la región cuentan ya
con una apropiada regulación de acceso a la información pública,
han implementado portales de datos abiertos y están
construyendo legislación en protección de datos personales.