estado aprobó legislación para cambiar esa
situación. En diciembre, el Tribunal de
Apelación de Victoria resolvió que la
detención de menores de edad en una cárcel
para adultos era ilegal y ordenó que se los
trasladara a un correccional de menores. El
gobierno de Victoria, en lugar de trasladarlos,
cambió oficialmente parte del nombre de la
cárcel por el de centro de menores.
Se filtraron imágenes de vídeo de abusos y
otros malos tratos infligidos a menores de
edad detenidos en el Territorio del Norte, y
hubo noticias de abusos similares en
Queensland.1 Los hechos dieron lugar al
anuncio de la creación de una Comisión Real
encargada de investigar la detención de
jóvenes en el Territorio del Norte, así como de
una revisión independiente en Queensland.
Los adultos indígenas tenían 15 veces más
probabilidades de ser encarcelados que los
no indígenas. Durante el año murieron bajo
custodia al menos cinco personas indígenas
en distintos estados y territorios.

En noviembre, el gobierno australiano
anunció que algunas de las personas
refugiadas que estaban detenidas en Nauru y
en la isla de Manus de Papúa Nueva Guinea
serían reasentadas en Estados Unidos.
A lo largo del año se enviaron
directamente de vuelta a Sri Lanka al menos
tres embarcaciones en las que viajaban
solicitantes de asilo. En junio se envió una
embarcación de vuelta a Vietnam antes de
que se hubieran evaluado adecuadamente
las solicitudes de asilo del pasaje. Asimismo,
se envió de vuelta a Indonesia un número no
especificado de embarcaciones.
Australia mantuvo su política de detención
obligatoria indefinida de las personas
solicitantes de asilo. El 30 de noviembre
había 1.414 personas recluidas en centros
de detención en territorio australiano.
En diciembre, más de un año después de
que Australia anunciara su intención de
reasentar a otros 12.000 refugiados sirios e
iraquíes, casi 8.400 habían llegado al país.

PERSONAS REFUGIADAS Y
SOLICITANTES DE ASILO

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,
BISEXUALES, TRANSGÉNERO E
INTERSEXUALES

En abril, el Tribunal Supremo de Papúa
Nueva Guinea resolvió que la detención de
alrededor de 900 hombres recluidos en los
centros gestionados por Australia en la isla
papú de Manus era ilegal, y ordenó su cierre
inmediato. Al concluir el año, ni el gobierno
de Australia ni el de Papúa Nueva Guinea
habían hecho pública la fecha de cierre de
los centros (véase el apartado sobre Papúa
Nueva Guinea).
El 30 de noviembre, había 383 personas
—44 niños y niñas, 49 mujeres y 290
hombres— en un centro de tramitación de
ultramar de Nauru, donde continuaron
sufriendo falta de atención, malos tratos y
otros abusos de acuerdo con una política
deliberada para disuadir a las personas
solicitantes de asilo de intentar llegar a
Australia por mar (véase el apartado sobre
Nauru).2
Las aproximadamente 320 personas
trasladadas a Australia para recibir
tratamiento médico seguían en peligro de ser
devueltas a Nauru o a la isla de Manus.

90

Pese al apoyo abrumador por parte de la
ciudadanía, seguía sin haber una ley sobre
igualdad de acceso al matrimonio. De
acuerdo con la legislación vigente, sólo se
permitía el matrimonio entre un hombre y
una mujer.

SEGURIDAD Y MEDIDAS
ANTITERRORISTAS
Se presentaron y aprobaron nuevas
propuestas legislativas en materia de lucha
contra el terrorismo. Entre las propuestas
aprobadas figuraba una orden de
mantenimiento en detención que permitía
prolongar la reclusión una vez cumplida la
condena. Los cambios legislativos
permitieron que se aplicaran órdenes de
control a menores ya desde los 14 años de
edad (anteriormente la edad mínima eran los
16 años). Entraron en vigor leyes de
ciudadanía que podían dejar a algunas
personas en situación de apatridia.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional