Seguridad Digital y la Ley de Delitos de
Negación de Hechos sobre la Guerra de
Liberación.

DESAPARICIONES FORZADAS
Continuó siendo alarmante el número de
desapariciones forzadas, a menudo de
simpatizantes del Partido Nacionalista de
Bangladesh y de Jamaat e Islami, ambos
partidos de oposición. Según la organización
de derechos humanos Odhikar, el número de
personas de las que no se había vuelto a
tener noticia tras haber sido detenidas por las
fuerzas de seguridad ascendía al menos a
90. En agosto, hombres vestidos de civil —
algunos de los cuales se identificaron como
agentes de policía— detuvieron a Abdullahil
Amaan Azmi, Mir Ahmed Bin Quasem y
Hummam Qader Chowdhury, hijos de
destacados políticos de oposición. Las
autoridades continuaron negando toda
responsabilidad, y las familias de las víctimas
no fueron informadas sobre su paradero.

ABUSOS COMETIDOS POR GRUPOS
ARMADOS
En 2016, los grupos armados mataron al
menos a 32 personas en atentados
selectivos, entre ellos activistas laicos,
personas LGBTI y minorías religiosas. Los
atentados fueron reivindicados por las
organizaciones Jamaat ul Mujahideen
Bangladesh (JMB) y Ansar al Islam, que se
declaraban leales al Estado Islámico y a Al
Qaeda respectivamente. En abril,
Nazimuddin Samad se convirtió en el sexto
activista laico que moría a golpes de machete
en un homicidio selectivo en menos de dos
años. Asimismo, hombres no identificados
acabaron con la vida de Xulhaz Mannan —
director de Roopbaan, única revista LGBTI
en Bangladesh, y destacado activista en favor
de los derechos LGBTI— y de su amigo
Tanay Mojumdar. Varios activistas de
derechos humanos recibieron amenazas de
grupos similares y afirmaron no haber
recibido suficiente protección de la policía,
mientras que otros se mostraron reticentes a
acudir a ella por temor a ser acusados u
hostigados.

100

En julio, hombres armados de Jamaat ul
Mujahideen Bangladesh irrumpieron en un
restaurante de la capital, Dacca, y mataron al
menos a 22 personas, 18 de ellas
extranjeras. La policía respondió con duras
medidas de represión “antiterroristas”. Al
menos 15.000 personas fueron detenidas, y
los grupos de derechos humanos temían que
en miles de casos se tratara de simpatizantes
de la oposición detenidos por razones
políticas. La policía afirmó que, durante los
meses posteriores al atentado de julio, al
menos 45 presuntos “terroristas” habían
perdido la vida en tiroteos. Asimismo, detuvo
y recluyó durante varias semanas en régimen
de incomunicación a dos de los rehenes
sobrevivientes del atentado, que finalmente
comparecieron ante un tribunal el 4 de
agosto. Uno de ellos, Hasnat Karim,
continuaba recluido sin cargos al concluir el
año.

PENA DE MUERTE
Decenas de personas fueron condenadas a
muerte, y varias ejecutadas.
En octubre ejecutaron a un presunto
extremista, condenado por el homicidio de
un juez en 2005. Posteriormente, el gobierno
afirmó que pensaba agilizar los juicios de
personas a las que se hubiera aplicado la Ley
Antiterrorista por delitos punibles con la
muerte, y que había al menos 64 personas
en espera de ejecución condenadas a
muerte en virtud de esa ley desde el año
1992.
El Tribunal de Crímenes Internacionales,
establecido en Bangladesh para investigar los
hechos de la guerra de independencia de
1971, condenó a muerte, como mínimo, a
seis personas. Las actuaciones de este
tribunal se caracterizaron por graves
irregularidades y violaciones de los derechos
de justicia procesal, como la restricción
arbitraria del número de testigos que se
permitían a la defensa. Dos hombres
condenados por crímenes de guerra y
crímenes de lesa humanidad por el Tribunal
de Crímenes Internacionales fueron
ejecutados: Motiur Rahman Nizami, en
mayo, y Mir Quasem Ali, en septiembre.

Informe 2016/17 Amnistía Internacional