Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales | 9

ALGUNAS RECOMENDACIONES
Dada que una de las afectaciones del cambio climático
más relevada es sobre los medios de vida, se recomienda la apuesta en políticas públicas para procurar el
desarrollo de sistemas de producción incluyentes de
forma sistemática tomando en cuenta las propuestas
y prácticas de las mujeres rurales, campesinas e indígenas, como actoras directas y activas del desarrollo
y que están implementando con sus propios esfuerzos
alternativas frente a los impactos más sentidos del
cambio climático.
Frente a los efectos del cambio climático, es fundamental la protección y acceso a los diversos recursos
y el reconocimiento como bienes de derecho universal; especialmente las mujeres rurales demandan a los
Estados de la región, el reconocimiento del derecho al
agua, políticas incluyentes para la seguridad y soberanía alimentaria, así como el acceso a la propiedad de
tierras productivas para las mujeres rurales, campesinas e indígenas.
De acuerdo al análisis de la sobrecarga de trabajo de las
mujeres rurales, es necesario que los Estados reconozcan e incorpore en las políticas públicas el abordaje del
trabajo no remunerado y de cuidados realizado por las
mujeres y que fomente y fortalezca el abordaje de la
corresponsabilidad en el trabajo del cuidado, como un
mecanismo de reducción de la vulnerabilidad.
Las organizaciones han relevado los esfuerzos que se
realizan en trabajar el enfoque de masculinidades no
hegemónicas con los hombres de las familias de las
productoras, como un factor que contribuye a que
los hombres asuman las responsabilidades del trabajo
en el hogar y de cuidados, y que las mujeres puedan
dedicar más tiempo para su descanso, producción, formación u organización.
Es necesario trascender de la comprensión inicial de
la economía feminista, hacia un entendimiento práctico de la idea de cómo se coloca “la vida al centro” de
la economía. Es importante y recomendable analizar
qué prácticas se están desarrollando desde las organizaciones para hacer visible este aporte a nivel de abordaje y como experiencia práctica concreta.
Los Estados de la Región Centroamericana deben asegurar la transversalizacion del enfoque de género en la
normativa nacional y regional relativa a cambio climático, con la asignación de presupuestos que permita la
implementación real.

A partir de la experiencia desarrollada por las organizaciones de mujeres en la región centroamericana, se
recomienda institucionalizar la implementación proyectos productivos con un componente de sensibilización
y formación en derechos de las mujeres y equidad de
género. La práctica ha demostrado que la identidad,
defensa y compromiso de las productoras frente a la
tierra y los bienes naturales, pasa por la reflexión sobre
sus derechos.
El enfoque agroecológico es viable desde la perspectiva de las mujeres, combinando las iniciativas de producción de granos básicos. Se recomienda dar formación
técnica y asesoría permanente sobre cómo producir
y cómo aprovechar las potencialidades alimenticias
de los productos. Las condiciones de producción que
resultarían claves son la propiedad de la tierra y la inversión en infraestructura productiva, sobre todo en
asegurar el agua.
Es clave realizar procesos de información y análisis con
mujeres sobre cambio climático, sus consecuencias y
lo que se discute en escenarios globales, para que se
pueda tener un mejor conocimiento personal y reconocimiento social del trabajo productivo que las mujeres
están realizando para hacer frente a estos impactos.
Se recomienda hacer un análisis sobre el papel de las
defensoras del territorio y los bienes naturales, la situación que está representando cómo las mujeres se están protegiendo, vinculando su accionar hacia los derechos de las mujeres.
Finalmente se recomienda hacia los Estados la investigación que visibilice y profundice sobre los impactos
del cambio climático en las mujeres productoras, rurales, campesinas e indígenas. Es importante establecer
las brechas y realizar una apuesta de corto, mediano
y largo plazo en la normativa, políticas, programas,
planes y proyectos.