en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como mediante
la relación con otras instancias como Ciudad Mujer60 e instituciones de crédito y de apoyo
a la pequeña y microempresa.61

Barreras legales e institucionales
En ausencia de un Código Agrario con perspectiva de género (una demanda de los movimientos feministas de los últimos quince años) el acceso a la tierra para las mujeres en
El Salvador se rige bajo el Derecho Civil y Mercantil, el cual privilegia los derechos de las
personas propietarias de tierras frente a los derechos de las personas que carecen de
ellas (IMU 1999). Esto implica que las disposiciones legales relativas al acceso a la tierra se
encuentren dispersas en instrumentos como la Constitución Política, el Código Civil, y el
Código de Familia.
Según la Constitución, todas las personas son iguales ante la ley y se prohíbe la discriminación basada en el género. Reconoce la función social asociada al derecho de tenencia de la
tierra (Artículo 103) y limita la propiedad privada a un máximo de 245 hectáreas excepto
en el caso de cooperativas y comunidades campesinas (Artículo 105).
Por su parte, el Código de Familia rige sobre los bienes familiares y dispone que en caso de
separación debe aplicarse el régimen patrimonial por el que haya optado la pareja, excepto a
la vivienda en cuyo caso debe contarse con el consentimiento de ambos cónyuges. También
determina las reglas de la herencia, estableciendo para las mujeres viudas los mismos derechos
que para los hijos. Pese al reconocimiento de sus derechos, en la práctica, a menudo las mujeres
renuncian a ellos por diversas razones como el desconocimiento de los mismos, la aceptación
de normas culturales arraigadas o el temor a enfrentarse a los hombres para exigirlos.
La normativa que regula el ámbito agropecuario en El Salvador está desfasada pues no evidencia la condición de igualdad de las mujeres, es muy restrictiva y excluyente y no ha sido
actualizada en más de dos décadas.62 A ello se suman las resistencias institucionales asociadas a una cultura predominantemente patriarcal y machista en los órganos de gestión del
agro, que tradicionalmente ha desvalorizado el aporte de las mujeres rurales.
En cuanto a los programas estatales de adjudicación y titulación de tierras agrícolas, inicialmente el PTT sólo estaba dirigido a los “jefes de hogar”, mayoritariamente hombres,
pero gracias a la campaña de la organización feminista Mujeres por la Dignidad y la Vida (más
conocida como Las Dignas) se incluyó también a las mujeres como beneficiarias. Si bien las
parcelas que recibieron las mujeres fueron de peor calidad y estaban peor ubicadas que las
que recibieron los hombres.
Uno de los obstáculos para que las mujeres puedan optar a los programas de acceso a tierras
de cultivo es el requisito de demostrar que se trata de “campesino, jornalero o agricultor”
sin tierras.63 El documento de identidad de la mayoría de las mujeres indica como ocupación
“ama de casa”.Y aunque los funcionarios que realizan el trámite de solicitud deberían basarse
en otros criterios, muchas mujeres ven sus solicitudes rechazadas por este motivo.
Las instituciones han hecho esfuerzos para incorporar la perspectiva de género en su
accionar, y el actual gobierno ha promovido la creación de unidades de género en todas
las instituciones del Estado. Se trata de un paso adecuado en la dirección correcta. Sin
60 Ciudad Mujer es un programa del Gobierno de El Salvador que atiende las necesidades básicas de las mujeres en áreas como salud sexual y reproductiva, violencia de género, autonomía económica, educación y
atención infantil. Ver www.ciudadmujer.gob.sv
61 Entrevista a Carmen Medina, responsable de la Unidad de Género del ISTA, 12 de agosto de 2015, San Salvador.
62 Entrevista a Maureen Figueroa, coordinadora técnica de país de ONU Mujeres, 13 de agosto de 2015, San
Salvador.
63 Folleto informativo con los requisitos para solicitar bienes inmuebles al ISTA.

Tierra para nosotras

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