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El acceso de las mujeres a la
tierra en Centroamérica

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Reformas Agrarias con exclusión de género
La lucha por la tierra ha sido fuente de conflictos desde tiempos coloniales hasta nuestros
días. Por la tierra han estallado revoluciones y se han derrocado gobiernos. Por defender la
tierra han perdido la vida miles de personas.Y con el objetivo de ampliar el acceso a la tierra
casi todos los gobiernos de América Latina han emprendido colosales esfuerzos transformadores. En los últimos años la presión sobre la tierra, el agua y otros recursos naturales no ha
hecho más que aumentar. Entre 1990 y 2010 las áreas destinadas al cultivo de caña
y palma africana se han duplicado y cuadruplicado respectivamente en la región
(Baumeister 2013), contribuyendo a un fenómeno global de acaparamiento de tierras que
despierta preocupación entre los organismos nacionales, regionales e internacionales.
Desde la década de 1960 -con la excepción de Guatemala, donde el intento de redistribuir
la propiedad de la tierra apenas duró dos años, entre 1952 y 1954- los países centroamericanos han recorrido procesos similares de Reforma Agraria con un marcado carácter contrainsurgente ya que fueron impulsadas con el apoyo de los Estados Unidos con el objetivo
de evitar la sublevación campesina y contrarrestar la influencia de la revolución cubana.2
Pero el poder terrateniente era demasiado influyente y los programas de distribución de
tierras se concentraron en colonizar tierras baldías en la frontera agrícola, reservando las
áreas más productivas y mejor comunicadas para el monocultivo agroindustrial.
Si algo tuvieron en común estos procesos es que, a excepción de Nicaragua, todos ellos
fracasaron en su intento de modificar la estructura de tenencia de la tierra. Y ninguno logró mejorar las condiciones de acceso para las mujeres, quienes fueron sistemáticamente
excluidas tal y como se analiza más adelante en cada caso particular.
Los Estados llevaron a cabo la redistribución de la tierra a través de dos vías principales: (1) la
adjudicación colectiva a cooperativas agrarias y asociaciones campesinas y (2) la adjudicación
individual a familias. En ambos casos se asumió como un hecho que las familias en su conjunto
se verían favorecidas con el acceso a la tierra si ésta se registraba a nombre de quien tradicionalmente se consideraba el “jefe de familia”, es decir, el hombre. Pero descuidaron una
cuestión esencial: no sólo es importante que la familia ejerza su derecho a la tierra;
también importa quién ejerce ese derecho dentro de la familia.
A partir de la década de 1990 y en pleno ajuste estructural se produjo un giro radical en
las políticas agrarias. La intervención estatal se redujo, se puso fin a las expropiaciones y las
intervenciones redistributivas y se fomentó en su lugar el mercado de tierras. Este período
de Contrarreformas fue especialmente activo en Nicaragua, donde se revirtieron las adjudicaciones anteriores de tierras, devolviendo miles de hectáreas a sus antiguos propietarios.
Pero al mismo tiempo que se revertían las políticas redistributivas, por primera vez se comenzaban a incorporar algunas medidas orientadas hacia una mayor igualdad de género en el acceso a
la tierra. Esto coincidió con la creación de instituciones responsables de atender los asuntos de
las mujeres (ver Tabla 1). Si bien significaron pasos en la buena dirección, en primer lugar estos
cambios llegaban demasiado tarde, cuando ya se habían dado por concluidos los procesos de
reforma agraria en la región y cuando apenas quedaban ya tierras por adjudicar.Y en segundo lugar
su aplicación práctica tuvo muchas dificultades, como se analiza más adelante en cada caso.
Por ello no fueron en absoluto suficientes para revertir las profundas desigualdades de género.
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Tierra para nosotras

Para una revisión en profundidad de los procesos de reforma agraria en América Latina y la exclusión de la
mujer ver Deere y León (2004).

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