ABOGACÍA
GENERAL DEL
ESTADO

1)

Sea un acto perfecto o definitivo, pues constituye una manifestación acabada de la

voluntad de la Cámara.

2)

Sea capaz de producir efectos jurídicos.

Pues bien, la resolución impugnada reúne todos los requisitos enunciados:

(i) La resolución constituye un acto perfecto o definitivo pues constituye una decisión
adoptada por el Parlamento de Cataluña, tras debate y votación, de modo que constituye una
manifestación institucional de su voluntad.

(ii) La resolución produce efectos jurídicos. En esta declaración, el Parlamento de Cataluña
se considera poder constituyente en orden a la creación de una República de Cataluña,
ordenando al Gobierno de la Generalidad la adopción de las medidas necesarias, lo que
incluye la elaboración de una Constitución, la creación de estructuras de Estado, la
inaplicación de las normas estatales en Cataluña y la desobediencia a las instituciones del
Estado, en particular al Tribunal Constitucional.

La resolución, encaja perfectamente dentro del objeto de impugnación ante el Tribunal
Constitucional, al amparo del título V de su Ley Orgánica (impugnación de disposiciones
autonómicas). Su contenido es clara y esencialmente inconstitucional y produce efectos frente
a terceros, al poner en marcha un proceso unilateral ordenado a la independencia de Cataluña.

Los efectos jurídicos de la resolución son evidentes. En el apartado segundo el Parlamento
―declara solemnemente el inicio del proceso de creación del estado catalán independiente en
forma de república‖; en el apartado tercero proclama la apertura de un ―proceso constituyente
ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura
constitución catalana‖; en el apartado cuarto ―insta al futuro gobierno a adoptar las medidas
necesarias para hacer efectivas estas declaraciones‖; en el apartado séptimo se afirma que
―adoptará las medidas necesarias para abrir este proceso de desconexión democrática, masiva,
sostenida y pacífica con el Estado Español de manera que permita el empoderamiento de la
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MINISTERIO
DE JUSTICIA