− Equiparación del régimen franquista con los de extrema derecha que se desarrollaron en Europa y que fueron
derrotados tras la II Guerra Mundial.
− Investigación sobre las desapariciones forzadas en los países de la UE que así no lo hayan hecho, como es el caso
de España.
− Regulación para asegurar la aplicación de la normativa internacional, en todos los países miembros, en cuanto a
DDHH de víctimas y familiares. Invalidez de las normativas nacionales que pudieran aplicarse en todos los casos.
− Desarrollo de políticas institucionales en relación con los valores democráticos y contra el avance de la ideología
fascista que vuelven a organizarse y avanzar en Europa.
− Lucha cultural, educativa, política y social contra el revisionismo histórico.
− Elaboración de un Convenio Europeo de Memoria Democrática

3. MIGRACIONES: POR UNA EUROPA SOCIAL Y CON DERECHOS
I. POLÍTICAS DE MIGRACIÓN
Las políticas de la UE reflejan un contraste entre un discurso basado en derechos humanos y la realidad de una Europa
fortaleza que blinda sus fronteras, usa mano de obra barata, recorta derechos e impone un modelo represivo muy poco
acorde a los principios proclamados.
El envejecimiento de la población y caída de la natalidad en la UE hace imprescindible la incorporación de trabajadores
de países terceros para el desarrollo económico. La UE reitera su voluntad de integración de los que contribuyen a cubrir
estas necesidades e incrementar la cooperación al desarrollo de los países de origen como contrapartida. Pero la mayoría de medidas van en dirección contraria, enfocadas al estricto control de sus fronteras y a un duro sistema sancionador
con la expulsión y la privación de libertad de los “irregulares” (Directiva de Retorno o Directiva de la Vergüenza) en lo
que llaman “lucha contra la inmigración ilegal”.
Así, el FRONTEX (Agencia de la UE para el control de fronteras) recibe cada vez más fondos, desarrollando actuaciones que han merecido numerosas críticas y una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por realizar de
expulsiones masivas.
Los derechos de la población migrante (15 millones en la UE) no han avanzado: restricciones a la libertad de movimiento
y a la participación política. Lo peor es el avance de la xenofobia y el racismo, reflejado con el avance electoral de la extrema derecha y en la violencia ejercida en las calles ante una impunidad que no se entendería sin el soterrado racismo
institucional. En España destaca la exclusión del sistema sanitario de aquellas personas en situación irregular
La crisis económica agrava la estigmatización hacia la población migrante, les hace aparecer como responsable de
la falta de servicios públicos y la disminución de puestos de trabajo. En el caso de los extranjeros no comunitarios, la
pérdida de empleo no sólo supone no tener un medio de vida, sino la exclusión de ciudadanía y residencia. Ello revierte
en dos escenarios: inmigrantes con posibilidades retornan a sus países; o los que permanen en nuestro país en una
situación de exclusión y vulnerabilidad. Para los comunitarios, el derecho de residencia está limitado a los que tienen
un contrato de trabajo. Estos obstáculos son contrarios a los derechos consagrados en los Tratados de la UE, que establecen que los ciudadanos de la UE tienen derecho a no sufrir discriminación por motivos de nacionalidad y a circular y
residir libremente en la UE. El Tratado de Maastricht definió la ciudadanía de la UE y concedió un conjunto de derechos
con independencia de que ejercieran o no una actividad económica.

PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS 2014 | 25