D. Manuel José Freire , por el grupo IU, manifiesta que le parece esencial el punto
cuarto del acuerdo, la derogación del Decreto 1/12. Este Decreto representa un suicidio
económico, porque no representa un ahorro, y desaprovecha la oportunidad de que España y
Andalucía aproveche su tecnología. Es una rémora para la economía nacional. El Decreto
beneficia a tres empresas que no actuan en las energías renovables.
El Sr Alcalde, don Francisco Manuel Godoy, aclara que votarán a favor. Siempre se
hace referencia a las actuaciones del Gobierno del Partido Popular. Aquí tiene la oportunidad
Izquierda Unida de establecer las bases, así en Bollullos de la Mitación hubo un proyecto
importante con una inversión de 30 millones de euros que se quedó parado con el POTAUS, por
preservación de los olivos, cuando en la parcela concreta no hay un solo olivo. Son muchos los
proyectos que se quedan en el camino. La Delegación Provincial de Ordenación del Territorio
debería dar vía libre a la ejecución de ese proyecto que supondría un avance en las renovables
y crearía empleo.
A continuación D. Manuel Ortega , por NI, indica que no ha tenido noticias de que haya
habido una negativa, la noticia que le ha llegado es que era una inversión privada y se ligaba a
las subvenciones que recibieran. Cualquier Ley que contradiga las energías renovables nos
perjudica.
Finalmente el Sr. Alcalde expone que el proyecto se quedó parado por el POTAUS. El
interés existe y se tuvo una reunión en la Delegación Provincial con los técnicos y la negativa y
el cierre en banda fue manifiesta. Solicita a la oposición apoyo para solventar estas trabas.
A continuación el Pleno,
Sin lugar a dudas, la energía es un elemento imprescindible para el desarrollo de cualquier país,
un servicio básico para facilitar la vida diaria de las personas, y un factor que incide
directamente en la competitividad de las empresas; por todas estas razones, hablamos de de la
política energética como estrategia esencial en la agenda de los gobiernos.
Así, si coincidimos en concluir que la política energética es un elemento clave de la acción de
gobierno en cualquier momento, lo ha de ser mucho más cuando en una situación de crisis
económica se precisan instrumentos eficaces para propiciar la salida de la misma.
Desde el punto de vista social, las familias han sufrido en un solo año un incremento de la
factura de la luz que no tiene precedentes. En el acumulado de todo el ejercicio, las decisiones
del Gobierno habrán supuesto un incremento de un 20% en el recibo de los hogares.
Atendiendo a las consecuencias económicas los resultados sólo pueden ser calificados como
desastrosos, y aún no es posible identificar todo el daño producido al tejido productivo del país.
Ninguna de las normas aprobadas a lo largo de estos doce meses permite atisbar mayor
compromiso con la sostenibilidad que vaya más allá de la retórica utilizada en la presentación
de las mismas, radicalmente desmentida siempre en el articulado que las sustancia.
Así, desde el Decreto 1/2012 que el Gobierno utilizó para hacer efectivo un apagón para las
energías renovables en nuestro país, y que mereció un serio correctivo por parte de la Comisión
Europea, olímpicamente ignorado por el Consejo de Ministros, hasta la llamada Ley de Medidas
Fiscales para la Sostenibilidad Energética del mes de diciembre, descalificada desde todos los
ámbitos; todo fue justificado por el Ministro Soria con un pretendido benéfico fin, como era la