al total de las administraciones existentes, y no sólo a la Administración Local. Cuando se habla
de la deuda local, es efectivamente un porcentaje ínfimo respecto de la deuda total.
D. Manuel Ortega comenta que en los tiempos que corren la presión general hará retirar
esa Ley, espera. Lo que se propone es lo contrario a la descentralización que se llevó a cabo.
El portavoz del PSOE concluye afirmando que no cree que deba desaperecer ninguna
Administración, sino racionalizar.Si el Sr. Alcalde puede representar el sentir de los municipios
de menos de 20.000 habitantes, felicitarlo.
A continuación el Pleno,
Desde hace un año el Gobierno ha venido anunciando su intención de modificar las bases
jurídicas que regulan el funcionamiento de las Entidades Locales.
Alcaldes y concejales, de todos los partidos políticos, hemos reivindicado, desde hace años, de
forma unánime, la necesidad de actualizar las leyes que regulan las competencias y la
financiación de las entidades locales.
Ahora, cuando la sociedad nos demanda el acuerdo y el consenso en torno a cualquier cambio
de nuestro modelo de Estado, el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de un
Anteproyecto de reforma local que pone en jaque los fundamentos del municipalismo y con él,
la base misma de un modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los
últimos 30 años.
Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar el rigor, la austeridad y la eficiencia en la
administración de los recursos, pero en ningún caso, estos argumentos se pueden utilizar como
coartada para suprimirlos o encarecer servicios públicos .En lugar de asegurar los servicios
mínimos que deben prestar los ayuntamientos se hace que peligren seriamente.
Con esta reforma miles de Alcaldes y concejales, que han sido elegidos por los ciudadanos en
las urnas para gobernar en sus pueblos y ciudades, ya no serán los responsables a la hora de
tomar las decisiones y gestionar los servicios que deberían prestar desde sus Ayuntamientos.
Cuando el Gobierno redacta esta propuesta lo hace desde un profundo desconocimiento del
papel real que desempeña la estructura municipal en la vertebración de Estado. Parece ignorar
que los servicios públicos, no se pueden valorar exclusivamente por criterios económicos sino
también deben evaluarse, con carácter prioritario, por el beneficio social que comportan a sus
usuarios, los ciudadanos.
La garantía de la cohesión social y territorial ha sido la base de nuestro modelo de Estado
constitucional, el gobierno local en los pequeños municipios (el 86,13%, esto es 6.796
ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes) ha resultado una eficaz forma de facilitar el
ejercicio de los derechos de nuestros vecinos, el acceso en condiciones de igualdad a
prestaciones y servicios, no importando el lugar donde vivan, combatiendo con ello la
despoblación y el desarraigo en el medio rural y promoviendo un desarrollo rural sostenible.
Desde el municipalismo hemos venido reclamando una reforma de las Leyes y de la financiación
local que permitiera a las entidades locales ejercer sus responsabilidades con competencias bien