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naturales, al mismo tiempo que previó instrumentos para aprovechar la participación de
los particulares en el desarrollo de sus funciones exclusivas –extracción de los
hidrocarburos del subsuelo para su aprovechamiento– así como la participación directa
de los mismos en las demás actividades de la industria petrolera.
Finalmente, bajo el esquema propuesto se plantea el fortalecimiento de Petróleos
Mexicanos y redefinir su relación con el Estado mexicano, pasando de una visión estrecha
como generador de ingresos públicos en el corto plazo, a una de perspectiva amplia y de
largo plazo. El nuevo régimen fiscal para Pemex que se propondrá como parte de la
Reforma Hacendaria será consistente con este cambio de enfoque.
Hoy en día, el régimen fiscal de Pemex está sustentado en un esquema de derechos
rígidos, los cuales se determinan sin reconocer plenamente las necesidades de inversión
de la empresa. En otros países, como Brasil, Colombia y Noruega, las empresas
petroleras nacionales pagan contribuciones más moderadas que las que hoy en día paga
Pemex y luego, dependiendo de la rentabilidad de la inversión, se decide de forma más
flexible si el remanente se reinvierte en la propia empresa o se transfiere a la hacienda
pública.
La propuesta que se incluirá en la reforma hacendaria estará alineada con la necesidad
que tiene Pemex de ser más flexible para conseguir mejores resultados. Ello implicará un
cambio de paradigma con dos componentes esenciales: primero, un pago de derechos
más bajo que en la actualidad y, segundo, el remanente de ese pago de derechos podrá
ser reinvertido en la empresa o una parte podrá ser transferida al presupuesto como si
fuera un dividendo que podrá emplearse para gasto en escuelas, hospitales,
infraestructura de agua o carreteras. Este nuevo esquema hará que Pemex tenga un
tratamiento fiscal comparable al de otras empresas petroleras en el resto del mundo. El
régimen propuesto, a diferencia del actual, alineará los incentivos entre Pemex y el
Gobierno Federal, al mismo tiempo que le permitirá a la empresa ser más competitiva.

II. 4. Beneficios esperados
La inversión y los recursos fiscales que se obtengan de concretarse las reformas
propuestas, permitirán a México consolidar un modelo de hidrocarburos sostenible en el
largo plazo, pensando en el bienestar de futuras generaciones. Así, con la reforma se
plantean los siguientes objetivos de la política de hidrocarburos:
1. Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al
100%. Ello significa que el incremento de la producción estaría acompañado del
descubrimiento de igual o mayor volumen de reservas.
2. Incrementar la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios actualmente,
a 3 millones en 2018, así como a 3.5 millones en 2025.
3. En el caso del gas natural, la producción aumentaría de los 5 mil 700 millones de pies
cúbicos diarios que se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018, así como a
10 mil 400 millones en 2025.
Adicionalmente, la reforma propiciará una mayor integración en la cadena de valor a partir
de la extracción de los hidrocarburos, lo que permitirá un abasto suficiente de gasolinas,
gas metano y gas licuado de petróleo, a precios competitivos.