FUNDAMENTACION
1º.- Desde la aprobación de la Constitución, el derecho a una vivienda digna es un
derecho constitucional, pero, por encima de su consideración como derecho
fundamental, resulta necesario plantear, en un orden moral y político, la responsabilidad
de la administración en los casos de desahucios y su actitud en el futuro.
2º.- El grave problema social de endeudamiento familiar, personal y empresarial, que en
muchos casos termina en desahucios, provocando situaciones no ya de extrema
vulnerabilidad sino de exclusión social, afecta negativamente tanto a las personas
físicas, las familias y las pequeñas y medianas empresas, habiendo provocado
numerosos suicidios, como cierres de empresas que viven sin expectativas de soluciones
a los problemas de sobre endeudamiento surgidos de la crisis que se padece, y ello a
pesar de ser la vivienda un derecho reconocido, para todas las personas y,
especialmente, niños y niñas, en la más alta normativa, autonómica, nacional e
internacional y la riqueza del país distribuida a través, también, de las pequeñas y
medianas empresas se han visto reducidas a la nada, tras las exclusiones que se
producen por las ejecuciones derivadas de hipotecas, de embargos procedentes de
deudas de Hacienda, Seguridad Social o de otros agentes públicos y privados, así como
por la nula o escasísima presencia de crédito derivado de las entidades financieras.
3º.- Ello ha provocado que el problema que entronca con la situación actual sea el del
sobre endeudamiento de los ciudadanos/as y las pequeñas y medianas empresas que han
visto perder su estabilidad y presencia en el mercado ante la ausencia de consumo y
dilación en los pagos por parte de las Administraciones Públicas incrementando, en
numerosos casos, el endeudamiento personal y familiar por el re-afianzamiento de las
deudas de las empresas obligado por las entidades financieras que, durante la crisis, no
concedían ampliaciones, prórrogas o carencias de los créditos sin que se dispusieran
gravámenes sobre el patrimonio personal aún cuando la deuda fuera empresarial.
4º.- Los ayuntamientos no pueden permanecer al margen de una tragedia de estas
dimensiones, pues si bien es necesario que todas las Administraciones colaboren para
solucionar este problema, son precisamente los Ayuntamientos, por ser la
Administración más próxima a la ciudadanía, los que deben, y pueden, solucionar o
minorar los problemas derivados de los desahucios de viviendas y locales de las
pequeñas y medianas empresas.
5º.- Esta entidad preocupada por los problemas sociales que atraviesan los ciudadanos
en el presente momento de crisis cómo entendemos que el Ayuntamiento puede y debe
participar en la solución de los problemas de desahucios es por lo que realiza esta
propuesta.
6º.- Entendemos que los pasos dados hasta ahora son insuficientes por ello estimamos
que una medida que conduciría a la aplicación del orden ético y de Justicia sería la
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