INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA RACIONALIZACIÓN.pdf


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Consejo de Ministros

− Clarificar las competencias municipales, para evitar duplicidades, bajo el principio de “Una
Administración, una competencia”.
− Racionalizar la estructura de la Administración Local, de acuerdo con los principios de
estabilidad, sostenibilidad y eficiencia, para que se no gaste más de lo que se ingresa.
− Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.
− Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas
desproporcionadas.
Clarificación de competencias locales
La reforma define con precisión, por primera vez, la lista de competencias que deben ser
desarrolladas por la Administración Local, que diferencia de las estatales y autonómicas, para
impedir que vuelvan a asumir competencias que no les atribuye la Ley y para las que no
cuentan con la financiación adecuada.
Se suprimen, por tanto, las llamadas “competencias impropias”, asumidas indebidamente y
que estaban ocasionando un grave perjuicio económico a los Ayuntamientos. Un
Ayuntamiento tiene las competencias que le dice la Ley y sólo puede hacer esas
competencias. Ello permite asegurar un número de servicios mínimos de los municipios, en
función de su población, así como la financiación de los mismos. Únicamente cuando esté
garantizada la prestación de los servicios obligatorios, se podrán prestar otros servicios no
obligatorios.
Las competencias de Educación y Sanidad serán exclusivas de las Comunidades
Autónomas. Se establece un período transitorio de cinco años para el cambio progresivo de
titularidad de las competencias. En el caso de los servicios sociales, el periodo transitorio
será de un año.
Racionalizar la estructura de la Administración Local
Los servicios municipales se someterán a un proceso de evaluación, por parte del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, para conocer su coste real y comparar con el
eficiente.
Si resulta que no se puede mantener el servicio, y se trata de una competencia impropia, se
debe suprimir. Si se trata de un servicio mínimo, la prestación de los servicios de los
Ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes pasaría a las Diputaciones provinciales,
para permitir ahorros mediante generación de economías de escala. En el caso de los
municipios con población superior a los veinte mil habitantes, voluntariamente pueden decidir
integrar el ejercicio de la competencia en la administración superior o, si se trata de una

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