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Promoveremos una mayor independencia en las valoraciones de las tasaciones inmobiliarias, limitando la participación accionarial o el control de las
entidades de crédito en las sociedades de tasación.
Incrementaremos la protección y la información suministrada al cliente hipotecario, estableciendo la obligación de la entidad financiera de informar
sobre el importe de la cuota del préstamo hipotecario a tipo variable en
escenarios de alza de los tipos de interés y sobre el coste y condiciones de
aquellas hipotecas que limiten sus garantías al bien hipotecado. Reforzaremos la protección del consumidor para garantizar el equilibrio entre las
partes, con el fin de evitar cláusulas abusivas. En el caso de ejecuciones hipotecarias aceleraremos la introducción de subastas judiciales electrónicas
que permitan ampliar el número potencial de licitadores y, en ausencia de
éstos, elevaremos el porcentaje del valor de tasación por el cual la entidad
financiera pueda adjudicarse el inmueble.
Reformaremos la ley concursal para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la
ejecución del patrimonio embargable.
Promoveremos que los planes de vivienda en alquiler se concentren en
aquellos que tienen mayores dificultades para el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta criterios objetivos como la renta per cápita del hogar.
Impulsaremos los programas de arrendamiento bonificado con una opción
de compra una vez que se dejen de cumplir los criterios de acceso al alquiler
subvencionado.
Protocolizaremos los procesos de transformación del suelo mediante procedimientos públicos, transparentes y disponibles en internet, que respondan
a criterios reglados y conforme a un planeamiento urbanístico abierto, flexible y ágil.
Delimitaremos las competencias del Estado en materia de urbanismo que
exijan un tratamiento común en el conjunto del territorio. Promoveremos
sistemas de cooperación, asistencia y asesoramiento a los municipios pequeños por parte de comunidades autónomas, diputaciones y cabildos, con
respecto al planeamiento y a la disciplina.
Impulsaremos acuerdos de colaboración público-privada para la movilización del stock de viviendas vacías a precios asequibles, que den respuesta a
las necesidades de acceso a la vivienda.

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