Sindical + Mujeres

periódico del PCR - al pueblo la Verdad - noviembre 2021

5

EMPRESAS PÚBLICAS BAJO ATAQUE
A continuación vemos parte de la política de
este gobierno de la derecha y la ultraderecha
con componentes fascistas, ha sido el ataque y
desmantelamiento de los servicios públicos, a
favor de los capitales privados, que en
definitiva se termina en detrimento en la
calidad de los servicios para la población y en
pérdida de soberanía de recursos del Estado.
DESMANTELAMIENTO EN ANCAP
Entrevistamos al dirigente de FANCAP,
Zabala, para que nos comente sobre la
situación de desmantelamiento y
privatización que esta sufre el ente de parte
del directorio y de las políticas del gobierno.
Nos relata que la situación se desencadenó
luego de la resolución del directorio que en
primer lugar resuelve y posibilitaba la
asociación y participación en la producción de
cementos con privados.
La otra parte de la resolución involucra la
venta y la explotación los yacimientos de
piedra caliza que hoy está en manos del
Estado “pasarla a privados por un precio
irrisorio”, y que tienen un valor potencial de
10 mil millones de dólares con el posible valor
agregado que tiene el producto, por este
medio se le dejaría la renta y la ganancia a los
privados y no a la ANCAP, por el cemento y el
portland. Esto significaría una pérdida de
competitividad de ANCAP, frente a los
privados
Estas medidas afectan a más 600
trabajadores que están nucleados en las
plantas de Minas-Manga (Montevideo) y
Paysandú, allí se encuentran trabajadores del
SUNCA y FANCAP.
Un dato a marcar que en Paysandú 1 de cada

3 familias está vinculada o tiene que ver con la
producción de la planta.
Nos señala “Esto es parte de una campaña
de desprestigio, que busca el
desmantelamiento y la desacreditación a la
empresa, ANCAP es la empresa más grande
por plantilla.
Que los problemas han venido fruto de
administraciones y sucesivos gobiernos que
no han invertido en las plantas, ej. la vida útil
de Paysandú es 45 años y la de Minas 60 años,
“es real hay una necesidad de invertir y
actualiza la tecnología, sin embargo la calidad
del cemento es óptima y por encima de las
privadas, es la que se utiliza en la gran obra, es
reconocida la gran calidad en la región”
Como consecuencia es que se han realizado
varias movilizaciones al Ministerio de
Industria y al directorio de ANCAP, asambleas
y ocupaciones., en defensa de la industria
nacional y los puestos de trabajo.
También hay una merma en la compra del
Estado de cementos ej. para el caso de hacer
Rutas, en el entendido que el Estado es un
gran consumidor de cemento.
Por último manifiestan que el gobierno no
tiene proyectos, ni proyección de negocios
que defiendan una ANCAP pública y soberana,
cuando se sabe que la producción es rentable
y por eso le interesa a muchos privados.
RECORTES EN ANTEL
Por ANTEL también vemos esta política de
recortes de y desmantelamiento, un ejemplo
es el estado de situación de los centros de
operaciones.
Actualmente se encuentra en una grave

situación, cumpliendo ya 8 años sin ingreso de
personal, los centros de operaciones han
tenido una retracción significativa de su
dimensionado registrando más de 28 bajas en
los últimos años. Al momento los centros de
operaciones cuentan con 187 trabajadores;
de estos 113 trabajan en el Montevideo, 35 en
Canelones, 22 en Maldonado, 12 en Paysandú
y 5 en Durazno. El total de personal efectivo es
de 171 trabajadores, 37 son tercerizados y
próximos a la jubilación son 45. La reducción
de personal y el teletrabajo en el marco de
pandemia han repercutido de distintas
formas:
1 Sobrecarga laboral e imposibilidad de
cumplir en tiempo y forma con las tareas de
Asignaciones, GSM y Comprobación en
Maldonado.
2 Redistribución y unificación del trabajo
entre los centros de operaciones dificultando
y entorpeciendo los tiempos y la calidad de
atención de llamadas. Modificación que se dio
sin negociación colectiva por razón de la
pandemia pero que la gerencia piensa
mantener, violando el acuerdo bipartito entre
ANTEL-SUTEL. Casos de enfermedad sobre los
trabajadores en las áreas sobrecargadas ya
mencionadas
D e n u n c i a n q u e e n re l a c i ó n a l a
compensación de los compañeros provistos
de los centros de operaciones se realizó un
estudio en 2019 señalando la diferencia
salarial entre funcionarios y tercerizados ante
idénticas tareas generando el expediente
2019/04345. Reclamamos el pago de una
compensación para los compañeros teniendo
en cuenta que son de los pocos que no cobran
ningún tipo de partida extra en la cadena de

producción a diferencia de los trabajadores
provistos de planta externa y comercial.
Por otra parte, los centros de operaciones
son de los pocos sectores que no cuentan con
feriados teniendo que pagar con un franco
posterior si no trabajamos en dicho día;
reclamamos tener un franco más en los meses
que debamos trabajar feriados.
Por parte de ANTEL, presenta una
propuesta de cambio organizacional que
incluye: traer la comprobación de Maldonado
a Montevideo, traer la activación de
canelones a Montevideo, Compartir las
asignaciones de Canelones con Montevideo y
Maldonado con Paysandú, mantener la
atención de llamadas en pool en los sectores
de Centro de Control y Comprobación, y la
redistribución de personal del sector Centro
de Control a Asignaciones, tras la realización
de múltiples asambleas en todos los centros
de operaciones y acceder a dicha propuesta
salvo por el punto de activación del CODIC el
24/9 se nos presenta por escrito una
propuesta totalmente diferente,
centralizando la comprobación de todo el país
en Montevideo y agregando a la activación y
asignaciones de Montevideo no solo a
Canelones sino otros departamentos.
Los trabajadores de ANTEL concluyen, que
dicha propuesta no puede realizarse sin
ingreso de personal mas allá de la
redistribución de personal a la que accedimos;
sin embargo no hay avances hasta la fecha en
ninguno de los tres puntos planteados de la
plataforma.
Michael

LA MUERTE DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
El pasado miércoles 10 de noviembre se
realizó un paro general parcial pautado por
UTMIDES y SUTIGA. La convocatoria refería al
“velorio de las políticas sociales” e invitaba a
una concentración al mediodía enfrente al
MIDES en 18 de Julio y Barrios Amorín.
La realidad del MIDES en esta gestión ha
sido siempre de recorte y nula escucha a los y
las trabajadoras que son las que llevan
adelante las políticas sociales cada vez más
precarizadas.
Por detrás de los discursos vacíos y el
marketing con el que opera este gobierno se
encuentra una masa de trabajadoras/es que
intentan sostener con dignidad lo poco que va
quedando de los proyectos sociales. Porque
nada más que nosotras y nosotros,
trabajadoras y trabajadores, para dar cuenta

de lo que verdaderamente sucede a nivel del
alcance en territorio de la labor del MIDES.
La punta del iceberg en este caso es el cierre
definitivo del SOCAT (Servicio de Orientación
Consulta y Articulación Territorial), último
programa en el territorio que operaba desde
el 2005. Pero podemos hablar de otros ceses
de programas como Jóvenes en Red, Uruguay
Trabaja, el Servicio de abordaje familiar y
Equipos Territoriales de Atención Familiar
(ETAF), el programa de Primera experiencia
laboral para jóvenes, el Programa de
acompañamiento al egreso comunitario, el
programa Impulsa del Instituto Nacional de la
Juventud (INJU), la Canasta de servicios, se
cerraron todos los ingresos a los dispositivos
de cuidados (por ejemplo asistentes
personales, centros de día, becas de inclusión
socioeducativa); además de no existir más

ingresos a la Asistencia a la vejez.
Si tomamos en cuenta la pérdida laboral de
sólo algunos de estos programas podemos
decir que en el SOCAT hay 150 trabajadoras
menos, en Uruguay Trabaja 450 personas, y en
jóvenes en red alrededor de 20, ya que el resto
fue reasignado en otros roles.
Este desmantelamiento viene agregado de
mayores tercerizaciones lo que complejiza
aún más los vínculos laborales con el
ministerio, ya que se poseen contratos
chatarra que generan enormes
incertidumbres enmarcadas en la falta de
garantías para la continuidad de los contratos.
En la pasada asamblea del día 12 de
noviembre, SUTIGA se declara en preconflicto a la espera de que en la próxima y
última reunión de la negociación colectiva en

la 9na ronda de consejos de salarios, se
destrabe y tome en cuenta las necesidades
salariales de las y los trabajadores.
En este proceso las patronales nos han
presentado pautas salariales que son nefastas
y que ni siquiera ofrecen una real
recuperación del salario, el cual ya alcanzó el
4.2 % a la fecha.
Así la realidad de las políticas sociales, se
han retirado recursos y no se han brindado
respuestas, provocando consecuencias que
lastiman gravemente las condiciones de vida
de miles de personas que aguardan por la
mano del estado para cubrir las necesidades
básicas. A su vez, las y los trabajadores
estamos expuestos a salarios de hambre y al
intento de sostener con malabares políticas
sociales precarizadas.

LAS MUJERES SALIMOS A LA CALLE
POR NUESTROS DERECHOS
El miércoles 10 de noviembre feministas
autoconvocadas nos concentramos en la
Plaza Independencia bajo la consigna “La IVE
SE DEFIENDE”. La Plaza se vistió de naranja,
color que identifica la lucha por el aborto
legal en nuestro país y a la campaña en
defensa de la Ley 18.987 Interrupción
Voluntaria del Embarazo del año 2012.
Esta campaña es una reacción de la
preocupación del movimiento de mujeres y
feminista por las declaraciones de diferentes
jerarcas de Gobierno como fue la del
Presidente de ASSE Leonardo Cipriani al decir
que revisaría el proceso que llevan a cabo los
equipos interdisciplinarios que atienden a las
mujeres que quieren interrumpir su
embarazo para que estos no sean
“automatizados”. Cabe destacar que la ley

exige además de un embarazo no mayor a las
12 semanas, una instancia de entrevistas con
el fin de que la mujer sea desalentada en su
decisión y no realice el aborto. Este requisito
es invasivo y muchas veces abusivo en un
momento de mayor vulnerabilidad para la
mujer que decide abortar.
A los dichos de Cipriani se suma que hace
poco una mujer denunció a la Referente de
Salud Sexual y Reproductiva de la Red de
Atención Primaria Metropolitana Gabriela
Fischer por intentar obstruir que finalice el
proceso de aborto diciéndole que el
embarazo estaría pasado de las semanas que
establece la ley. Ambos médicos engrosan la
lista de profesionales antiabortos y que usan
la objeción de conciencia (prevista como
excepción por la ley IVE) para obstaculizar

procesos.
Si bien no existe una propuesta expresa del
gobierno para derogar la Ley, miembros de la
coalición que gobierna, e incluso el
presidente Lacalle Pou, se han proclamado
como opositores al aborto. El gobierno,
como administrador del Estado, es también
re s p o n s a b l e p o r n o ga ra n t i za r e l
cumplimiento de la ley. En relación con todo
esto, dentro de la coalición Iafigliola (PN)
intentó promover un plan para “desestimular
abortos” y la extrema derecha (CA) está
planteando una serie de incentivos
económicos para fomentar la natalidad que,
de aplicarse, vulneraría el derecho a decidir
de las mujeres más pobres.
Las mujeres y feministas autoconvocadas

exigimos la renuncia de Cipriani y Fisher,
quienes desconocen el derecho que
tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros
cuerpos y nuestra vida. Exigimos que se
respete la ley vigente, que si bien es un
avance para nuestro país y para América
Latina, sigue estando lejos del proyecto por
el que luchó el movimiento de mujeres: una
ley integral que asegure la educación sexual,
la anticoncepción y sobre todo el acceso
seguro y gratuito a la interrupción voluntaria
del embarazo con acompañamiento
psicológico y médico antes, durante y
después del proceso y la quita del aborto
como delito en el Código Penal.
Frente de Mujeres