V Congreso
de Mujeres Rurales

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4º. Que como parte de las actividades preparatorias del V Congreso Nacional de Mujeres Rurales, las
organizaciones que integran la Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales,
elaboraron un diagnóstico de la situación que fue validado durante los meses de Agosto y
Septiembre de 2015, mediante un proceso de consultas territoriales, realizando 5 zonales y un
pre-congreso nacional, en los cuales se identificaron, las siguientes problemáticas: 1) acceso
a tierra con vocación agrícola y medios de vida para producir; 2) Acceso a servicios de salud
comunitarios de calidad y especializada en: salud mental, terapéutica, integrales que faciliten
espacios de bienestar infantil; 3) reconocimiento al trabajo doméstico no remunerado en las
cuentas nacionales y la corresponsabilidad del mismo dentro de la familia y la comunidad; 4)
Acceso a seguridad social al trabajo agropecuario; 5) machismo y diversas formas de violencia
de género y 6) inseguridad alimentaria producto de la sequía y extrema vulnerabilidad ambiental,
en las comunidades con mayor pobreza. Por lo tanto:

I. MANIFESTAMOS:
1º. El reconocimiento al esfuerzo de las organizaciones de mujeres rurales, campesinas e indígenas
que aglutina la Alianza por los Derechos de las Mujeres Rurales, en más de 50,000 mujeres a
nivel nacional, que desde el nivel comunitario se esfuerzan por fortalecer sus organización e
incidencia, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y a sus aportes por la construcción
de propuestas en políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida.
2º. Nuestro reconocimiento a los avances logrados en materia legal y jurídica a partir de la puesta
en marcha de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley
de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación Contra las Mujeres; la continuidad
de los programas y políticas públicas de acceso a las mujeres a la salud sexual y salud
reproductiva, de seguridad alimentaria y nutricional, continuidad al Programa de Tierras del
Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, ampliación del programa Ciudad Mujer,
la implementación de educación integral de la sexualidad en el Sistema Nacional de Educación
Pública en todos sus niveles, entre otras, que han sido ratificadas en el “Plan Nacional El
Salvador Productivo, Educado y Seguro, 2014-2019”. Esta nueva institucionalidad promoverá la
asignación de recursos en los programas sociales, para que los derechos de las mujeres rurales
avancen en el ámbito municipal y comunitario.
3º. Que pese a estos avances, es necesario subrayar que no será posible un avance en los derechos
de las mujeres rurales, si el modelo de desarrollo no adopta un enfoque de derechos humanos,
incluyendo mecanismos que permitan realizar esfuerzos de contraloría y rendición de cuentas.
De esta forma, las políticas públicas seguirán sin abordar las causas estructurales de la
desigualdad, la pobreza y la malnutrición, reforzadas por el modelo hegemónico económico,
agroexportador y de consumo. Estas medidas continuaran poniendo en su centro no a las
comunidades y las personas, y en especial a las mujeres, sino al mercado y las transnacionales
que, con los objetivos finales de crecimiento económico, el lucro y la ganancia desmedida,
perjudican a los sistemas alimentarios locales, desplazan a las mujeres campesinas, refuerzan
la división sexual del trabajo, interfieren en el acceso a los recursos naturales y causan la
destrucción ambiental.
Por ello, desde la Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales demandamos a las
diferentes instancias del Estado salvadoreño: