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2

Septiembre 2013

Actualidad

S ur y O este

Comarca

Primer aniversario del gran incendio de la Sierra Oeste

E

L 27 de agosto se ha cumplido un año del incendio
de la Sierra Oeste, que
arrasó el verano pasado un total
1.546 hectáreas de monte en los
municipios de Robledo de
Chavela, Valdemaqueda y Santa

María de la Alameda, el peor
incendio que se recuerda en la
Comunidad en los últimos 20
años. El intenso fuego obligó a
desalojar a 2.000 personas de
cinco urbanizaciones, entre las
que se encontraban los residentes
de dos geriátricos de la zona. En
las labores de extinción trabajaron una gran cantidad de bomberos y medios aéreos y terrestres

de la propia Comunidad, del
Ministerio de Medio Ambiente y
de la Unidad Militar de
Emergencias. También se desplazaron dispositivos sanitarios,
aunque no hubo que lamentar
ningún fallecido. Los daños

materiales fueron mínimos, ya
que no se quemó ninguna vivienda.
Tras lo ocurrido, el Gobierno
regional aprobó un Plan de
Reforestación para la zona quemada, que cuenta con 1,5 millones de euros de presupuesto inicial, financiados por el Estado y
la Comunidad. La primera fase
del plan, que comenzó el pasado

otoño, consistió en limpiar la
zona de material quemado y
construir diques naturales y evitar que la escorrentía natural
arrastrara los residuos hacia el
valle y los ríos y contaminase el
agua. Será a partir de este otoño
cuando se acometerá la segunda
fase del proyecto, que consistirá
en el plantado de especies autóctonas propias de la zona, empleando técnicas mecánicas de bajo
impacto, de manera que se estima que en total serán 500 las
hectáreas de suelo tanto público
como privado, las que se recuperarían artificialmente con estos
trabajos.También se prevé que se
construyan charcas para anfibios
y reptiles y refugios para las
aves. En todos los trabajos colaborarán los tres ayuntamientos
afectados así como los propietarios particulares de las fincas que
ardieron.
Desde el primer momento se
determinó que el incendio fue
provocado, puesto que comenzó
en seis focos al mismo tiempo.
Además, agentes forestales localizaron en alguno de esos focos
artefactos de ignición. No obstante, los perros del Servicio
Cinológico de la Guardia Civil
acudieron a ese punto y tomaron
muestras, que determinaron que
no había acelerantes como gasolina o alcohol. Tras visionar las

imágenes de una cámara que
barre la carretera M-537, los
agentes descartaron esta hipótesis. Incluso se comprobó que la
matrícula aportada por algún
vecino no correspondía a ningún
vehículo.

sin embargo, tras la detención de
un guardia civil como presunto
autor de los incendios de este
año, la línea de investigación ha
vuelto a variar.
En Robledo, los vecinos de
varias urbanizaciones afirman

Condecorados en el Pleno de Honores y Distinciones de Robledo

Este verano, tras la sucesión de
incendios en Navas del Rey,
Chapinería, y otros puntos próximos al incendio de Almorox, el
consejero de Presidencia y
Justicia y portavoz del Gobierno
regional, Salvador Victoria,
encargó al cuerpo de agentes
forestales un informe para comprobar si esos fuegos guardaban
relación con el del año pasado,

que las acciones del Plan de
Reforestación no se han cumplido, más allá de las fotos de la
presentación del programa, y que
la situación sigue siendo muy
peligrosa porque no se ha limpiado el monte.
El ayuntamiento de Robledo
premió la labor de los responsables de la extinción, en un pleno
extraordinario en agosto.

Comunidad de Madrid

Adjudicados durante el mes de agosto los seis hospitales privatizados

E

L plan de privatización de la
gestión sanitaria emprendido
en Madrid, con seis de sus hospitales más nuevos, se ha consolidado durante el mes de agosto
pese a los múltiples recursos que
esperan a que pasen las vacaciones en distintos juzgados. La
Comunidad de Madrid ha decidido no esperar a ver qué determina la justicia y firmar las adjudicaciones, que han exigido que las
tres empresas ganadoras del concurso depositaran avales por
valor de 28 millones de euros.
Estas cantidades podrían quedar
en suspenso hasta que finalicen
los procedimientos judiciales.
La Comunidad de Madrid
asegura que ahorrará 168 millones de euros al año. Pagará
durante 10 años una cápita (cantidad por persona y año) de entre
448 y 549 euros. Asegura que es
un 20% inferior a lo que cuestan
ahora.
La marea blanca no solo ha
estado activa en la calle, con
continuas manifestaciones y
actos de protesta desde que, en
octubre pasado, se anunciara la
intención de entregar la gestión
de seis hospitales y un número
indeterminado de centros de
salud -los primeros cuatro se
podrían licitar este otoño- a

empresas. También han llevado a
los tribunales, a través de la oposición, sindicatos sanitarios y
asociaciones de médicos, sus
objeciones al plan madrileño:
desde el Constitucional a los
contencioso-administrativos,
pasando por el Tribunal Europeo.
El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) es el
que con mayor probabilidad
deberá pronunciarse durante el
mes de septiembre. A principios
de mes admitió a trámite un
recurso del ayuntamiento de
Parla, que argumenta que cedió
gratis una parcela municipal,
valorada en 29,5 millones de
euros, para construir en ella un
hospital público y que ahora el
objeto de esa cesión ha cambiado. Exige una compensación
económica o incluso poder
revertir la cesión.
Otros recursos contenciosoadministrativos también están en
la agenda de septiembre del
TSJM. Tiene que decidir sobre el
recurso que presentó el PSOE
después de que se le denegara la
legitimación para llevar el asunto
a los tribunales, en relación a la
revisión a la baja de las fianzas
que han depositado las empresas
adjudicatarias. Y también debe
pronunciarse sobre la petición de

El ayuntamiento de Parla pider revertir la cesión del hospital

la asociación de médicos Afem
de suspensión cautelar del proceso de privatización. Las dos
organizaciones denunciaron que
Sanidad redujo, mediante una

corrección de errores publicada
en el boletín oficial, a una décima parte la garantía que deben
aportar las empresas para hacerse con las concesiones. El TSJM

archivó el recurso del PSOE sin
estudiar el fondo del asunto.
También en septiembre están
llamados a declarar los imputados y los testigos de la querella
que Afem presentó en junio por
delitos de malversación y prevaricación presuntamente cometidos por la cúpula sanitaria
madrileña (dos ex-consejeros y
dos actuales altos cargos) durante la primera fase de la privatización que empezó en 2003. El
magistrado ha pedido exhaustiva
información mercantil y económica que, según la consejería de
Sanidad, se le enviará en breve.
Otro de los focos de atención
de la privatización sanitaria es el
futuro de los trabajadores de
estos centros, más de 5.000 sanitarios, de los que el 70% son
eventuales o interinos. El otro
30%, tendrá que elegir entre quedarse con la nueva dirección,
cobrando directamente de la
administración madrileña, pedir
el traslado a otro centro público
dependeiente de la consejería de
Sanidad, u optar por una excedencia. Las tres empresas concesionarias están obligadas a
ofertar a los profesionales actuales los mismos puestos de trabajo, pero en las condiciones laborales que que ellos marquen.