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Agosto 2013

Actualidad

S ur y O este

Comunidad de Madrid

El Gobierno de Madrid escenifica un puñetazo en la mesa
El objetivo de déficit que tendrá que cumplir la Comunidad de Madrid para 2013 será el 1,07 por ciento, lo que coincide con el déficit con el
que la región cerró el año pasado. Mientras tanto, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía podrán superar el 1,3 por
ciento. El ministerio de Hacienda dejó caer a Madrid que la solución pasa porque suban impuestos. De hecho, fuentes del ministerio de
Hacienda propusieron a la región que, si este reparto les produce necesidades financieras, simplemente con la aplicación del impuesto de
Patrimonio recaudarían 300 millones. El consejero de Hacienda madrileño, Enrique Ossorio, fue el único representante del PP que votó en
contra de las decisiones del ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 31 de julio.
L temor del Gobierno de
Madrid de que el Estado
fijara un déficit ‘a la
carta’, se materializó el pasado
31 de julio. Antes de votar en
contra, el consejero madrileño
puso sobre la mesa que un reparto no unitario sería más exigente
precisamente con las autonomías
cumplidoras como Madrid, y
más relajado con las que no lo
hacen. Madrid cerró 2012 con un
déficit del 1,07%, cuatro décimas por debajo del objetivo fijado en el 1,5%, y Montoro no le
ha premiado ni con una décima
más de margen para este ejercicio.
A la salida de la reunión,
Ossorio reveló que este acuerdo
“convierte la Ley de Estabilidad
Presupuestaria en papel mojado”. El consejero señaló que han
defendido “el interés de Madrid
y el de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria”, porque, a su juicio, “si el objetivo de déficit se
fija premiando a las que incumplen, ¿para qué sirve la ley?”.
Madrid tampoco ha recuperado

E

los mil millones de euros que
Hacienda le quitó el año pasado
por lo que ellos consideran un
sistema de financiación autonómico “injusto” y “absurdo”. Por
el mismo motivo, este año ingresarán 260 millones de euros
menos. Un motivo que el consejero consideró “más que de
peso” para votar en contra de
este reparto. En su turno de réplica, el ministerio de Hacienda
dejó caer a Madrid que la solución pasa porque suban impuestos. De hecho, fuentes del ministerio de Hacienda propusieron a
la región que, si este reparto les
produce necesidades financieras,
simplemente con la aplicación
del impuesto de Patrimonio
recaudarían 300 millones.
Madrid es la única región que en
2013 se opuso a imponer este tributo a los madrileños.
El consejero Ossorio fue el
primero en abandonar la reunión
después de enfrentarse directamente al Ejecutivo central, y no
dudó en pintar un panorama muy
oscuro para el futuro próximo:

“Siento que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy lo haya tenido
que hacer, pero con este reparto
ya no podemos garantizar a los
madrileños nada”. La Comunidad está inmersa en la privatización de la gestión de una decena de hospitales; ha subido las
tasas universitarias una media
del 20% para el próximo curso,
un 65% en dos años; y ha extendido por la región recortes generalizados en el último ejercicio
por valor de 2.800 millones de
euros, de los que mil siguieron
reclamando ayer por el sistema
de financiación autonómico.
Unas horas antes de la reunión, el presidente madrileño,
Ignacio González apuntaló el
criterio de que “Madrid siempre
ha cumplido con el objetivo de
déficit y, de incumplir, sería
malo para nosotros y malo para
España”, anticipando así el sentido del voto de su consejero.
Esta ha sido la segunda vez
que se han enfrentado los dos
ejecutivos, después de que el
Gobierno madrileño, en contra

El presidente regional, Ignacio González, junto al consejero Ossorio

del criterio de Rajoy, intentó
imponer el euro por receta, a lo
que tuvo que renunciar por la
decisión
del
Tribunal
Constitucional a instancias del
Gobierno central.
El ministro Montoro se refirió a que al año pasado Madrid,
si se mostró de acuerdo con los

objetivos de déficit, y zanjó el
asunto intentado evitar enfrentamientos, “la responsabilidad y la
tarea que se consigna al
Gobierno es la de coordinación,
y las comunidades se tienen que
dedicar cada una a su propia función, no vigilar lo que hace la
vecina.

La reforma local traslada competencias a autonomías y diputaciones

El Gobierno regional ya ha pedido que la financiación sea suficiente

L Consejo de Ministros
aprobó el pasado 26 de julio
el anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, un
“reordenamiento de funciones”
según el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, que restringe
al mínimo las competencias de
los municipios; les prohíbe realizar servicios que, en algunos
casos, llevaban años ofreciendo a
los ciudadanos; y carga contra
las cuentas de las comunidades
autónomas la financiación de
todas aquellas funciones que

E

hasta ahora prestaban indebidamente los ayuntamientos. Los
gastos adicionales que la
Comunidad de Madrid tendría
que asumir para mantener esos
servicios con el nuevo reparto de
competencias superan los 1.100
millones de euros adicionales,
según fuentes regionales. Una
cantidad superior incluso a los
1.000 millones que el Ejecutivo
madrileño reclama del sistema
de financiación, cuya modificación exige desde 2012.
Tras un recorte sin precedentes de 2.800 millones en este

ejercicio, el Gobierno regional,
que dirige Ignacio González , ya
ha advertido que la reforma local
tiene que llevar aparejada la
financiación necesaria. “De lo
contrario no vamos a poder prestar esos servicios”, ha avisado.
Todo ello confirmaría la denuncia del Partido Socialista e
Izquierda Unida, que consideran
que esta ley recortará de forma
brutal los servicios sociales.
La ley busca evitar que autonomías y municipios ofrezcan
idénticos servicios, duplicando
la oferta y, sobre todo, el gasto
público; pero además vincula
expresamente las dificultades
económicas que atraviesan miles
de ayuntamientos a unas competencias “sobredimensionadas”
que van más allá de lo que la normativa dicta y de lo que sus
recursos les permiten, sobrepasando incluso las denominadas
competencias impropias.
Para atajar esa situación, la
ley restringirá las funciones
municipales al urbanismo (planeamiento, promoción de vivienda pública, rehabilitación y protección del patrimonio); medio
ambiente (parques, basura, agua,
contaminación); tráfico y transporte colectivo; calles; policía
local, bomberos y protección
civil; conservación de escuelas
infantiles; promoción de deporte,

cultura y turismo; y evaluación e
información de situaciones de
necesidad social y atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión. El
Gobierno regional tendrá un año
para hacerse con estos servicios
sociales, tanto para prestarlos
como para delegarlos en los
ayuntamientos. En el segundo
caso, deberá dotarlos de financiación adecuada y suficiente. En
caso de no pagar, el Gobierno
podría detraer ese dinero de la
financiación autonómica para
dárselo directamente a los municipios.
La ley incentiva la fusión de
municipios como una solución a
sus problemas financieros, hasta
el punto de que obliga a plantear
este escenario dentro del plan de
ajuste que debería enviar un
ayuntamiento en apuros al
Ministerio de Hacienda, junto
con otras propuestas como el
incremento de ingresos y el
recorte de gastos. También se
fijan los sueldos máximos de los
alcaldes y concejales con dedicación exclusiva, en función del
número de habitantes.
Por su parte, La asociación
estatal de directores y gerentes
en servicios sociales han alertado
de que el proyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local pon-

drá en riesgo 70.000 empleos en
un año, además de un posible
recorte de 1.800 millones de
euros en el sector. En un comunicado, esta asociación ha resaltado que con la reforma varios
servicios sociales se considerarán “impropios” de las entidades
locales y, por lo tanto, conllevará
“graves consecuencias” que
afectarán a más de 2,5 millones
de usuarios.
Según los cálculos de esta
asociación, los servicios que
dejarían de ser propios de ayuntamientos, comarcas y diputaciones serán los de apoyo a a la
familia , los de ayuda a domicilio
y las actividades de prevención e
inserción.
A estos datos, añade otros
servicios no incluidos en la concertación que también podrían
verse perjudicados, como las
residencias de personas mayores
de titularidad local, y las viviendas tuteladas.
En cuanto a los empleos,
recuerda que la principal amenaza se cierne sobre las auxiliares
de hogar del servicio de ayuda a
domicilio, que ascienden a más
de 32.000 trabajadores. Las previsiones también incluyen el
empleo en centros residenciales
de titularidad local o los servicios de promoción e inserción
social, entre otros.