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Llevaremos a cabo un plan de austeridad que comprometerá al conjunto de
las administraciones, eliminará gastos superfluos y duplicidades, e introducirá incentivos a la eficiencia. Racionalizaremos y, eventualmente, suprimiremos aquellos organismos, entes públicos y entidades instrumentales cuyas funciones pueda asumir la administración sin perjuicio de la labor que
desarrollen. Fomentaremos una política integral de gestión del patrimonio
inmobiliario y los alquileres de todas las administraciones.
Reforzaremos las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que
incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria.
Incrementaremos la transparencia y la información sobre la situación económico-financiera de todas las administraciones públicas, homogeneizando
para todas ellas los plazos, periodicidad, formatos y criterios de presentación de la información.
Promoveremos la clarificación de competencias entre las distintas administraciones públicas e impulsaremos los acuerdos entre los titulares de la competencia y quienes ya las ejercen para evitar solapamientos, duplicidades e
ineficiencias en la prestación de servicios.
Garantizaremos la calidad y sostenibilidad de los servicios del bienestar,
incentivando el uso de modelos eficientes de colaboración público-privada
con responsabilidad y control públicos. Fomentaremos una mayor libertad
y responsabilidad individual en los servicios públicos.
Modificaremos la ley de subvenciones y reordenaremos el régimen de ayudas y subvenciones, restringiendo el uso de subvenciones nominativas, e
incrementando los controles y la transparencia en la concesión, ejecución y
evaluación del impacto de las mismas. Definiremos criterios y procedimientos homogéneos para su concesión y su justificación.

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