España necesita muchos más emprendedores. Necesitamos que los autónomos y las microempresas puedan crecer, e incluso que algunos puedan llegar a ser competidores a escala global. Sólo así lograremos el aumento del
tamaño medio empresarial clave para mejorar la productividad en nuestro
país.
Para estimular este proceso genuinamente creador de empleo, promoveremos la formación, la innovación empresarial, la internacionalización, la
liberalización de la economía y la estabilidad y flexibilización del mercado
de trabajo. Impulsaremos un sector financiero competitivo, eficiente y bien
capitalizado que facilite la financiación en condiciones internacionalmente
competitivas. Reduciremos la carga regulatoria y burocrática de las empresas, mejorando la calidad normativa.
El incremento de la competitividad de las empresas españolas pasa también
por aprovechar íntegramente las potencialidades tanto de un mercado nacional amplio y competitivo, y los efectos positivos de una sana competencia
institucional, como de su pertenencia a la Unión Europea y a la moneda única. Para ello potenciaremos la unidad del mercado nacional bajo los principios de mínima intervención, legislación de origen y licencia única. Nuestras
acciones irán destinadas a asegurar el éxito de España en el euro.

MEDIDAS

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Presentaremos un plan completo y coherente de reformas estructurales
para la estabilidad presupuestaria, el saneamiento del sector financiero, la
liberalización de la economía, la reforma laboral y el impulso de la competitividad. Proporcionaremos un marco de claridad y certidumbre con objetivos, medios y acciones que permita el éxito de España en el euro.
Llevaremos a cabo en el primer año de legislatura una revisión generalizada
del gasto para el conjunto de la administración, de forma que se puedan
establecer prioridades dentro de la política general de austeridad y evitar
solapamientos.
Fijaremos un marco legal e institucional específico para garantizar la unidad
del mercado que establezca sus principios rectores, ámbitos de aplicación y
los mecanismos interterritoriales de solución de conflictos para asegurar la
libertad económica, fomentar la competencia y garantizar la igualdad en el
acceso a los bienes y servicios en toda España.

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