Introducción
Los gobiernos tienen una oportunidad sin precedentes de
generar valor público a través de la apertura y uso de datos. La
Carta Internacional de Datos Abiertos los define como aquellos
datos digitales que son puestos a disposición con las
características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser
usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier
persona, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Tradicionalmente, la atención en los datos abiertos se ha centrado
en los beneficios que éstos generan en términos de transparencia
y rendición de cuentas. La publicación de datos de
contrataciones, obras públicas, presupuestos, entre otros, ayuda
a transparentar la gestión y a resaltar malos manejos o prácticas
de corrupción que de otra manera serían más difíciles de
identificar.
Sin embargo, es importante mencionar que los datos abiertos
también tienen el potencial de mejorar la eficiencia de los
gobiernos de la región, facilitando el diseño, monitoreo y
evaluación de políticas públicas. Además, pueden convertirse en
un habilitador del desarrollo económico creando oportunidades
para emprendedores que usan los datos para crear servicios o
productos. Finalmente, los datos abiertos juegan un rol
fundamental en el empoderamiento de comunidades gracias a
que, a través de su uso, las organizaciones de la sociedad civil y
otros actores (academia, periodistas, empresas, emprendedores)
pueden visibilizar problemas públicos y comunicar demandas
ciudadanas, generar redes de cooperación público-privada para
co-crear y co-producir servicios públicos, y conectar actores del
ecosistema digital para fortalecer la innovación en la
administración pública. En este sentido, los datos abiertos sirven
como elemento de creación de confianza entre gobierno y
ciudadano.

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