El día miércoles veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinte
(2020), el representante regional de Red justicia Libertad del estado
Cojedes, informó que luego de la audiencia de presentación en los tribunales,
a la doctora Ligia Salcedo se le otorgó libertad plena, tras ser detenida este
lunes por funcionarios de PoliCojedes en Tinaquillo por exigir gasolina.
Aseguraron que la médico fue golpeada por al menos tres funcionarios de
PoliCojedes, por lo que tuvo que recibir asistencia médica y le colocaron un
yeso en la pierna por presentar una fisura en la rodilla derecha. Destacó que
la doctora andaba en compañía de su hija de nueve años que recibió un
golpe al momento de la detención. Por lo que, el representante de Red
Justicia Libertad, afirmó que la profesional de la salud fue víctima de tratos
crueles, inhumanos y degradantes durante su detención. Igualmente, exigió
una investigación para que los responsables de este hecho violatorio de los
derechos humanos sean penados.
Se documentaron casos en los que los agentes involucrados sembraron
pruebas falsas en los hogares de las víctimas para incriminarlas. Para
agravar la situación, los agentes del Estado se aprovechaban de los
operativos de seguridad para tomar arbitrariamente los artículos personales
de las víctimas, tales como computadoras, teléfonos y otros. Un alto
porcentaje de las detenciones arbitrarias fueron acompañadas de
desapariciones forzadas, en donde la víctima no tenía acceso a ningún tipo
de contacto con sus abogados o familiares. De este modo, los agentes de
seguridad del Estado violan el debido proceso al impedirle a las víctimas
comunicarse con sus abogados, privándolos de ejercer su derecho a la
defensa. Esta práctica se ha vuelto cada vez más común en el contexto
venezolano, llegando a ser utilizada por el Estado Fallido como una
herramienta de represión política y un mecanismo de intimidación de la
sociedad civil venezolana.
Es importante mencionar que en el contexto de la medida de cuarentena
en las mencionadas detenciones arbitrarias no se garantiza acceso ni
prosecución a procesos penales o civiles debido a la parálisis casi completa
de las instituciones de justicia, contemplando pocas excepciones que no
permiten continuar los procesos, a pesar de que el poder judicial se
pronunció a través de Resoluciones, que a través de prórrogas a lo largo del
año 2020, establecían continuidad de la actividad jurisdiccional.
Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos