Estas acciones en contra de la comunicadora social se produjeron por una
nota de prensa donde ciudadanos de la comunidad Chorreron, denunciaban
una problemática con las personas de protección civil debido a que se había
realizado un préstamo a esta institución de una ambulancia, los ciudadanos
comentaron que realizaron este préstamo debido a que no contaba con los
recursos para habilitar la unidad y a su vez existían dificultades para utilizar
la unidad, entonces llegaron a ese acuerdo con la institución, pero ya han
pasado 8 meses y aseguraban que la unidad ambulancia está en el casco
central del municipio Apartadero del Estado Cojedes sin prestar servicio y
aun deteriorada por lo cual la comunidad y agricultores han mostrado
disposición de reunirse para recolectar los fondos para reactivar la unidad
para ello están exigiendo que se les devuelva la unidad.
El Estado Venezolano insiste en aplicar métodos coercitivos que
obstaculizan e impiden la labor de defensa y acción humanitaria en la región
de los Llanos, incumpliendo los estándares y obligaciones internacionales que
están enmarcadas en proteger a las personas y organizaciones defensoras
como parte de la obligación de proteger los derechos humanos y garantizar
todas sus libertades cívicas para ejercer la labor de defensa.
Cada día se hace más complicada la labor del comunicador social, del
activista y del defensor de Derechos Humanos en estas regiones de
Venezuela, significa enfrentarse a un contexto represivo, con grandes
limitantes al espacio cívico, que incluyen medidas de amedrentamiento,
amenazas y detenciones arbitrarias.
A esto se le suma la censura a medios de comunicación, como pudimos
documentar el cierre arbitrario de la emisora Rumbera Network, ubicada en
la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, hecho acaecido en fecha viernes
trece (13) de noviembre, una representación de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL) se encontraba en las
instalaciones de la Emisora Rumbera Network 94.7 fm y procedieron al cierre
de esta planta radial, argumentaron que había problemas con la concesión
lo que no le permitiría operar en el espectro radioeléctrico, incautaron los
equipos que le permitían operar. El director de Rumbera Network Carlos
Borja expreso que esta acción es una violación a la libertad de expresión y a
su vez en los derechos consagrados en el derecho nacional e internacional.
Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos