PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA EL CAMBIO

de enfrentar la deuda social existente y permitir que el conjunto de la
población comparta los frutos del crecimiento. Priorizar, así mismo,
los gastos en infraestructura económica y social que apoyen los
objetivos del programa.
c) Realizar una auditoría social independiente para establecer qué
parte de la deuda pública proviene de actos de corrupción. El pueblo
panameño no está obligado ni a reconocer ni a pagar la deuda
vinculada con la corrupción. Esta deberá ser repudiada.
d) Eliminar las instituciones diseñadas con fines de practicar el
clientelismo político. un marco jurídico adecuado para el uso y
control de los fondos públicos que permita blindar la administración
pública contra los estragos y depredación de estos. Asegurar la
certeza de la pena para todos aquellos que participen en actos de
corrupción.
e) Con el fin de asegurar los recursos para el desarrollo con equidad,
se deberá introducir una reforma fiscal progresiva, que, revirtiendo
la tendencia de las anteriores, se base en el concepto de que el que
más gana tiene la obligación de contribuir con una mayor proporción
de dichas ganancias al bien común. Así mismo, la búsqueda de
nuevas formas de inserción en el mercado mundial deberá apuntar
hacia un intercambio equitativo, que evite el intercambio desigual
y la pérdida, por esta razón de una parte importante del excedente
nacional, la política de peajes del Canal de Panamá deberá guiarse
por este principio.
f) Priorizar la utilización de los recursos obtenidos por el fisco a
partir del Canal de Panamá y otras empresas públicas, a los gastos
prioritarios en el ámbito económico y social para lograr los objetivos
de esta nueva estrategia de desarrollo.
g) Establecer los mecanismos necesarios para asegurar la plena
transparencia en el uso de los recursos públicos, esto implica, entre
otras cosas, la puesta en práctica de una real política de rendición de
cuentas. La certeza del castigo para los corruptos, que significa el fin
de la impunidad es una necesidad urgente.
h) Construir las formas institucionales necesarias para la participación
de la población y sus organizaciones en el proceso de preparación,
ejecución y fiscalización de los presupuestos. El criterio de equidad
de género y de sostenibilidad ambiental deben constituirse en
elementos obligatorios en la confección participativa y en la ejecución
del presupuesto.
i) Iniciar un proceso efectivo de descentralización, en los que la
descentralización de las funciones vaya acompañada de la que se
refiere a los recursos. Es fundamental señalar que la autonomía de
las comarcas de los pueblos originarios deberá acompañarse de una
efectiva descentralización de los recursos hacia las mismas.
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