“TRANSFORMANDO EL PODER PARA UN MEJOR PAÍS”

el sistema político electoral del país. Esta tiene su causa básica en el
modelo económico, cuyo objetivo exclusivo es generar ganancias
y acumulación de capitales sin ningún límite y por cualquier medio
posible. Este estilo de economía se sostiene de manera creciente en
la acumulación por desposesión, es decir en el despojo y la rapiña de
los fondos públicos, así como de los recursos naturales de la nación. En
este aspecto también juega un papel la desposesión de los derechos
sociales de los trabajadores, el que muchas veces se da por la vía del
incumplimiento impune de las leyes de protección y seguridad social.
El modelo socioeconómico del país genera, por su propia naturaleza,
una fuerte tendencia a que los sectores económicamente dominantes
busquen dominar y penetrar directamente la esfera del gobierno, a fin
de asegurarse una posición privilegiada en las formas de acumulación
por desposesión vinculada al manejo de los fondos públicos y del
ordenamiento jurídico del país. Las intensas luchas políticas que
observamos son el reflejo de las disputas de las diversas fracciones
de los sectores económicamente dominantes para asegurarse que la
gestión gubernamental funcione como un mecanismo de generación de
ganancias privadas en su favor. Esta lucha se hace muy intensa dada la
magnitud de la renta del Canal de Panamá que pasa a manos del gobierno
central, así como por el elevado gasto en términos de la generación
de infraestructuras, que da lugar a jugosos contratos de construcción,
financiados con endeudamiento público.
A esta situación le corresponde un sistema electoral ilegitimo,
antidemocrático y corrupto, destinado a reproducir la dominación política
de los sectores económicamente dominantes. Esto se consigue por medio
de la existencia de un régimen dominado por la partidocracia, es decir
por partidos políticos que expresan los intereses de dichos sectores. Esto
se logra gracias a un modelo de funcionamiento en que la inscripción y
la captación de votantes se basa en un clientelismo alimentado por las
donaciones de quienes dominan la economía, así como por la utilización
de los fondos públicos, incluyendo los que otorga el Tribunal Electoral y
de los que, simplemente, son productos de la corrupción.
No solo el órgano ejecutivo y el legislativo presentan una pronunciada
situación de corrupción, así como una notable incapacidad de resolver
los graves problemas que aquejan a la población. Lo mismo también
es cierto para el órgano judicial, caracterizado por la lentitud, la
presencia de una justicia selectiva y la rampante corrupción. Es clara la
interpenetración de los tres órganos del Estado, los cuales operan para
reproducir el actual sistema socioeconómico con todas y cada una de
sus taras.
Algunas de las consecuencias y efectos de la corrupción generalizada se
pueden resumir de la siguiente manera:
a) La corrupción entre empresarios y altos funcionarios públicos,
que se expresa en sobreprecios, coimas y otras formas delictivas, le
puede estar costando al país anualmente entre 3% y el 4% del PIB.

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