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“TRANSFORMANDO EL PODER PARA UN MEJOR PAÍS”

de seguridad y soberanía alimentaria; y de sostenibilidad ambiental.
Ya hemos visto las fallas de nuestro modelo ante esta epidemia y las
vulnerabilidades que trae ser una plataforma de servicios transnacionales
y de minería. Ante esto se debe de generar un espacio de asesoría
estratégica con visión de Estado.
• Rendición de Cuentas. Adoptar medidas de aislamiento y
distanciamiento social, no implica que desaparece la responsabilidad de
las autoridades de informar y ser transparentes en el uso de recursos
públicos en el Programa de emergencia de Panamá Solidario y en
otras medidas económicas a tomar. El enriquecimiento a costa de esta
pandemia debe ser declarado como delito de lesa humanidad.
Ante lo expuesto y con el propósito de contribuir con un abordaje
estratégico de esta pandemia, pedimos al señor presidente Laurentino
Cortizo Cohen y a Autoridades las siguientes medidas:
• Incorporar a la Comisión Asesora del MINSA a expertos/as de otras
ramas de las ciencias, en especial de las ciencias de la Salud Mental, de
la Sociología, Trabajo social, Economía y de las políticas con enfoque de
Género, de Adultos Mayores e interculturalidad. Esto ayudará a evitar
medidas parciales que no contemplen las dinámicas sociales, de género,
de diversidad sexual, y territoriales de la población en cuarentena. Por
ejemplo, la discordancia de horarios de servicios bancarios con los
horarios de circulación.
• Crear una Comisión Asesora del Ministerio de Economía y Finanzas
conformada por expertos/as de los diversos sectores de la economía, en
especial de aquellos que hemos identificado como estratégicos para la
protección de la salud y la seguridad alimentaria de la población, no hay
certeza de que no se repita otra pandemia en el futuro próximo.
• Fortalecer las medidas y servicios de protección hacia las mujeres, en
especial de quienes viven en riesgo de violencia y explotación económica
tales como trabajadoras del servicio doméstico, del sexo, trabajadoras
rurales, mujeres trans, artesanas, migrantes, del sector informal y aquellas
que fueron enviadas por sus empleadores a sus casas sin claridad de sus
condiciones de retorno laboral.
• Acelerar la atención a la población privada de libertad para prevenir
la contaminación por su hacinamiento carcelario. Especialmente a las
mujeres privadas de libertad y sus hijos/as. El derecho a la vida es
inalienable y universal.
• Fortalecer los mecanismos y servicios de denuncia y protección de
personas Adultas Mayores que viven en riesgo de violencia con familiares,
y las que están en hogares y residencias para mayores, tanto públicos y
privados. Así como revisar las normativas que se han visto ineficientes
en esta crisis para garantizar los derechos humanos de esta población.
• A la entidad con el mandato de velar por el cumplimiento de los
derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo, le exigimos su
presencia y trabajo visible y concreto para asegurar la vigencia de
los derechos de todas y todos sin distingo de edad, géneros, estatus
migratorio, origen étnico ni social.
• A la Procuraduría de la Administración que refuerce el monitoreo del
cumplimiento del Código de ética de las y los funcionarios públicos y que

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