Propuestas
5.3

Propuestas dirigidas al Gobierno de El Salvador
Las mujeres rurales, campesinas e indígenas salvadoreñas contribuimos con nuestro trabajo a la seguridad y soberanía alimentaria familiar, regional y nacional. Sin embargo no somos reconocidas igual que los hombres y carecemos del mismo acceso a la tierra y otros
recursos imprescindibles para producir.
Por ello desde la Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales
proponemos al Gobierno de El Salvador:

Tierra para nosotras

•

Encomendar al ISTA y a las alcaldías realizar un inventario de la tierra disponible, incluyendo las tierras que fueron adjudicadas por el Estado a cooperativas y
excombatientes pero nunca han sido aprovechadas para la producción por distintos
motivos.

•

Basándose en este análisis, desarrollar un paquete de posibles intervenciones
especialmente dirigidas a las mujeres campesinas e indígenas sin tierras. Por ejemplo,
estimulando a que las alcaldías cedan tierra a mujeres organizadas por medio de
sistemas de comodato a largo plazo, para que puedan desarrollar iniciativas productivas.

•

Poner en marcha los mecanismos que garanticen la titulación de tierras a mujeres
rurales individuales y como bien de familia, introduciendo las modificaciones necesarias a la Ley de Tierras y a la Ley de Reforma Agraria para garantizar la incorporación
de mujeres como propietarias de tierras y bienes familiares.

•

Modificar la forma en que se evalúa la ocupación de “campesino, jornalero o agricultor” para acceder a programas como el de Campesino Sin Tierras del ISTA, basándose
en una verificación de su actividad y no en lo que diga el documento de identidad, y
exigiendo la misma verificación para las mujeres que para los hombres solicitantes.

•

Aprobar la promulgación del Código Agrario con Enfoque de Género que fue
propuesto en 1999, con el objetivo de velar por los derechos de las personas sin
tierras, en particular las mujeres, y no solamente por los derechos de las personas
propietarias de tierras, como sucede actualmente.

•

Convertir las mesas de interlocución entre las mujeres y las instituciones
en mecanismos más permanentes e institucionalizados, que actúen como verdaderos
espacios de participación en las decisiones de política pública.

•

Reformar la Ley General de Asociaciones Cooperativas, con el fin de asegurar la
paridad en la participación de mujeres en las cooperativas existentes mediante acciones afirmativas, así como estimular la creación de cooperativas de mujeres.

•

Asegurar líneas de créditos blandos en condiciones preferenciales para pequeñas y
medianas productoras, que incluyan seguros de cosecha y se acompañen de asistencia
técnica a través del CENTA y el MAG que responda a las necesidades de las mujeres
sin limitarlas a los roles productivos tradicionales.

•

A la Asamblea Legislativa, que se apruebe la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional con enfoque de género, que tuvo una contribución importante por parte de las mujeres rurales en su elaboración. Así como se ratifique la
reforma constitucional del Art.69 que garantiza el derecho al agua y a la alimentación para la población de El Salvador y mandata al Estado a crear leyes y políticas
que garanticen ambos derechos.

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