MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, INSTANDO AL
GOBIERNO DE ESPAÑA A DESESTIMAR Y NO LLEVAR A EFECTO LA PROPUESTA DE
REFORMA DE LA LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA HECHA PÚBLICA EN LA PÁGINA
WEB DEL MINISTERIO DE JUSTICIA.
Interviene la representante del grupo municipal Socialista, Sra. Rominguera Salazar,
para presentar la siguiente moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Ministerio de Justicia ha hecho pública, a través de su página web, la Propuesta de
texto articulado de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial y de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, elaboradas por la Comisión Institucional a la que se encomendó su redacción.
El propio Ministro de Justicia compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados, en el mes de mayo pasado, para presentar un texto de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, texto propuesto por la misma Comisión Institucional que elaboró
esta propuesta. El texto de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial ya avanzaba las líneas
que ahora se concretan en la reforma de la demarcación y planta judicial, pero el Ministro
anunció, sembrando la confusión, que no hacía suyo el texto que presentaba en sede
parlamentaria abriendo así, a modo de globo sonda, un debate artificial y escondiéndose una
vez más el Gobierno, tras una Comisión de Expertos, para no asumir su directa
responsabilidad.
La propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial que formula, sigue la
senda de las reformas de la administración que nos viene proponiendo el Gobierno, y que
como otras, ignora a los ciudadanos, las competencias que la Constitución y sus Estatutos
reservan a las Comunidades Autónomas y tiene como único eje rector, con el pretexto de un
supuesto ahorro, la reducción de la administración orientada, en última instancia, al
desmantelamiento de los servicios públicos.
De hecho la presentación de la propuesta se hace incumpliendo el artículo 152.1 de la
Constitución Española, además del art. 35 de la LOPJ que obligan al Ministro de Justicia a
recabar informe sobre la propuesta a las distintas Comunidades Autónomas y contar con la
opinión de las mismas para elaborar el Anteproyecto y además a unir luego al Proyecto de Ley
que presente a las Cámaras las propuestas de las Comunidades Autónomas.
Pese a que la ratio de jueces por cada cien ciudadanos es inferior en España a la
media europea, la propuesta no hace referencia tampoco al posible incremento del número de
jueces y magistrados, sino sólo a lo contrario, su disminución como revela la Disposición
Transitoria Octava
El Ministro afirmó el pasado 9 de julio en Valladolid, que no se suprimirá ninguna sede
judicial en España pero, de llevarse a cabo la propuesta publicada, esta afirmación no sería
cierta porque de su lectura se extrae que la “implantación del nuevo modelo condiciona el gasto
que las Administraciones Públicas puedan realizar en mejora de los medios materiales al

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