La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las competencias
autonómicas sobre régimen local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en
pie de igualdad con las demás administraciones.
El porcentaje de deuda local en relación con la deuda de las administraciones públicas
es del 4,5%, y de este porcentaje, el 40% lo suman 10 ciudades de más de 250.000 habitantes,
empezando por Madrid, con el 22,5% de la misma-.
En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor ataque a los
ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la
centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del
gobierno central.
Esta reforma provoca:
1.- Tutela y control sobre la administración local, otorgando a las Diputaciones provinciales o
entes equivalentes, no únicamente la “coordinación de servicios”, sino relevantes
competencias, entre ellas, las de gestión tributaria.
2.- Vinculación del coste efectivo (antes estándar) de los servicios, considerando a la
administración un mero árbitro del tráfico jurídico, cuyos parámetros vendrán determinados por
una mera Orden ministerial.
3.- Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como único patrón de medida,
del que depende la autonomía municipal. Se produce por ende reestructuración del sector
público local, que potencia la iniciativa económica privada, y por añadidura, la creación de
lobbies empresariales para la prestación de servicios.
4.- Aparición de un nuevo mecanismo o protocolo vehiculador de la fusión entre ayuntamientos:
el convenio de fusión (aprobado por mayoría simple de los plenos
Municipales), que en algunos casos supone una clara imposición, no se sabe si a decisión del
Gobierno o de las Cortes.
5.- Desapoderamiento y vaciamiento de competencias del ámbito local, dejando a los
Ayuntamientos como entidades meramente formales.
6.- Subsidiariedad e imposibilidad “de facto” de la iniciativa pública empresarial.
7.- Establecimiento de mecanismos de ajuste o redimensionamiento (como expone el
texto) sobre el personal al servicio de las administraciones públicas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU propone al Pleno del
Ayuntamiento los siguientes acuerdos:
1.- La retirada inmediata del texto del Proyecto de Ley para la Racionalización y
sostenibilidad de la administración local.
2.- Adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta
reforma incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad”.
A continuación, se somete a votación la declaración de urgencia de la moción transcrita
anteriormente, siendo desestimada al no contar con mayoría absoluta ( votos a favor, 10,
PSOE, IU, ADEIZA; votos en contra, ninguno; abstenciones, 13, PP).

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