1. Los instrumentos que se utilicen deben expresarse en la lengua materna de los
niños de acuerdo con las normas sociolingüísticas que rigen este tipo de discurso.

2. Los estilos lingüísticos, el código utilizado y el vocabulario expresado en los formatos o reactivos de evaluación que se utilicen, deben ser claros para los niños,
tomando en cuenta las normas sociolingüísticas de sus lenguas de origen que operan en relación con la infancia y/o en función de parámetros relativos a jerarquías
sociales o género.

3. La evaluación contemplará los tipos textuales producidos o interpretados durante
el año escolar de los estudiantes, de acuerdo con los programas de estudio de
lengua indígena, así como las normas sociolingüísticas que rigen su estructura u
organización de la información. Por ejemplo, no es posible pedir a un niño que
responda a cierto tipo de preguntas típicas en el tratamiento del texto “noticia”
(cuándo, cómo, dónde) con base en la estructura que se rige por normas propias
del género periodístico, ya que en las comunidades indígenas la práctica de relatar
un suceso actual parte de una estructura y una función social distinta a la que este
tipo de texto tiene en el mundo hispánico.

4. La evaluación debe contemplar o respetar los sistemas de creencias o cosmovisión
de los estudiantes indígenas, considerando que sus interpretaciones o respuestas se enmarcan en los horizontes o contextos de sentido propio de sus culturas
originarias. Asimismo, es importante contemplar el conocimiento del mundo que
tienen, ya que muchos, al pertenecer a culturas en resistencia, aisladas del mundo
occidental u otras regiones, tienen poco acceso a contenidos culturales distintos
de los propios, lo que dificulta la comprensión de los textos que leen.

Para que la evaluación se realice desde este enfoque, es necesario impulsar la
creación de institutos de evaluación en cada entidad, que modifiquen el marco institucional de los órganos evaluadores y el sistema dé apertura a futuras evaluaciones
externas que contribuyan al diseño y a la aplicación de instrumentos que potencien la
evaluación universal de docentes como una actividad de mejora continua del sistema educativo en su conjunto y, así, la acción de evaluación alcance plena vigencia en
México.

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