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Normalizaremos los criterios y procedimientos de evaluación de investigadores, proyectos, infraestructuras e instituciones. Articularemos un sistema
de confianza, para uso compartido de todas las administraciones, que garantice la independencia, calidad, eficiencia y transparencia de todos los
organismos de evaluación y seguimiento.
Potenciaremos la cofinanciación de centros entre distintas administraciones
y entidades privadas, los consorcios, los acuerdos de colaboración interinstitucional y cualquier otra fórmula que haga posible la orientación conjunta
de los recursos.
Alinearemos los recursos públicos españoles con las estrategias marcadas
desde la Unión Europea para aprovechar mejor los recursos disponibles y
contribuir decididamente a la internacionalización del sistema español de
ciencia y tecnología.
Actualizaremos la estructura de incentivos fiscales para potenciar el I+D empresarial, con atención preferente a las empresas emergentes, pymes innovadoras y a los sectores más estratégicos (salud, energía, transporte).
Daremos un apoyo decidido a los centros tecnológicos como cauce central
para la conexión entre el sistema científico y las pymes.
Pondremos en marcha la agencia estatal de financiación de la investigación
para la asignación más eficiente de los recursos públicos y mejorar su evaluación. Generalizaremos los sistemas de concurrencia competitiva y eliminaremos la asignación nominativa de recursos en los presupuestos.

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