o que garanticen los equipos de protección de la ciudadanía y de los
profesionales de la salud, como medida para mitigar la alta mortalidad por
el virus y sus variantes, la necesidad de la población ante la crisis económica
y social que vive el país, es evidente.
El resultado es entonces, que el Estado implementa medidas que son
consideradas arbitrarias, para la mayoría de los ciudadanos, ya que están
dirigidas al menoscabo del ejercicio pleno de los derechos constitucionales
manifestados en el desenvolvimiento cotidiano. La crisis económica,
caracterizada por una década de hiperinflación que ha generado el cierre
de la empresa privada, del sector industrial, y comercial, incrementando el
estancamiento de la economía.
Es necesario indicar que, en los estados de la región de los llanos, se
evidenció que las autoridades regionales por medio de los funcionarios de
los cuerpos de seguridad del Estado limitaron el libre tránsito de los
ciudadanos, estableciendo mecanismos de salvoconducto, que incrementan
los niveles de corrupción de los funcionarios encargados de proveer tal
mecanismo para el libre tránsito en el territorio, violando este derecho.
En el contexto de la pandemia el Estado desarrolló un sistema de
cuarentena que consistía en siete días o catorce días de semana radical y
siete días de semana flexible, en la que el comercio aprovechaba para sus
actividades propias del sector, esto con el objetivo de prevenir el contagio,
sin embargo, este sistema generó detenciones masivas de ciudadanos que se
trasladaban en vehículos de motor o de tracción de sangre, los ciudadanos
que fueron víctimas de las detenciones, manifestaron que fueron obligados a
realizar trabajo forzoso y actividades físicas por un tiempo prolongado, y
contrario a las normas de bioseguridad y de distanciamiento social en el
momento de la retención de las personas los funcionarios no se percataban
de la aglomeración que generaban su actuar arbitrario a la ley, lo que se
podía considerar como un foco de propagación y contagio de la pandemia
el COVID-19.
En estos hechos, los ciudadanos señalaron que los funcionarios no
consideraban ni a los adultos de la tercera edad, en muchos casos fueron

Fundación de Derechos Humanos de
los Llanos