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Julio 2013

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Presentadas las ofertas de las empresas interesadas en los hospitales
Un juzgado investiga los inicios del proceso de privatización desde el año 2003

L

A última semana del mes
de junio se han abierto los
sobres con las ofertas de
las empresas interesadas en la
gestión de los hospitales públicos madrileños. El Consejero de
Sanidad
Javier
Fernández
Lasquetty ha considerado de
”muy alta calidad” los proyectos
presentados porque están “muy
bien elaborados” y porque, además de ajustarse a las líneas
requeridas por el Gobierno
regional, presentan innovaciones
que van a “mantener y mejorar”
la atención a los ciudadanos.
El Consejo de Gobierno
deberá anunciar en breve la adjudicación definitica, después de
que la Mesa de Contratación
haya elaborado los informes pertinentes.
Las empresas han ofertado
primas anuales per cápita, el precio que abona anualmente la
Administración a las concesionarias por habitante, ligerísimamente inferiores al precio máximo fijado en los pliegos por la
Comunidad, de acuerdo con la
lectura pública de las ofertas . La
Consejería de Sanidad había calculado el coste anual por persona
según el gasto asistencial de cada
hospital en los últimos dos años
y le había restado un 20% por
considerar que la adjudicataria
podrá ahorrar mediante la aplicación de unos criterios de gestión
más eficaces.
Con estas medidas, el
Gobierno de Ignacio González
pretende un ahorro de 143,6
millones de euros sobre los 718
presupuestados para esos centros. Las concesionarias abonarán a la Comunidad un canon
anual por el arrendamiento y uso
de los edificios e infraestructuras
puestas a su disposición, incluidos los centros de especialidades
adscritos a estos hospitales. En
total, las concesionarias pagarán
otros 28 millones de alquiler.
Esta es una novedad que se
incluyó en la última fase del pro-

Cabecera de la última marea blanca, celebrada en junio

ceso. La concesión se otorgará
por un periodo de 10 años improrrogables, que comenzará a contar con toda probabilidad a partir
del próximo mes de septiembre.
Los hospitales afectados son
el Infanta Leonor (Vallecas),
Infanta Sofía (San Sebastián de
los Reyes), Infanta Cristina
(Parla), hospital del Henares
(Coslada), del Sureste (Arganda
del Rey) y el del Tajo (Aranjuez).
En estos centros, que se unirán al
sistema que ya se aplica en los
hospitales
de
Valdemoro,
Torrejón de Ardoz y Móstoles y
que ahora investiga la justicia
tras la querella presentada por
los facultativos de Afem, el gasto
medio por paciente será de 484
euros.
El grupo BUPA Sanitas ha
ofrecido por el hospital del
Henares 479,15 euros por habitante y año, frente a la máxima
per cápita de 481,56 que figura
en los pliegos para este caso concreto. HIMA San Pablo, el grupo
de puertorrico que se declaró
interesado en promover el turismo sanitario y que se planteó
retirar la oferta por la oposición
de los trabajadores y pacientes,
ha ofertado, por el hospital

Infanta Sofía, una prima per
cápita de 448 euros, frente a los
448,24 que figura en los pliegos.
Por los centros Infanta
Cristina y del Tajo, que se licitan
juntos, este mismo grupo empresarial ofrece 493 euros, frente a
los 493,37 euros planteado en los
pliegos. Por su parte, la Unión
temporal de empresas (UTE)
encabezada por Ribera Salud
ofrece, por el Infanta Leonor,
una prima per cápita de 549,35
euros, frente a los 549,39 que
figuran en los pliegos. Por último, esta UTE integrada por
Ribera Salud, Ingesan (del
Grupo
OHL)
e
Iecisa
(Informática El Corte Inglés
S.A.), ofrece gestionar el hospital del Sureste por una cápita de
450,06 euros, frente a la máxima
de 450,07 euros.
Uno de los requisitos para optar
a gestionar estos centros, que en
conjunto atienden a 1.154.000
personas, es el compromiso de
mantener los 5.200 empleos de
los profesionales sanitarios que
actualmente trabajan en ellos.
Investigaciones judiciales
Paralelamente a este proceso,
el juzgado de Instrucción número 4 de Madrid investigará el

proceso de privatización de la
gestión hospitalaria que inició el
Gobierno regional tras la llegada
de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. El magistrado
Marcelino Sexmero ha admitido
a trámite la querella presentada
por la asociación de médicos
AFEM, una de las organizaciones más activas en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria, por los supuestos
delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales
públicos, entre otros. Además, ha
citado a declarar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad y dos altos
cargos, y cinco representantes de
las empresas que supuestamente
se beneficiaron de las decisiones
políticas.
La querella señala las posibles irregularidades cometidas
durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como
resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente
por empresas de Valdemoro,
Torrejón de Ardoz y Móstoles
(entre 2007 y 2011). Los querellados son los dos exconsejeros
de Sanidad de ese periodo,
Manuel Lamela y Juan José

Güemes, además de dos altos
cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales.
El juez también cita con abogado al gerente de la Fundación
Jiménez Díaz y a los responsables de Capio, que recientemente
cambió su denominación comercial a IDC Salud, Ribera Salud,
Unilabs y Asisa.
Además, los tribunales han
admitido a trámite los recursos
contenciosos administrativos
interpuestos por los socialistas
de Madrid, uno presentado ante
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid contra la Consejería
Sanidad, y otro en los juzgados
ordinarios contra el SERMAS,
exigiendo la suspensión cautelar
del desarrollo de los pliegos de
privatización de los hospitales
del Sureste, Tajo, Henares,
Infanta Leonor, Infanta Cristina
e Infanta Sofía.
Dichos recursos se presentaron ante la sospecha de irregularidades detectadas en el proceso
de privatización de estos seis
hospitales públicos madrileños,
entre otras, la modificación de
los pliegos para decretar una
rebaja de la fianza a aportar por
las empresas adjudicatarias, ante
la posibilidad de los interesados
en hacer negocio no pudieran
acreditar solvencia financiera,
según ha trasladado el PSM.
La última acción de los socialistas madrileños para frenar las
privatizaciones fue acudir a la
Comisión europea la última
semana de junio para presentar
una denuncia, que se suma a
otras acciones judiciales emprendidas por su formación política:
un recurso en el Tribunal
Constitucional contra la privatización; después, los socialistas
registraron sendos recursos contenciosos administrativos; y además, el PSM se sumó como acusación popular en la querella de
AFEM