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Carta de denuncia Contraloria Acoso Laboral Secretaría Ejecutiva CORE Antofagasta .pdf



Nombre del archivo original: Carta de denuncia Contraloria Acoso Laboral Secretaría Ejecutiva CORE Antofagasta.pdf
Título: Microsoft Word - Carta ContralorÃ�a ÃıLTIMA VERSIÃfiN
Autor: Camus

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Antofagasta, 31 de Enero 2018
Señor:
Marcelo Córdova Segura
Contralor Regional Antofagasta
Presente
Por intermedio de la presente expongo mi preocupación ante una situación de acoso laboral
que desde hace bastante tiempo me afecta en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional (CORE),
la cual he tolerado por temor, pero durante el año pasado, y lo que va del presente, los hechos de
menoscabo han llegado a afectar considerablemente mi tranquilidad y salud.
Por lo anterior, inicio relato de las situaciones que han acontecido, y explicaré cómo el acoso ha
terminado incluso en sanciones hacia mi persona que están completamente fuera del conducto
regular indicado en el Estatuto Administrativo.

Presidente de los funcionarios
En noviembre de 2014 ingresé a trabajar al Gobierno Regional de Antofagasta en calidad de
honorario, prestando funciones de periodista en la Secretaría Ejecutiva del CORE, donde tuve en
un comienzo un recibimiento normal, menos de un funcionario: José Antonio Villalobos, quien
desde el primer día, y con el correr de los meses, manifestó su odiosidad hacia mi persona con
diversas actitudes enfocadas principalmente a denostar mi labor y profesionalismo para con el
resto del equipo de trabajo (incluyendo jefatura), así como para con los consejeros regionales.
Paulatinamente se hizo normal un trato displicente de su parte, orientado a hacer sentir una
superioridad suya sobre mí. De esta manera desarrolló actitudes humillantes y faltas de respeto,
con la intención de dirigir mis labores profesionales como si fuera un superior jerárquico, lo cual
obviamente nunca estuvo en mi contrato, todo esto en circunstancias en que ostenta la
presidencia de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional (AFUNGRA), condición que lo
protege por contar con fuero laboral, situación que en mi opinión debe ser revisada, porque se
está repitiendo en otras partes del país, como es el caso recientemente hecho público de José
Miguel Lucero, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia que ha sido brutalmente
acosado por un dirigente de la asociación de funcionarios.
En mi caso son ya varios años soportando criticas continuas a mi trabajo, mis ideas, propuestas y
soluciones, además de burlas permanentes y una constante ridiculización de mis ideas y
resultados laborales, lo cual estoy realmente cansada de aguantar, por las dimensiones que esto
ha tomado y que explicaré a continuación. Además, considerar que si se investiga, hay muchas
otras mujeres que han sido acosadas por este funcionario y puntualmente tres de ellas que
trabajaron con él, y que decidieron dejar esta secretaría a fin de no sufrir más acoso. Hoy se
desempeñan en otras reparticiones del Gobierno Regional.

Clima laboral, hostigamientos e impasividad
El incomprensible malestar de Villalobos por mi presencia llegó al punto de sustraer documentos
desde mi escritorio que son importantes para mi trabajo periodístico (minutas de proyectos, fichas
Core, resúmenes, etc.), manifestándolo por mi parte con el resto de los funcionarios, quienes me
indicaron que no era raro lo que ocurría, porque “Villalobos es así”, y que por lo mismo no había
que tomarlo en cuenta. No obstante, me advirtieron que tuviera cuidado con él porque tenía a su

haber varios episodios de malos tratos con otros funcionarios. Con el tiempo comprobé que
periódicamente revisaba mi escritorio y pertenencias en mi ausencia, encontrando en una ocasión
sus llaves en el teclado de mi computador, llaves que él mismo reconoció luego de ser consultado
por las secretarias.
Todo lo anterior se lo señalé al secretario ejecutivo del CORE, Víctor Hugo Véliz Fanta, quien nunca
tomó en serio mi preocupación por los hechos y mi malestar por el continuo daño a mí dignidad,
debido a la amistad que juntos tienen, por desempeñarse por más de 15 años en las mismas
funciones y compartir domicilio político. Más tarde comprendí que la actitud de Villalobos no sólo
era tolerada por Víctor Hugo Véliz, sino alentada por él. A mitad de 2017 Véliz me indicó que yo
debía estar a disposición de todas las peticiones de Villalobos y que debía trabajar con él, e incluso
que debía revisar mis trabajos, lo cual me generó angustia y humillación por mis 15 años como
periodista de prensa, docente, funcionaria pública, y actual presidenta del Colegio de Periodistas
de Antofagasta, trayectoria de mucho más terreno y conocimiento regional que la de Villalobos.
Frente al hostil escenario le pedí que por favor me dejara trabajar tranquila, pero Véliz desestimó
mi opinión, pese a insistirle que Villalobos era una persona notoriamente hostil y que disfrutaba
humillando al resto.

Suplantación de funciones e invasión de la vida privada
Posteriormente Villalobos comenzó a “ordenarme” que le enviara mis trabajos e informes, e
intentó validarse ante los consejeros regionales con un plan de comunicaciones que yo misma
había estructurado, y que en su momento fue aprobado por el pleno. Además, mediante correo
electrónico, solicita reiteradamente documentos de carácter personal, como por ejemplo mis
bases de datos que he confeccionado a lo largo de mi vida laboral, como también documentos de
elaboración propia que sustentan la estructura comunicacional del CORE.
Su carácter invasivo llegó a tal punto que en octubre del año pasado, cuando me siguió hasta el
lugar donde me encontraba almorzando junto a una compañera de trabajo y una persona de
connotación política y comenzó a tomarme fotografías, lo cual me dejó muy afectada, pero al
llegar a la oficina me armé de valor y lo encaré delante de todos, situación que él jamás admitió.
La mayoría de mis compañeros de trabajo guardó silencio, como siempre, porque le tienen miedo
y porque saben que es el protegido del secretario ejecutivo. Tanto, que le permiten realizar otras
labores remuneradas durante su horario de trabajo y con los recursos del Gobierno Regional
(actividades comunicacionales en el Colegio San Luis).

Castigos y machismo
Todo el hostigamiento relatado se agudizó en diciembre del año pasado, cuando el secretario
ejecutivo me encargó la organización general de la Cuenta Pública 2017. Sin consultarme
previamente ni mostrarme el producto, Villalobos confeccionó un programa impreso de la
actividad, el cual resultó tener errores que impidieron su entrega, por lo que Véliz ordenó botar el
material a la basura, sin amonestarlo, para más tarde responsabilizarme a mí del problema, y
anotando el suceso en mi informe laboral que se remite a recursos humanos, en circunstancias en
que jamás se trató de mi responsabilidad, sino de su protegido, quien actuó de mutuo propio al
producir un producto defectuoso y sin mi supervisión, lo cual interpreto además como un claro
machismo y un sello de trabajo de ambos: continuamente obstaculizar mi gestión y atribuirme la
culpa de errores ajenos, lo cual se intensificaría aún más luego de pasar a ser funcionaria contrata
en enero de 2018.

Durante el proceso de elaboración de la Memoria 2014-2017, de formato digital, se me indicó por
parte del secretario ejecutivo la redacción del producto de acuerdo a informaciones entregadas
por el equipo de asesores, las cuales desde un inicio presentaron errores, principalmente en
montos de proyectos, así como poca claridad en la estructura de las mismas por parte del equipo
de trabajo, además de reiteradas faltas en los plazos de entrega. Por lo anterior, el material fue
revisado y modificado varias veces en reuniones (se adjuntan listas de asistencia) conformadas por
el secretario ejecutivo, Víctor Hugo Veliz; Freddy Arteaga, encargado de asesores; José Villalobos,
encargado de Actas; Ramón Arestegui, profesional de la División de Administración y Finanzas
(GORE); y la suscrita. En dicho proceso, Villalobos y parte del equipo tomaron una actitud de
cuestionamiento a mi idoneidad profesional, y participaron en la revisión extralimitándose en sus
áreas de conocimiento y competencias profesionales, autorizados por el secretario ejecutivo, y
relacionándose, por ejemplo, directamente con el proveedor escogido para concretar el producto,
Lionel Godoy. Lo anterior generó un gran desorden que ocasionó errores en el desarrollo de la
memoria. En consecuencia, no fue posible trabajar con la autonomía y confianza de la que goza
una persona “encargada” de una responsabilidad laboral, como sí ha ocurrido en años anteriores
con la elaboración de la memoria institucional, sin tener ningún problema en la creación y
presentación del producto.

Nota de demérito
Precisamente durante el pleno del 08 de enero del presente algunos consejeros detectaron que el
título impreso de del CD estaba mal escrito, y que faltaba el nombre de una consejera en los datos
de una comisión. Durante esa sesión me culparon a mí de los errores, a pesar de que la memoria
tuvo más de cinco revisiones en equipo (se adjunta lista de asistencia) por lo que me vi en la
obligación de pedir la palabra al presidente del Consejo. En el momento en que me disponía a
hablar el secretario ejecutivo me hizo gestos para que no hablara y asumiera la responsabilidad,
pero no le hice caso y conté la verdad sobre cómo fue el proceso de confección de la memoria, y
cómo había sido revisada por cinco personas: El secretario ejecutivo, quien dio el visto bueno final
al material; Freddy Arteaga, José Villalobos, Ramón Arestegui, como profesional DAF, Lionel
Godoy, de la empresa a cargo de diagramar e imprimir la memoria; y la suscrita.
A raíz de lo ocurrido, Lionel Godoy entregó las disculpas correspondientes e indicó que grabaría
nuevamente los CD. Sin embargo, el secretario ejecutivo, al no inmolarme para protegerlo,
solicitó una nota de demérito, la que fue concedida por la encargada de recursos humanos del
Gobierno Regional.

Incumplimientos legales
En la anotación, Víctor Hugo Veliz acusa una “falta de diligencia” debida en la “construcción,
supervisión y edición del encasillamiento de los consejeros en sus respectivas comisiones”.
Difícilmente podría tratarse de errores de mi exclusiva responsabilidad, dada la situación explicada
previamente, donde varias personas se inmiscuyen y “supervisan” un trabajo que debería haber
estado a cargo exclusivamente de la suscrita. A lo sumo se trataría de una responsabilidad
compartida.
No obstante lo anteriormente descrito, cabe destacar que como lo dice el art. 43 DFL No 29/2005
y el art. No 11 del Decreto 1.825/1998, las anotaciones de demérito están destinadas a dejar
constancia de “cualquier acción u omisión del empleado que implique una conducta o desempeño

funcionario reprochable, asociadas al incumplimiento manifiesto de obligaciones funcionarias, que
no requieran de investigación o sumario administrativo”. Estas conductas son:
-

Infracciones a las instrucciones y órdenes del Servicio.

-

El no acatamiento de prohibiciones contempladas en el cuerpo legal.

-

Atrasos en la entrega de trabajos.

Según lo explicado, queda claro que la “falta de diligencia” que me atribuye el secretario ejecutivo,
ni si quiera clasifica en las categorías anteriores, dado que en todo momento he trabajado con
apego a mis obligaciones y tareas encomendadas, y no he actuado bajo conductas negligentes, de
mala fe, o reñidas con la actitud que debiera mantener un funcionario público según el Estatuto
Administrativo. Creo incluso que recibir una anotación de demérito por desprolijidades en un
producto del cual nunca tuve completa supervisión y posibilidad de influencia profesional, es la
máxima expresión de un persecución y acoso laboral.
Por otra parte, y respecto al memorándum interno 001/RR.HH, con fecha 9 de enero de 2018, que
me comunica que se procederá a efectuar una anotación de demérito, no se cumple
adecuadamente el procedimiento descrito en el art. 44 DFL No 29/2005 y el art. No 9 del Decreto
1.825/1998, que señala que el jefe directo debe notificar primeramente por escrito al funcionario,
el cual tiene 5 días de plazo para solicitar dejar sin efecto la anotación o que se deje constancia de
las circunstancias atenuantes que dieron lugar a ella. En caso de rechazo de tal solicitud, sólo
entonces el superior debe comunicarlo por escrito a Recursos Humanos, acompañando los
fundamentos de su rechazo. Por tanto, se me está efectuando una anotación de demérito sin
respetar los procedimientos legales, ya que el citado memorándum se cursa 1 día después de la
comunicación del secretario ejecutivo, quien no ha tenido la deferencia de notificarme
previamente.

Improcedencia de la anotación
Cabe destacar que hasta el 31 de diciembre de 2017 fui funcionaria a honorarios, y que recién el
16 de enero del presente año Contraloría entregó resolución con mi contrata. Es decir, me
impusieron una nota de demérito por labores correspondientes a mi condición laboral a
honorarios, empañando mi intachable hoja de funcionaria pública que sólo tenía notas de mérito
por mi desempeño en otra repartición.
El relato y solicitud de anulación de nota de demérito fue presentada al Intendente, Arturo
Molina, (ante la negativa del secretario ejecutivo y la encargada de recursos humanos de anularla)
quien personalmente me indicó que lamentaba lo que me estaba ocurriendo pero que él prefería
realizar un sumario administrativo.

Lo que dice la ley
Según el artículo 84 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo los funcionarios
están afectos a la prohibición expresa de realizar todo acto calificado como acoso laboral
en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo, que
señala: “Es contrario a la dignidad de la persona el acoso laboral, entendiéndose por tal
toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el
empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por

cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo,
maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus
oportunidades en el empleo”.
Por su parte, la Dirección del Trabajo, mediante ord. 3519/034 de 09/08/2012 señala que
acoso laboral es: "...todo acto que implique una agresión física por parte del empleador o
de uno o más trabajadores, hacia otro u otros dependientes o que sea contraria al
derecho que les asiste a estos últimos, así como las molestias o burlas insistentes en su
contra, además de la incitación a hacer algo, siempre que todas dichas conductas se
practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el medio por el cual se someta a los
afectados a tales agresiones u hostigamientos y siempre que de ello resulte mengua o
descrédito en su honra o fama, o atenten contra su dignidad, ocasionen malos tratos de
palabra u obra, o bien, se traduzcan en una amenaza o perjuicio de la situación laboral u
oportunidades de empleo de dichos afectados".
Por último, y según el punto 3 del Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas Laborales
en Desarrollo de Personas en el Estado, del 26 de enero de 2015, se señala con claridad
que: “las instituciones públicas deberán desarrollar acciones para generar ambientes
laborales que, basados en el respeto y buen trato, favorezcan el compromiso, motivación,
desarrollo y mejor desempeño de las personas que en ellos trabajan”, así como
“desarrollar periódicamente estudios de clima organizacional o evaluaciones de riesgos
psicosociales, e implementar programas o planes de intervención para mejorar aquellos
aspectos en que, producto de las evaluaciones efectuadas, se constaten mayores
brechas”. Además mandata a los organismos públicos a desarrollar acciones para la
prevención y sanción del acoso laboral (Ley N° 20.607).
Lo anterior ratifica que lo que me ha tocado vivir encaja macabramente con lo definido
como acoso laboral por todas las instancias formales relativas a la protección de los
derechos de los funcionarios públicos. Peor aún, evidencia que en el Gobierno Regional de
Antofagasta no se ha hecho ningún tipo de intervención de clima laboral para mejorar las
relaciones y/o detectar casos de abuso y acoso.

Problemas de salud
En estas hojas expreso todo lo que ha ocurrido y el daño mental, emocional y físico que me ha
ocasionado ya que durante 2017 y lo que va del presente año me han operado tres veces de
quistes que me aparecen en la plata de mi pie izquierdo, los cuales se infectan produciendo
fuertes dolores que me impiden caminar con normalidad y que sólo con antibióticos e
intervenciones desaparecen. Esta enfermedad está directamente asociada a la psico-somatización
de un estrés extenuantemente fuerte para una persona normal.
Quiero dejar claro que si no estuviera en la situación de madre soltera (dos hijas) y jefa de hogar
hace bastante tiempo hubiera realizado la denuncia porque este tipo de accionar no se debe
cubrir, sino todo lo contrario, se debe develar para que terminen los casos de acoso laboral en el
servicio público y con ello el significativo daño a personas que sólo quieren trabajar en condiciones
dignas y de mutuo respeto.

Confío en que los antecedentes que entrego le servirán para llevar a cabo una investigación, y por
sobre todo, para cautelar que mis derechos y los de otras personas no sigan siendo vulnerados en
el futuro.

Atentamente

Carolina Cáceres Ogalde
Periodista del Consejo Regional de Antofagasta


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