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Modifica la ley N°20.584 con el propósito de aumentar la sanción penal a quienes agredan a integrantes del equipo de salud .pdf



Nombre del archivo original: Modifica la ley N°20.584 con el propósito de aumentar la sanción penal a quienes agredan a integrantes del equipo de salud.pdf
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Autor: Camus

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Modifica la ley N°20.584, que Regula los derechos y deberes que tienen las
personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, con
el propósito de aumentar la sanción penal a quienes agredan a integrantes
del equipo de salud.
Boletín N°9871-11
Fundamentos:
1.- En nuestro país, en materia de derechos y deberes de los usuarios en
relación a las acciones vinculadas a su atención de salud, la legislación es aún
reciente. Antes del año 2012 no existía en Chile un cuerpo legal normativo
que se encargara de regular los derechos de las personas que solicitan una
determinada prestación de salud, sea en instituciones públicas o privadas.
Dicha ley (20.584), vino a llenar un vacío dentro de nuestro ordenamiento
jurídico y desde su vigencia ha incorporado importantes conceptos dentro de
las relaciones entre los prestadores de salud y los pacientes, como por ejemplo
la idea del consentimiento informado, pilar fundamental dentro de la norma.
2.- A su vez, la importante difusión de dicha ley ha permitido a los pacientes y
a sus familiares acceder a información necesaria y relevante para conocer
cuales son los derechos que le asisten al momento de atenderse con los
prestadores de salud. Así, por ejemplo, el derecho a la información, a la
privacidad de los datos incluidos dentro de su ficha clínica, derecho a recibir
un trato digno y el derecho a la seguridad de su atención, son cada vez más
conocidos y exigidos por los usuarios, significando un importante avance en
sentido de transparentar las prestaciones e intervenciones a las cuales se
someten.
3.- Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que, así como la ley
consagra derechos para los usuarios de la salud, también establece deberes que
le asisten al momento de ser atendidos por un prestador de salud. Dichos
deberes significan un mínimo de respeto y trato digno para con el personal que
forma parte del equipo de salud, sean éstos profesionales, técnicos y

administrativos, como a la vez mantener un orden y cuidado con la
infraestructura, equipamiento e instalaciones que el prestador de salud
mantiene en el lugar o espacio físico donde se ejecuta la atención.
4.- Dicha obligación es extensible para los familiares, representante legal o
cualquier persona que acompañe al paciente durante su atención, y resguarda
además del equipo de salud y de la infraestructura, a los otros pacientes y
demás personas presentes.
5.- Pues bien, lo cierto es que luego de un par de años desde la entrada en
vigencia de la ley, es posible realizar un análisis de su eficacia y eficiencia,
tomando en cuenta un análisis comparativo entre la situación anterior a la ley
y el presente, lo cual nos deporta una sensación positiva para los pacientes,
quienes sin duda han visto mejorada su situación y fortalecidos sus derechos.
6.- Sin embargo, la situación de las personas que trabajan dentro del equipo de
salud, sean estos profesionales, técnicos y administrativos no tuvieron una
mejora en cuanto a su situación y seguridad dentro de su lugar de trabajo. Se
ha transformado en un panorama habitual que dentro de las urgencias (sobre
todo en el sector público), la sensación de inseguridad de éstos trabajadores es
de un nivel altísimo, padeciendo agresiones verbales y malos tratos de
pacientes y sus familiares, llegando incluso a amenazas de muerte y golpes en
casos extremos, los cuales van en aumento. Dicha situación empeora los fines
de semana, alterando las condiciones necesarias para prestar un servicio
óptimo y afectando la situación de los demás pacientes de dichos centros.
7.- Consideramos que dicha situación se produce principalmente por la
impunidad con la que hoy en día gozan los infractores de la ley. Ello debido a
que no se especifica a ciencia cierta una sanción real a quienes agraden al
personal, limitándose a señalar en la ley que el encargado del centro podrá
recurrir al auxilio de la fuerza pública para impedir el acceso al infractor, sin
perjuicio de las demás sanciones penales y civiles que correspondan. Esta
ambigüedad en el castigo genera indefensión al personal de salud, lo cual debe
remediarse estableciendo sanciones claras y concretas a los infractores, con

penas efectivas que impongan coercitivamente un deber de conducta entre los
pacientes, sus familiares y otros presentes.
8.- En el caso de la legislación comparada, actualmente en España se discute
un proyecto de similares características. Incluso en la península, para estos
efectos, pretenden considerar al funcionario de la salud como “autoridad
pública”, para así, imponer las sanciones establecidas en tal caso, en la
eventualidad de una agresión física o verbal.
9.- En el caso de la presente iniciativa, la idea se centra en asimilar las
sanciones que establece el Código Penal, dentro de su artículo 397 para el caso
de agresiones que provoquen consecuencias al personal, ya sean físicas o
sicológicas, aumentadas en un grado. Con ello, estaríamos resguardando de
manera eficaz la labor de dichas personas, estableciendo penas efectivas en
caso de que sufran agresiones dentro de su lugar de trabajo, ya que, desde
nuestra perspectiva, no basta con prohibir la entrada al agresor. Además
consideramos una situación agravante el hecho de que el integrante del equipo
de salud sea agredido dentro de su lugar de trabajo, ya que lo transforma en un
sujeto vulnerable y su agresión altamente reprochable.
10.- Así, al contar con una sanción clara y específica dentro de la norma,
otorgamos un valor y sentido a la gestión realizadas, ya que la vulnerabilidad
actual que padecen los funcionarios de la salud, dentro de sus lugares de
trabajo, nos alertan sobre la necesidad de legislar en este sentido.
Por estos motivos, tengo el honor de someter al conocimiento de la Honorable
Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único:
Modifíquese la Ley N ° 20.584 en el siguiente sentido:
Agréguese el siguiente inciso final al artículo 35 de la ley 20.584:
“Si algún integrante del equipo de salud que se encuentre ejerciendo su
respectivo turno, sufre una agresión física o verbal por parte de quien recibe o
solicita atención de salud, sus familiares o cualquier otro u otros que le
acompañen, y que producto de dicha agresión el funcionario resulte
inhabilitado total o parcialmente para ejercer sus funciones, se le aplicará al
agresor las sanciones establecidas en el artículo 397 del Código Penal,
aumentadas en un grado”.

FELIPE LETELIER NORAMBUENA
Diputado de la República.


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