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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

siempre revisten importancia, adquieren especial trascendencia cuando se relacionan con la protección de la seguridad
y la salud de los trabajadores en el trabajo, la evolución de cuyas condiciones demanda la permanente actualización de
la normativa y su adaptación a las profundas transformaciones experimentadas.
3.

Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los
riesgos laborales.
A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de su salud e
integridad, la Ley establece las diversas obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho, así como
las actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de dicho
objetivo.
Al insertarse esta Ley en el ámbito específico de las relaciones laborales, se configura como una referencia legal
mínima en un doble sentido: el primero, como Ley que establece un marco legal a partir del cual las normas
reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas; y, el segundo, como
soporte básico a partir del cual la negociación colectiva podrá desarrollar su función específica. En este aspecto, la
Ley y sus normas reglamentarias constituyen legislación laboral, conforme al artículo 149.1.7ª. de la Constitución.

© INSHT

Pero, al mismo tiempo -y en ello radica una de las principales novedades de la Ley-, esta norma se aplicará también en
el ámbito de las Administraciones públicas, razón por la cual la Ley no solamente posee el carácter de legislación
laboral sino que constituye, en sus aspectos fundamentales, norma básica del régimen estatutario de los funcionarios
públicos, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª. de la Constitución. Con ello se confirma también
la vocación de universalidad de la Ley, en cuanto dirigida a abordar, de manera global y coherente, el conjunto de los
problemas derivados de los riesgos relacionados con el trabajo, cualquiera que sea el ámbito en el que el trabajo se
preste.
En consecuencia, el ámbito de aplicación de la Ley incluye tanto a los trabajadores vinculados por una relación
laboral en sentido estricto, como al personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de
las Administraciones públicas, así como a los socios trabajadores o de trabajo de los distintos tipos de cooperativas,
sin más exclusiones que las correspondientes, en el ámbito de la función pública, a determinadas actividades de
policía, seguridad, reguardo aduanero, peritaje forense y protección civil cuyas particularidades impidan la aplicación
de la Ley, la cual inspirará, no obstante, la normativa específica que se dicte para salvaguardar la seguridad y la salud
de los trabajadores en dichas actividades; en sentido similar, la Ley prevé su adaptación a las características propias de
los centros y establecimientos militares y de los establecimientos penitenciarios.
4.

La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto de actuaciones de los poderes
públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores, se articula en la Ley en base a los principios de eficacia, coordinación y
participación, ordenando tanto la actuación de las diversas Administraciones públicas con competencias en materia
preventiva, como la necesaria participación en dicha actuación de empresarios y trabajadores, a través de sus
organizaciones representativas. En este contexto, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que se
crea se configura como un instrumento privilegiado de participación en la formulación y desarrollo de la política en
materia preventiva.

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