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Título: Ley de Prevención de Riesgos Laborales

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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Disposición
Ley ordinaria Ley de Prevención de Riesgos Laborales BOE nº 269 10-11-1995

Órgano emisor: Jefatura del Estado
Fecha de aprobación: 08-11-1995
Fecha de publicación: 10-11-1995

Análisis de la disposición

Afecta a
-

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores
Afectada por

© INSHT

-

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras. BOE núm. 266 del sábado 6 de noviembre de 1999

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE nº 71 de 23 de marzo

-

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

-

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

-

LEY 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas
europeas. BOE núm. 250 de 19 de octubre

-

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

-

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE nº 71 de 23 de marzo

-

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

-

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Índice

Exposición de motivos
1.

El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios
rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los
trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar
fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones
preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar
progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una armonización paulatina
de esas condiciones en los diferentes países europeos.
De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la necesidad de armonizar nuestra
política con la naciente política comunitaria en esta materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y
tratamiento de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la modificación del
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta Única, a tenor de cuyo artículo 118 A)
los Estados miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del medio de trabajo para conseguir

© INSHT

el objetivo antes citado de armonización en el progreso de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
Este objetivo se ha visto reforzado en el Tratado de la Unión Europea mediante el procedimiento que en el mismo se
contempla para la adopción, a través de Directivas, de disposiciones mínimas que habrán de aplicarse
progresivamente.

Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo sobre protección de la salud de los
trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE,
relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el
trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de prevención comunitaria.
La presente Ley transpone al derecho español la citada Directiva, al tiempo que incorpora al que será nuestro
cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en una
norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la
maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en
empresas de trabajo temporal.
Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2. de nuestra ley de leyes y la comunidad jurídica
establecida por la Unión Europea en esta materia configuran el soporte básico en que se asienta la presente Ley. Junto
a ello, nuestros propios compromisos contraídos con la Organización Internacional del Trabajo a partir de la
ratificación del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, enriquecen el
contenido del texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro de nuestro sistema
jurídico.
2.

Pero no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales del Estado español de donde se
deriva la exigencia de un nuevo enfoque normativo. Dimana también, en el orden interno, de una doble necesidad: la
de poner término, en primer lugar, a la falta de una visión unitaria en la política de prevención de riesgos laborales
propia de la dispersión de la normativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de normas de muy diverso rango
y orientación, muchas de ellas anteriores a la propia Constitución Española; y, en segundo lugar, la de actualizar
regulaciones ya desfasadas y regular situaciones nuevas no contempladas con anterioridad. Necesidades éstas que, si

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siempre revisten importancia, adquieren especial trascendencia cuando se relacionan con la protección de la seguridad
y la salud de los trabajadores en el trabajo, la evolución de cuyas condiciones demanda la permanente actualización de
la normativa y su adaptación a las profundas transformaciones experimentadas.
3.

Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los
riesgos laborales.
A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de su salud e
integridad, la Ley establece las diversas obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho, así como
las actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir positivamente en la consecución de dicho
objetivo.
Al insertarse esta Ley en el ámbito específico de las relaciones laborales, se configura como una referencia legal
mínima en un doble sentido: el primero, como Ley que establece un marco legal a partir del cual las normas
reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas; y, el segundo, como
soporte básico a partir del cual la negociación colectiva podrá desarrollar su función específica. En este aspecto, la
Ley y sus normas reglamentarias constituyen legislación laboral, conforme al artículo 149.1.7ª. de la Constitución.

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Pero, al mismo tiempo -y en ello radica una de las principales novedades de la Ley-, esta norma se aplicará también en
el ámbito de las Administraciones públicas, razón por la cual la Ley no solamente posee el carácter de legislación
laboral sino que constituye, en sus aspectos fundamentales, norma básica del régimen estatutario de los funcionarios
públicos, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª. de la Constitución. Con ello se confirma también
la vocación de universalidad de la Ley, en cuanto dirigida a abordar, de manera global y coherente, el conjunto de los
problemas derivados de los riesgos relacionados con el trabajo, cualquiera que sea el ámbito en el que el trabajo se
preste.
En consecuencia, el ámbito de aplicación de la Ley incluye tanto a los trabajadores vinculados por una relación
laboral en sentido estricto, como al personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de
las Administraciones públicas, así como a los socios trabajadores o de trabajo de los distintos tipos de cooperativas,
sin más exclusiones que las correspondientes, en el ámbito de la función pública, a determinadas actividades de
policía, seguridad, reguardo aduanero, peritaje forense y protección civil cuyas particularidades impidan la aplicación
de la Ley, la cual inspirará, no obstante, la normativa específica que se dicte para salvaguardar la seguridad y la salud
de los trabajadores en dichas actividades; en sentido similar, la Ley prevé su adaptación a las características propias de
los centros y establecimientos militares y de los establecimientos penitenciarios.
4.

La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto de actuaciones de los poderes
públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores, se articula en la Ley en base a los principios de eficacia, coordinación y
participación, ordenando tanto la actuación de las diversas Administraciones públicas con competencias en materia
preventiva, como la necesaria participación en dicha actuación de empresarios y trabajadores, a través de sus
organizaciones representativas. En este contexto, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que se
crea se configura como un instrumento privilegiado de participación en la formulación y desarrollo de la política en
materia preventiva.

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Pero tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no puede descansar exclusivamente
en la ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho
laboral. El propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de la
educación en dicha materia en todos los niveles educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y constituye uno de
los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para el futuro de los perseguidos por la presente Ley.
5.

La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa que desborda el mero
cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y,
más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención
desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo
y su actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y
globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la
efectividad de dichas medidas constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos
laborales que la Ley plantea. Y, junto a ello, claro está, la información y la formación de los trabajadores dirigidas a
un mejor conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y
evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las personas que
en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.

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Desde estos principios se articula el capítulo III de la Ley, que regula el conjunto de derechos y obligaciones
derivados o correlativos del derecho básico de los trabajadores a su protección, así como, de manera más específica,
las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia o en caso de riesgo grave e inminente, las garantías y
derechos relacionados con la vigilancia de la salud de los trabajadores, con especial atención a la protección de la
confidencialidad y el respeto a la intimidad en el tratamiento de estas actuaciones, y las medidas particulares a adoptar
en relación con categorías específicas de trabajadores, tales como los jóvenes, las trabajadoras embarazadas o que han
dado a luz recientemente y los trabajadores sujetos a relaciones laborales de carácter temporal.
Entre las obligaciones empresariales que establece la Ley, además de las que implícitamente lleva consigo la garantía
de los derechos reconocidos al trabajador, cabe resaltar el deber de coordinación que se impone a los empresarios que
desarrollen sus actividades en un mismo centro de trabajo, así como el de aquéllos que contraten o subcontraten con
otros la realización en sus propios centros de trabajo de obras o servicios correspondientes a su actividad de vigilar el
cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención.
Instrumento fundamental de la acción preventiva en la empresa es la obligación regulada en el capítulo IV de
estructurar dicha acción a través de la actuación de uno o varios trabajadores de la empresa específicamente
designados para ello, de la constitución de un servicio de prevención o del recurso a un servicio de prevención ajeno a
la empresa. De esta manera, la Ley combina la necesidad de una actuación ordenada y formalizada de las actividades
de prevención con el reconocimiento de la diversidad de situaciones a las que la Ley se dirige en cuanto a la magnitud,
complejidad e intensidad de los riesgos inherentes a las mismas, otorgando un conjunto suficiente de posibilidades,
incluida la eventual participación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para
organizar de manera racional y flexible el desarrollo de la acción preventiva, garantizando en todo caso tanto la
suficiencia del modelo de organización elegido, como la independencia y protección de los trabajadores que,
organizados o no en un servicio de prevención, tengan atribuidas dichas funciones.
6.

El capítulo V regula, de forma detallada, los derechos de consulta y participación de los trabajadores en relación
con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo. Partiendo del sistema de representación colectiva

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vigente en nuestro país, la Ley atribuye a los denominados Delegados de Prevención - elegidos por y entre los
representantes del personal en el ámbito de los respectivos órganos de representación - el ejercicio de las funciones
especializadas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las competencias, facultades y
garantías necesarias. Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, continuando la experiencia de actuación de una
figura arraigada y tradicional de nuestro ordenamiento laboral, se configura como el órgano de encuentro entre dichos
representantes y el empresario para el desarrollo de una participación equilibrada en materia de prevención de riesgos.
Todo ello sin perjuicio de las posibilidades que otorga la Ley a la negociación colectiva para articular de manera
diferente los instrumentos de participación de los trabajadores, incluso desde el establecimiento de ámbitos de
actuación distintos a los propios del centro de trabajo, recogiendo con ello diferentes experiencias positivas de
regulación convencional cuya vigencia, plenamente compatible con los objetivos de la Ley, se salvaguarda a través de
la disposición transitoria de ésta.
7.

Tras regularse en el capítulo VI las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes, importadores y
suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria de
mercado interior dictada para asegurar la exclusiva comercialización de aquellos productos y equipos que ofrezcan los
mayores niveles de seguridad para los usuarios, la Ley aborda en el capítulo VII la regulación de las responsabilidades
y sanciones que deben garantizar su cumplimiento, incluyendo la tipificación de las infracciones y el régimen
sancionador correspondiente.

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Finalmente, la disposición adicional quinta viene a ordenar la creación de una fundación, bajo el protectorado del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con participación, tanto de las Administraciones públicas como de las
organizaciones representativas de empresarios y trabajadores, cuyo fin primordial será la promoción, especialmente en
las pequeñas y medianas empresas, de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo. Para permitir a la fundación el desarrollo de sus actividades, se dotará a la misma por parte del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de un patrimonio procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada por las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Con ello se refuerzan, sin duda, los objetivos de responsabilidad, cooperación y participación que inspiran la Ley en
su conjunto.
8.

El proyecto de Ley, cumpliendo las prescripciones legales sobre la materia, ha sido sometido a la consideración
del Consejo Económico y Social, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

CAPÍTULO I Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1: Normativa sobre prevención de riesgos laborales
La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de
desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la
adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito.

Artículo 2: Objeto y carácter de la norma

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1.

La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para
la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la
información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los
términos señalados en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones
públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

2.

Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso
el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios
colectivos.

Artículo 3: Ámbito de aplicación
1.

Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o
estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se
contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que
puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas,
constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista
en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica.
Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en
estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la
Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de
esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas
para las que prestan sus servicios.

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2.

La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de
las funciones públicas de:
-

Policía, seguridad y resguardo aduanero.
Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad
pública.

Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades.
3.

En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las
particularidades previstas en su normativa específica. En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la
presente Ley aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto
en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

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4.

La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar
familiar. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados
se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

Artículo 4: Definiciones
A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:
1.

Se entenderá por "prevención" el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

2.

Se entenderá como "riesgo laboral" la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de
que se produzca el daño y la severidad del mismo.

3.

Se considerarán como "daños derivados del trabajo" las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u
ocasión del trabajo.

4.

Se entenderá como "riesgo laboral grave e inminente" aquel que resulte probable racionalmente que se materialice
en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

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En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará
que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato
una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se
manifiesten de forma inmediata.
5.

Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos "potencialmente peligrosos" aquellos
que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores
que los desarrollan o utilizan.

6.

Se entenderá como "equipo de trabajo" cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el
trabajo.

7.

Se entenderá como "condición de trabajo" cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas
en esta definición:

8.

a.

Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el
centro de trabajo.

b.

La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.

c.

Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de
los riesgos mencionados.

d.

Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que
influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

Se entenderá por "equipo de protección individual" cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así

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como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

CAPÍTULO II Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud
en el trabajo

Artículo 5: Objetivos de la política
1.

La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo
dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas que
correspondan y, en particular, las que se regulan en este capítulo, que se orientarán a la coordinación de las distintas
Administraciones públicas competentes en materia preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones que
conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados, a cuyo fin:

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a.

La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades
que integran la Administración local se prestarán cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus
respectivas competencias en el ámbito de lo previsto en este artículo.

b.

La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los empresarios y de los
trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

2.

A los fines previstos en el apartado anterior las Administraciones públicas promoverán la mejora de la educación
en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa
correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales, así como la adecuación de la formación de los
recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales.
En el ámbito de la Administración General del Estado se establecerá una colaboración permanente entre el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que correspondan, en particular los de Educación y Ciencia y Sanidad
y Consumo, al objeto de establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas, así como la revisión
permanente de estas enseñanzas, con el fin de adaptarlas a las necesidades existentes en cada momento.

3.

Del mismo modo, las Administraciones públicas fomentarán aquellas actividades desarrolladas por los sujetos a
que se refiere el apartado 1 del artículo segundo, en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la
promoción de estructuras eficaces de prevención.
Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y el
perfeccionamiento de los niveles de protección. Los programas podrán instrumentarse a través de la concesión de los
incentivos que reglamentariamente se determinen que se destinarán especialmente a las pequeñas y medianas
empresas.
Añadido por Ley Orgánica 3/2007.

4.

Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres,
considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como en

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el estudio e investigación generales en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y
prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los
trabajadores.

Artículo 6: Normas reglamentarias
1.

2.

El Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y previa consulta a las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas, regulará las materias que a continuación se relacionan:
a.

Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores.

b.

Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos y las exposiciones laborales a
agentes que entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Específicamente podrá establecerse
el sometimiento de estos procesos u operaciones a trámites de control administrativo, así como, en el caso de
agentes peligrosos, la prohibición de su empleo.

c.

Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos contemplados en el apartado anterior,
tales como la exigencia de un adiestramiento o formación previa o la elaboración de un plan en el que se
contengan las medidas preventivas a adoptar.

d.

Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías
y guías de actuación preventiva.

e.

Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención, considerando las
peculiaridades de las pequeñas empresas con el fin de evitar obstáculos innecesarios para su creación y
desarrollo, así como capacidades y aptitudes que deban reunir los mencionados servicios y los trabajadores
designados para desarrollar la acción preventiva.

f.

Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente peligrosos, en particular
si para los mismos están previstos controles médicos especiales, o cuando se presenten riesgos derivados de
determinadas características o situaciones especiales de los trabajadores.

g.

Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así como requisitos y procedimientos para
la comunicación e información a la autoridad competente de los daños derivados del trabajo.

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Las normas reglamentarias indicadas en el apartado anterior se ajustarán, en todo caso, a los principios de política
preventiva establecidos en esta Ley, mantendrán la debida coordinación con la normativa sanitaria y de seguridad
industrial y serán objeto de evaluación y, en su caso, de revisión periódica, de acuerdo con la experiencia en su
aplicación y el progreso de la técnica.

Artículo 7: Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral
1.

En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas competentes en materia laboral
desarrollarán funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento
por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, y
sancionarán las infracciones a dicha normativa, en los siguientes términos:
a.

Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos técnicos en materia preventiva,
incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información, divulgación, formación e investigación en materia
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preventiva, así como el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas para la
consecución de los objetivos previstos en esta Ley.

2.

b.

Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones
de vigilancia y control. A estos efectos, prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el
mejor cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor
eficacia en el control.

c.

Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por los sujetos
comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, con arreglo a lo previsto en el capítulo VII de la
misma.

Las funciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral que se señalan en el apartado 1
continuarán siendo desarrolladas, en lo referente a los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de
técnica minera, a los que impliquen fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos
o el empleo de energía nuclear, por los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora.
Las competencias previstas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de lo establecido en la legislación
específica sobre productos e instalaciones industriales.

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Artículo 8: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
1.

2.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la
Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. para ello establecerá la cooperación
necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.
El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:
a.

Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a
nivel nacional como internacional.

b.

Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y
divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su
caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de la Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus
funciones en esta materia.

c.

Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su
función de vigilancia y control, prevista en el artículo 9 de la presente Ley, en el ámbito de las Administraciones
públicas.

d.

Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional en este
ámbito, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas.

e.

Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean encomendadas en el
ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada
en el artículo 13 de esta Ley, con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las Comunidades
Autónomas con competencias en la materia.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de sus funciones, velará por la
coordinación, apoyará el intercambio de información y las experiencias entre las distintas Administraciones públicas y
especialmente fomentará y prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad y de la salud

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por las Comunidades Autónomas.
Asimismo, prestará, de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo técnico especializado en materia de
certificación, ensayo y acreditación.
3.

En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
actuará como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá
facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su
Red.

4.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de sus
competencias.

Artículo 9: Inspección de Trabajo y Seguridad Social
1.

Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales. En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:
a.

Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas
jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la
calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción
correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de
acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de la presente Ley.

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b.

Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las
disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.

c.

Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos
en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

d.

Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre
aquellos otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así
como sobre las enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en general, en los
supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de
riesgos laborales.

e.

Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención
establecidos en la presente ley.

f.

Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia de
riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.

2.
Las Administraciones General del Estado y de las comunidades autónomas adoptarán, en sus respectivos ámbitos
de competencia, las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el ámbito de la Administración General del Estado serán
prestados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de actuación, en sus respectivos ámbitos
competenciales y territoriales, para contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas,
especialmente en las de mediano y pequeño tamaño y las de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o de

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siniestralidad, a través de acciones de asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica.
En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos de las citadas Administraciones que ejerzan labores
técnicas en materia de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo anterior, podrán desempeñar
funciones de asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y
centros de trabajo, con el alcance señalado en el apartado 3 de este artículo y con la capacidad de requerimiento a que
se refiere el artículo 43 de esta ley, todo ello en la forma que se determine reglamentariamente.
Las referidas actuaciones comprobatorias se programarán por la respectiva Comisión Territorial de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el artículo 17.2 de la ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su integración en el plan de acción en Seguridad y Salud Laboral de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
A continuación texto añadido por la Ley 54/2003:

3.

Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado anterior, se deduzca la existencia de
infracción, y siempre que haya mediado incumplimiento de previo requerimiento, el funcionario actuante remitirá
informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos comprobados, a efectos de
que se levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera.A estos efectos, los hechos relativos a las
actuaciones de comprobación de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en tales
informes gozarán de la presunción de certeza a que se refiere la disposición adicional cuarta, apartado 2, de la Ley
42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
A continuación texto añadido por la Ley 54/2003:

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4.

Las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, estarán sujetas a los plazos establecidos en el artículo
14, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 10: Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria
Las actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria referentes a la salud laboral se
llevarán a cabo a través de las acciones y en relación con los aspectos señalados en el capítulo IV del Título I de la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y disposiciones dictadas para su desarrollo
En particular, corresponderá a las Administraciones públicas citadas:
a.

El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter sanitario que
se realicen en las empresas por los servicios de prevención actuantes. Para ello, establecerán las pautas y protocolor de
actuación, oídas las sociedades científicas, a los que deberán someterse los citados servicios.

b.

La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con las autoridades
laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así como la realización de estudios epidemiológicos para la
identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los trabajadores, así como hacer posible
un rápido intercambio de información.

c.

La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral, deba recibir el
personal sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados.

d.

La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los
trabajadores.

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Artículo 11: Coordinación administrativa
La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de la prevención, la
investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
determinan la necesidad de coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, sanitaria y
de industria para una más eficaz protección de la seguridad y la salud de los trabajadores
En el marco de dicha coordinación, la Administración competente en materia laboral velará, en particular, para que la
información obtenida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de las funciones atribuidas a la misma
en el apartado 1 del artículo 9 de esta Ley sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria competente a los fines
dispuestos en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, así
como de la Administración competente en materia de industria a los efectos previstos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria.

Artículo 12: Participación de empresarios y trabajadores
La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las
condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico de la
política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones públicas competentes en los distintos
niveles territoriales.

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Artículo 13: Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
1.

Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano colegiado asesor de las
Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.

La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual
número de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por
representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

3.

La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas competentes en materia de
promoción de la prevención de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren
los artículos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones,
específicamente en lo referente a:

4.

-

Criterios y programas generales de actuación.

-

Proyectos de disposiciones de carácter general.

-

Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas competentes en materia
laboral.

-

Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia laboral, sanitaria y de industria.

La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas
tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales.

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5.

La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno de los grupos que la integran.
La Presidencia de la Comisión corresponderá al Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, recayendo la
Vicepresidencia atribuida a la Administración General del Estado en el Subsecretario de Sanidad y Consumo.

6.

La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, recaerá en la Dirección del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

7.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en Pleno, en Comisión Permanente o en
Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará la propia Comisión.
En lo no previsto en la presente Ley y en el Reglamento interno a que hace referencia el párrafo anterior la Comisión
se regirá por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

CAPÍTULO III Derechos y obligaciones

Artículo 14: Derecho a la protección frente a los riesgos laborales
1.

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Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente
a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su
servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad
en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previsto en la presente Ley,
forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la
actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de
plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de
los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la
constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta
Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de
perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan
podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que
incidan en la realización del trabajo.
3.
4.

El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de protección
y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el

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desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra
cualquier otra persona.
5.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los
trabajadores.

Artículo 15: Principios de la acción preventiva
1.

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con
arreglo a los siguientes principios generales:
a.

Evitar los riesgos

b.

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar

c.

Combatir los riesgos en su origen

d.

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así
como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud

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e.

Tener en cuenta la evolución de la técnica

f.

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro

g.

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo

h.

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual

i.

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores

2.

El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y
de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3.

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

4.

La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar
determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
substancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

5.

Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo
personal.

Artículo 16: Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de
la actividad preventiva

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1.

La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de
un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de
prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

2.
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados
a caabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad
preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:
a.

El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los
puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con
ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento
de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y
actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condicioes de trabajo y,
en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud
que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar
situaciones potencialmente peligrosas.

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b.

3.

Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el
empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos.
Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el
plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su
ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la
planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como
consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de
protección requeridos.

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la
salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el
empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

Artículo 17: Equipos de trabajo y medios de protección
1.

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud
de los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

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a.
b.

2.

La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los
trabajadores específicamente capacitados para ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos
realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de
organización del trabajo.

Artículo 18: Información, consulta y participación de los trabajadores
1.

A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las
medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
a.

Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la
empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.

b.

Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado
anterior.

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c.
Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente
apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá
informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de
las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
2.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones
que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente
Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y
presentación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y
la salud en la empresa.

Artículo 19: Formación de los trabajadores
1.

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación,
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a
la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

2.

La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada
de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La
formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste

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no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

Artículo 20: Medidas de emergencia
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas
ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal
deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las
circunstancias antes señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con
serviciosexternos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y
lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Artículo 21: Riesgo grave e inminente
1.

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el
empresario estará obligado a:

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a.

Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las
medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.

b.

Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e
inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar
de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el
peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.

c.

Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico,
ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la
empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su
disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

2.

De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a
interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad
entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.

3.

Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción
de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de
éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por
dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de
veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de
Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.

4.

Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a
que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

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Artículo 22: Vigilancia de la salud
1.

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función
de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario
sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización
de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los
demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición
legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores
molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

2.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud.

3.

Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.

4.

Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios
ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias
que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras
personas sin consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán
informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del
trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de
protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente su funciones en materia preventiva.

5.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los
trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la
relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.

6.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con
competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

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Artículo 23: Documentación
1.

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación
relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:
a.
Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley.
b.
Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles

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periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el
párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.
c.
Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en
su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo
16 de esta ley.
d.

Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y
conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado
artículo.

e.

Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una
incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a
que se refiere el apartado 3 del presente artículo.

2.

En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación
señalada en el apartado anterior.

3.

El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de los
trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al
procedimiento que se determine reglamentariamente.

4.

La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser puesta a disposición de las
autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en
el artículo 21 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

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Artículo 24: Coordinación de actividades empresariales
1.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán
cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de
coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre
los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.

2.

El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que
desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con
los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como
sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.

3.

Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la
propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por
dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.

4.

Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán también de
aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista
o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores
deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.

5.

Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación
respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.
A continuación texto añadido por la Ley 54/2003:

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6.

Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente.

Artículo 25: Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos
1.

El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin,
deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas
preventivas y de protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características
personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos,
los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general,
cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

2.

Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que puedan incidir en
la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos
y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la
fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.

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Artículo 26: Protección de la maternidad
1.

La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la determinación
de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o
del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación
revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las
citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través
de un adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
Modificado por Ley Orgánica 3/2007.

2.

Cuando la adaptación de las condiciones o el tiempo de trabajo no resultase posible, o a pesar de tal adaptación,
las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del
feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en
función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe
del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta
con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los
supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora
permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o
función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

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3.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por
motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por
riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período
necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su
puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
Modificado por Ley Orgánica 3/2007.

4.

Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia
natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo
certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la
Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico
del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el
pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos
menores de nueves meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las
circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.

5.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

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Artículo 27: Protección de los menores
1.

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier
modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de
trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de
trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.
A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el
desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o
potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido en la
contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las
medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud.

2.

Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno establecerá las limitaciones a la contratación
de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos.

Artículo 28: Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de
trabajo temporal
1.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por
empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los
restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.
La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en ningún caso una
diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la

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protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas en los
párrafos anteriores.
2.

El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad,
los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar
expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la
exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así
como sobre las medidas de protección y prevención frente a los mismos.
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del puesto de
trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar
expuestos.

3.

Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia periódica de su estado de
salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo.

4.

El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de protección y
prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los
trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma
adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa.

5.

En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de las
condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de
información previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo.
La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y
vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto
en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores
afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a
desempeñar y de las cualificaciones requeridas.
La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la misma de la adscripción de los
trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos
representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley.

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Artículo 29: Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos
1.

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras
personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

2.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:
1.

Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos,
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que
desarrollen su actividad.

2.

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las
instrucciones recibidas de éste.

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3.

3.

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

4.

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación
que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

5.

Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

6.

Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren
los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1
del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la correspondiente normativa
sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones
públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad
consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.

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CAPÍTULO IV Servicios de prevención

Artículo 30: Protección y prevención de riesgos profesionales
1.

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa.

2.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y
ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los
trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la
letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención.

3.

Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el
acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.

4.

Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en
particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo
68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida
constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información
relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.

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5.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas
en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad
necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente
Ley.

6.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la
empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos
que reglamentariamente se determinen.

Artículo 31: Servicios de prevención
1.

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de
prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la
peligrosidad de las actividades desarrolladas, con el alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere la
letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de
prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.
Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se tendrá en cuenta su estructura
organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados.

2.

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las
actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores,
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de
representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el
acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.

3.

Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo
que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

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a.
El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración
de la prevención en la empresa.
b.

La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los
términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.

c.
La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las
medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.

4.

d.

La información y formación de los trabajadores.

e.

La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.

f.

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus
funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos
servicios, así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a
desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:

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5.

a.

Tamaño de la empresa.

b.

Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.

c.

Distribución de riesgos en la empresa.

Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de acreditación
por la Administración laboral, mediante la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan
reglamentariamente y previa aprobación de la Administración sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.

Artículo 32: Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social podrán desarrollar para
las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, con sujeción a lo dispuesto en
el apartado 5 del artículo 31.
Los representantes de los empresarios y de los trabajadores tendrán derecho a participar en el control y seguimiento de
la gestión desarrollada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en
las funciones a que se refiere el párrafo anterior conforme a lo previsto en el artículo 39. cinco de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y de orden social.

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Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.
1.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización
de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
a.

Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el
control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.

b.

Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con
riesgos especiales.

c.

Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

2.

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes:
a.

Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b.

Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c.

Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. Cuando la
presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí.

3.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los
medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.

4.

No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a
uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores
designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que

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se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del
nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del
empresario.

CAPÍTULO V Consulta y participación de los trabajadores

Artículo 33: Consulta de los trabajadores
1.

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas
a:
a.

La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo
lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores,
derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el
impacto de los factores ambientales en el trabajo.

b.

La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos
profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el
recurso a un servicio de prevención externo.

c.
d.

2.

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La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1. y 23,
apartado 1, de la presente Ley.

e.

El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

f.

Cualquier otra acción que pueda tener efectos substanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el apartado
anterior se llevarán a cabo con dichos representantes.

Artículo 34: Derechos de participación y representación
1.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de
riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de
éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capítulo.

2.

A los Comités de empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los
términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los
intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del
personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de información, consulta y negociación,
vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales competentes.

3.

El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las Administraciones

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públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las
diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de su estructura organizativa y sus
peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre
negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno tendrá en
cuenta los siguientes criterios:
a.

En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en
esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.

b.

Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la función de
participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter
general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones
públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las características de la actividad y frecuencia
de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.

c.

Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá garantizar
una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el
trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico
establecido al efecto.

d.

Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los órganos de
representación previstos en la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, que estará integrado por los Delegados de Prevención designados en dicho ámbito,
tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el personal laboral, y por
representantes de la Administración en número no superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán constituirse
Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los
riesgos así lo aconsejen.

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Artículo 35: Delegados de Prevención
1.
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.
2.
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los
órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente
escala:

Número de Delegados de prevención por trabajadores
Trabajadores

Delegados de prevención

De 50 a 100 trabajadores

2

De 101 a 500 trabajadores

3

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De 501 a 1000 trabajadores

4

De 1001 a 2000 trabajadores

5

De 2001 a 3000 trabajadores

6

De 3001 a 4000 trabajadores

7

De 4001 en adelante

8

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y
entre los Delegados de Personal.
3.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a.
Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como
trabajadores fijos de plantilla.
b.

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Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período
de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como un
trabajador más.
4.
No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de
designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a
los representantes del personal o a los propios trabajadores.
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto
de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención
sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos
podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del
conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a
fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la Ley
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo
de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las
competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos.

Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
1.

Son competencias de los Delegados de Prevención:
a.
b.

Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.

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c.

Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere
el artículo 33 de la presente Ley.

d.

Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité
de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias
atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
2.

En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
a.

Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así
como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en
las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

b.

Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en
particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones
reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.

c.

Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que
aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de
los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.

d.

Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos
encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes
para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en
materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e.

Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la
jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.

f.

Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así
como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

g.

Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de
actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.

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3.

Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de
este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar
medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario
podrá poner en práctica su decisión.

4.

La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a
tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.

Artículo 37: Garantía y sigilo profesional de los Delegados de Prevención

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1.

Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de aplicación a los
Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en esta Ley será
considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas
mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado
crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas
por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c)
del número 2 del artículo anterior.

2.

El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva
que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o
entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros
nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá
recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.

3.

A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de

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los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como
consecuencia de su actuación en la empresa.
4.

Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención se
entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las
Administraciones públicas, a la regulación contenida en los artículos 10, párrafo segundo y 11 de la Ley 9/1987, de 12
de junio, de Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 38: Comité de Seguridad y Salud
1.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular
y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.

2.

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o
más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes
en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el
párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención
ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.

3.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones
en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con
sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

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Artículo 39: Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
1.

El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a.
Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de
riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su
incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e
introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a
que se refiere el artículo 16 de esta ley y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
b.

2.

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:
a.

Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal
efecto las visitas que estime oportunas.

b.

Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.

c.

Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de
valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

d.
3.

Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo
a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

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Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos
de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones
conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las
empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.

Artículo 40: Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
1.

Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran
que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y
la salud en el trabajo.

2.

En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su
representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su
ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de su
visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones
puedan perjudicar el éxito de sus funciones.

3.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención sobre los resultados de las
visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así
como al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que
debe existir en cada centro de trabajo.

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4.

Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán consultadas con carácter previo a la
elaboración de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de
riesgos en el trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e
informadas del resultado de dichos planes.

CAPÍTULO VI Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Artículo 41: Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores
1.

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están
obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y
utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.
Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están
obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones
de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que
su almacenamiento o utilización comporten.
Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar la información que indique la forma
correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos
laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a
asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma
recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van
dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y éstos recabar de aquéllos,
la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas
y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para que los
empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores.

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2.

El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere el apartado anterior sean facilitadas a los
trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos.

CAPÍTULO VII Responsabilidades y sanciones

Artículo 42: Responsabilidades y su compatibilidad
1.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará
lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los
daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

2.
Apartados 2, 4 y derogados por Real Decreto Legislativo 5/2000
La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3

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del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de
las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de
trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho
empresario principal.
Artículo 42.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000.
3.

Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del Sistema de la
Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo previsto en la normativa
reguladora de dicho sistema.

4.
Apartados 2, 4 y derogados por Real Decreto Legislativo 5/2000.
En las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, y sin perjuicio de las responsabilidades
propias de éstas, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo
relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, así como del recargo de prestaciones
económicas del sistema de Seguridad Social que puedan fijarse, en caso de accidente de trabajo o enfermedad
profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante el tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición
y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene.

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La corrección de las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, en el ámbito de las
Administraciones públicas se sujetará al procedimiento y normas de desarrollo del artículo 45.1 y concordantes de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 42.3 y 42.4 del Real Decreto Legislativo 5/2000.
5.
Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000.
La declaración de hechos probados que contenga una sentencia firme del orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, relativa a la existencia de infracción a la normativa de prevención de riesgos laborales, vinculará al
orden social de la jurisdicción, en lo que se refiere al recargo, en su caso, de la prestación económica del sistema de
Seguridad Social.
Artículo 42.5 del Real Decreto Legislativo 5/2000.

Artículo 43: Requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
1.

Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una infracción a la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas,
salvo que por la gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el artículo 44.
Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, es su caso.

2.

El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará saber por escrito al empresario
presuntamente responsable señalando las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su
subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento de los Delegados de Prevención.
Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el Inspector de Trabajo y Seguridad
Social, de no haberlo efectuado inicialmente, levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos.
A continuación texto añadido por la Ley 54/2003:

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3.

Los requerimientos efectuados por los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 9.2 de esta ley, en ejercicio
de sus funciones de apoyo y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se practicarán con los
requisitos y efectos establecidos en el apartado anterior, pudiendo reflejarse en el Libro de Visitas de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente.

Artículo 44: Paralización de trabajos
1.

Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los
trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada a la
empresa responsable, que la pondrá en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Comité de
Seguridad y Salud, del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los representantes del personal. La empresa
responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación.
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma inmediata a la autoridad laboral. La
empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el
plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas. Tal
resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que procedan.
La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la hubiera decretado,
o por el empresario tan pronto como se subsanen las causas que la motivaron, debiendo, en este último caso,
comunicarlo inmediatamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

2.

Los supuestos de paralización regulados en este artículo, así como los que se contemplen en la normativa
reguladora de las actividades previstas en el apartado 2 del artículo 7 de la presente Ley, se entenderán, en todo caso,
sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para
su garantía.

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Artículo 45: Infracciones administrativas
Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los diferentes
sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos
en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme a esta ley.
Artículo 5.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000.
1.

Son infracciones a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u omisiones de los
empresarios que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en
materia de seguridad y de salud laboral sujetas a responsabilidades conforme a la presente Ley. Texto modificado
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, artículo 36
punto uno
No obstante lo anterior, en el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las Administraciones
públicas, las infracciones serán objeto de responsabilidades a través de la imposición, por resolución de la autoridad
competente, de la realización de las medidas correctoras de los correspondientes incumplimientos, conforme al
procedimiento que al efecto se establezca.
En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al Gobierno la regulación de dicho
procedimiento, que se ajustará a los siguientes principios:
a.

El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por

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orden superior, bien por propia iniciativa o a petición de los representantes del personal.
b.

Tras su actuación, la Inspección efectuará un requerimiento sobre las medidas a adoptar y plazo de ejecución
de las mismas, del que se dará traslado a la unidad administrativa inspeccionada a efectos de formular
alegaciones.

c.

En caso de discrepancia entre los Ministros competentes como consecuencia de la aplicación de este
procedimiento, se elevarán las actuaciones al Consejo de Ministros para su decisión final.

Artículo 46: Infracciones leves
Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000.

Artículo 47: Infracciones graves
Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000.

Artículo 48: Infracciones muy graves

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Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000.

Artículo 49: Sanciones

Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000, que ahora establece unos criterios de gradauación de las sanciones (
Artículo 39) y la cuantía de las mismas (Artículo 40).

Artículo 50: Reincidencia
Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000

Artículo 51: Prescripción de las infracciones
Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000, estableciéndose dicha prescripción en el Artículo 4 de dicha
disposición.

Artículo 52: Competencias sancionadoras
Derogado por Real Decreto Legislativo 5/2000.

Artículo 53: Suspensión o cierre del centro de trabajo
El Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia,
cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo,
podrán acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del
centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y
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de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.

Artículo 54: Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración
Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión de delitos o por infracciones
administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, se regirán por lo establecido en la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Disposición adicional primera: Definiciones a efectos de Seguridad Social
Sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional,
accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa
de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito
normativo.

Disposición adicional segunda: Reordenación orgánica

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Queda extinguida la Organización de los Servicios Médicos de Empresa, cuyas funciones pasarán a ser desempeñadas
por la Administración sanitaria competente en los términos de la presente Ley.
Los recursos y funciones que actualmente tienen atribuidos el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo y la
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo se adscriben y serán desarrollados por las unidades, organismos o entidades del
Ministerio de Sanidad y Consumo conforme a su organización y distribución interna de competencias.
El Instituto Nacional de Silicosis mantendrá su condición de centro de referencia nacional de prevención técnicosanitaria
de las enfermedades profesionales que afecten al sistema cardiorrespiratorio.

Disposición adicional tercera: Carácter básico
1.

Esta Ley, así como las normas reglamentarias que dicte el Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 6,
constituyen legislación laboral, dictada al amparo del artículo 149.1.7ª de la Constitución.

2.

Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las
Administraciones públicas, la presente Ley será de aplicación en los siguientes términos:
a.

Los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas en el sentido previsto en el
artículo 149.1.18ª de la Constitución:
2.
3, apartados 1 y 2, excepto el párrafo segundo.
4.
5, apartado 1.
12.
14, apartados 1, 2, excepto la remisión al capítulo IV, 3, 4 y 5.
15.
16.
17.

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18, apartados 1 y 2, excepto la remisión al capítulo V.
19, apartados 1 y 2, excepto la referencia a la impartición por medios propios o concertados.
20.
21.
22.
23.
24, apartados 1, 2 y 3.
25.
26.
28, apartados 1, párrafos primero y segundo, 2, 3 y 4, excepto en lo relativo a las empresas de trabajo temporal.
29.
30, apartados 1, 2, excepto la remisión al artículo 6.1.a), 3 y 4, excepto la remisión al texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.
31, apartados 1, excepto remisión al artículo 6.1.a), 2, 3 y 4.
33.
34, apartados 1, párrafo primero, 2 y 3, excepto párrafo segundo.
35, apartados 1, 2, párrafo primero, 4, párrafo tercero.

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36, excepto las referencias al Comité de Seguridad y Salud.
37, apartados 2 y 4.
42, apartado 1.

45, apartado 1, párrafo tercero.

Disposición adicional cuarta. Designación de Delegados de Prevención en supuestos especiales.
Disposición transitoria, apartado 3º.
Tendrán este mismo carácter básico, en lo que corresponda, las normas reglamentarias que dicte el Gobierno en
virtud de lo establecido en el artículo 6 de esta Ley.
A continuación texto añadido por la Ley 54/2003:
artículos 24, apartado 6, y 32 bis

3.

b.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, las funciones que la Ley atribuye a las
autoridades laborales y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán ser atribuidas a órganos diferentes.

c.

Los restantes preceptos serán de aplicación general en defecto de normativa específica dictada por las
Administraciones públicas, a excepción de lo que resulte inaplicable a las mismas por su propia naturaleza
jurídico-laboral.
El artículo 54 constituye legislación básica de contratos administrativos, dictada al amparo del artículo 149.1.18ª

de la Constitución.

Disposición adicional cuarta: Designación de Delegados de Prevención
En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no existir trabajadores con la
antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones para representantes del personal, los trabajadores
podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención, quien tendrá las
facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La actuación de éstos cesará en el momento
en que se reúnan los requisitos de antigüedad necesarios para poder celebrar la elección de representantes del personal,

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prorrogándose por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de la elección.

Disposición adicional quinta: Fundación
Adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo existirá una fundación cuya finalidad será
promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través
de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos.
Para el cumplimiento de sus fines se dotará a la fundación de un patrimonio con cargo al Fondo de Prevención y
Rehabilitación procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. La cuantía total de dicho patrimonio no excederá del 20 por ciento del
mencionado Fondo, determinada en la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Los Estatutos de la fundación serán aprobados por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el
voto favorable de dos tercios de sus miembros.
A efectos de lograr un mejor cumplimiento de sus fines, se articulará su colaboración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
La planificación, desarrollo y financiación de acciones en los distintos ámbitos territoriales tendrá en consideración la
población ocupada, el tamaño de las empresas y los índices de siniestralidad laboral. Los presupuestos que la fundación
asigne a los ámbitos territoriales autonómicos que tengan asumidas competencias de ejecución de la legislación laboral en
material de Seguridad e Higiene en el Trabajo, serán atribuidos para su gestión a los órganos tripartitos y de participación
institucional que existan en dichos ámbitos y tengan naturaleza similar a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

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En los sectores de actividad en los que existan fundaciones de ámbito sectorial, constituidas por empresarios y
trabajadores, que tengan entre sus fines la promoción de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo, el desarrollo de los objetivos y fines de la fundación se llevará a cabo, en todo caso, en coordinación
con aquéllas.

Disposición adicional sexta: Constitución de la Comisión Nacional de Seguridad
El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la vigencia de esta Ley, regulará la composición de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión se constituirá en el plazo de los treinta días siguientes.

Disposición adicional séptima: Cumplimiento de la normativa de transporte de mercancías
peligrosas
Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
regulación en materia de transporte de mercancías peligrosas.

Disposición adicional octava: Planes de organización de actividades preventivas
Cada Departamento Ministerial, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley y previa consulta con
las organizaciones sindicales más representativas, elevará al Consejo de Ministros una propuesta de acuerdo en la que se
establezca un plan de organización de las actividades preventivas en el Departamento correspondiente y en los centros,
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organismos y establecimientos de todo tipo dependientes del mismo.
A la propuesta deberá acompañarse necesariamente una memoria explicativa del coste económico de la organización
propuesta, así como el calendario de ejecución del plan, con las previsiones presupuestarias adecuadas a éste.

Disposición adicional novena: Establecimientos militares
1.

El Gobierno, en el plazo de seis meses, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas y a
propuesta de los Ministros de Defensa y Trabajo y Seguridad Social, adaptará las normas de los capítulos III y V de
esta Ley a las exigencias de la defensa nacional, a las peculiaridades orgánicas y al régimen vigente de representación
del personal en los establecimientos militares.

2.

Continuarán vigentes las disposiciones sobre organización y competencia de la autoridad laboral e Inspección de
Trabajo en el ámbito de la Administración Militar contenidas en el Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio, dictado
en desarrollo de la disposición final séptima del Estatuto de los Trabajadores.

Disposición adicional novena bis. Personal militar.
Añadido por Ley 31/2006

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Lo previsto en los capítulos III, V y VII de esta Ley se aplicará de acuerdo con la normativa específica militar.

Disposición adicional décima: Sociedades corporativas

El procedimiento para la designación de los Delegados de Prevención regulados en el artículo 35 de esta Ley en las
sociedades cooperativas que no cuenten con asalariados deberá estar previsto en sus Estatutos o ser objeto de acuerdo en
Asamblea General.
Cuando, además de los socios que prestan su trabajo personal, existan asalariados se computarán ambos colectivos a
efectos de lo dispuesto en el número 2 del artículo 35. En este caso, la designación de los Delegados de Prevención se
realizará conjuntamente por los socios que prestan trabajo y los trabajadores asalariados o, en su caso, los representantes de
éstos.

Disposición adicional undécima: Modificación del Estatuto de los Trabajadores
Se añade una, letra f) al apartado 3 del artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, del siguiente tenor:
"f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban
realizarse dentro de la jornada de trabajo".

Disposición adicional duodécima: Participación institucional en las Comunidades Autónomas
En las Comunidades Autónomas, la participación institucional, en cuanto a su estructura y organización, se llevará a
cabo de acuerdo con las competencias que las mismas tengan en materia de seguridad y salud laboral.

Disposición adicional decimotercera: Fondo de Prevención y Rehabilitación

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Los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación procedentes del exceso de excedentes de la gestión realizada
por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a que se refiere el artículo
73 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se destinarán en la cuantía que se determine
reglamentariamente, a las actividades que puedan desarrollar como servicios de prevención las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de esta Ley.

Disposición adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de
construcción
1.

Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será de aplicación en las obras de
construcción reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con las siguientes especialidades:
a.

2.

La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista.

b.

En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, la presencia de los recursos
preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos
especiales, tal y como se definen en el citado real decreto.

c.

La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas
incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

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Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Disposición adicional decimoquinta. Habilitación de funcionarios públicos
Para poder ejercer las funciones establecidas en el apartado 2 del artículo 9 de esta ley, los funcionarios públicos de
las comunidades autónomas deberán contar con una habilitación específica expedida por su propia comunidad autónoma,
en los términos que se determinen reglamentariamente.
En todo caso, tales funcionarios deberán pertenecer a los grupos de titulación A o B y acreditar formación específica
en materia de prevención de riesgos laborales.

Disposición transitoria primera: Aplicación de disposiciones más favorables
1.

Lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de esta Ley en materia de competencias, facultades y garantías de los
Delegados de Prevención se entenderá sin perjuicio del respeto a las disposiciones más favorables para el ejercicio de
los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales
previstas en los convenios colectivos vigentes en la fecha de su entrada en vigor.

2.

Los órganos específicos de representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales que,
en su caso, hubieran sido previstos en los convenios colectivos a que se refiere el apartado anterior y que estén
dotados de un régimen de competencias, facultades y garantías que respete el contenido mínimo establecido en los
artículos 36 y 37 de esta Ley, podrán continuar en el ejercicio de sus funciones, en sustitución de los Delegados de
Prevención, salvo que por el órgano de representación legal de los trabajadores se decida la designación de estos
Delegados conforme al procedimiento del artículo 35.

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3.

Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los acuerdos concluidos en el ámbito de la
función pública al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y
participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Disposición transitoria segunda
En tanto se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá que
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad social cumplen el requisito previsto en
el artículo 31.5 de la presente Ley.

Disposición derogatoria única: Alcance de la derogación
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley y específicamente:
a.

Los artículos 9, 10, 11, 36, apartado 2, 39 y 40, párrafo segundo, de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre
infracciones y sanciones en el orden social.

b.

El Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores, en los aspectos
de su normativa relativos al trabajo de las mujeres, manteniéndose en vigor las relativas al trabajo de los menores
hasta que el Gobierno desarrolle las previsiones contenidas en el apartado 2 del artículo 27.

c.

El Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

d.

Los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobados por Orden de 9 de
marzo de 1971.

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En lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley, y hasta que se dicten los Reglamentos a los que se hace referencia en
el artículo 6, continuará siendo de aplicación la regulación de las materia comprendidas en dicho artículo que se contienen
en el Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo o en otras normas que contengan previsiones
específicas sobre tales materias, así como la Orden del Ministerio de Trabajo de 16 de diciembre de 1987, que establece los
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo. Igualmente, continuarán vigentes las disposiciones reguladoras
de los servicios médicos de empresa hasta tanto se desarrollen reglamentariamente las previsiones de esta Ley sobre
servicios de prevención. El personal perteneciente a dichos servicios en la fecha de entrada en vigor de esta Ley se
integrará en los servicios de prevención de las correspondientes empresas, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que
continúen efectuando aquellas funciones que tuvieren atribuidas distintas de las propias del servicio de prevención.
La presente Ley no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre prevención de riesgos profesionales en
las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Estatuto del Minero, y en sus normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias.

Disposición final primera: Actualización de sanciones
La cuantía de las sanciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 49, podrá ser actualizada por el Gobierno a
propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, adaptando a la misma la atribución de competencias prevista en el
apartado 1 del artículo 52, de esta Ley.

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Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Disposición final segunda: Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 8 de noviembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Documento de carácter informativo. Únicamente se consideran auténticos los textos legales publicados en las ediciones
impresas del Boletín Oficial del Estado (BOE) o del Diario Oficial de la Unión Europea.

© INSHT

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