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LeyPrevenciondeRiesgosLaborales.pdf


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Enfermedades Profesionales, para organizar de manera racional y flexible el desarrollo de la
acción preventiva, garantizando en todo caso tanto la suficiencia del modelo de organización
elegido, como la independencia y protección de los trabajadores que, organizados o no en un
servicio de prevención, tengan atribuidas dichas funciones.
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El Capítulo V regula, de forma detallada, los derechos de consulta y participación de los
trabajadores en relación con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo.
Partiendo del sistema de representación colectiva vigente en nuestro país, la Ley atribuye a los
denominados Delegados de Prevención -elegidos por y entre los representantes del personal en el
ámbito de los respectivos órganos de representación- el ejercicio de las funciones especializadas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las competencias,
facultades y garantías necesarias. Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, continuando la
experiencia de actuación de una figura arraigada y tradicional de nuestro ordenamiento laboral, se
configura como el órgano de encuentro entre dichos representantes y el empresario para el
desarrollo de una participación equilibrada en materia de prevención de riesgos.
Todo ello sin perjuicio de las posibilidades que otorga la Ley a la negociación colectiva para
articular de manera diferente los instrumentos de participación de los trabajadores, incluso desde
el establecimiento de ámbitos de actuación distintos a los propios del centro de trabajo,
recogiendo con ello diferentes experiencias positivas de regulación convencional cuya vigencia,
plenamente compatible con los objetivos de la Ley, se salvaguarda a través de la disposición
transitoria de ésta.
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Tras regularse en el Capítulo VI las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes,
importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, que enlazan
con la normativa comunitaria de mercado interior dictada para asegurar la exclusiva
comercialización de aquellos productos y equipos que ofrezcan los mayores niveles de seguridad
para los usuarios, la Ley aborda en el Capítulo VII la regulación de las responsabilidades y
sanciones que deben garantizar su cumplimiento, incluyendo la tipificación de las infracciones y el
régimen sancionador correspondiente.
Finalmente, la disposición adicional quinta viene a ordenar la creación de una fundación, bajo el
protectorado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con participación, tanto de las
Administraciones públicas como de las organizaciones representativas de empresarios y
trabajadores, cuyo fin primordial será la promoción, especialmente en las pequeñas y medianas
empresas, de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo. Para permitir a la fundación el desarrollo de sus actividades, se dotará a la misma por
parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un patrimonio procedente del exceso de
excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
Con ello se refuerzan, sin duda, los objetivos de responsabilidad, cooperación y participación que
inspiran la Ley en su conjunto.
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El proyecto de Ley, cumpliendo las prescripciones legales sobre la materia, ha sido sometido a
la consideración del Consejo Económico y Social, del Consejo General del Poder Judicial y del
Consejo de Estado.
CAPITULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Ley 31/1995, de 8 noviembre 1995. Prevención de riesgos laborales

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