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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES vigente.
LEY 8-11-1995, núm. 31/1995 y modificaciones posteriores.
JEFATURA DEL ESTADO
BOE 10-11-1995, núm. 269, [pág. 32590]
Ley 31/1995, de 8 noviembre 1995. Prevención de riesgos laborales
EXPOSICION DE MOTIVOS
1
El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de
los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el
trabajo.
Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la
salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y
encuentra en la presente Ley su pilar fundamental. En la misma se configura el marco general en
el que habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con las
decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar progresivamente las
condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una armonización paulatina
de esas condiciones en los diferentes países europeos.
De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la necesidad de
armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria en esta materia, preocupada, cada
vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la prevención de los riesgos derivados del
trabajo. Buena prueba de ello fue la modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad
Económica Europea por la llamada Acta Unica, a tenor de cuyo artículo 118 A) los Estados
miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del medio de trabajo para
conseguir el objetivo antes citado de armonización en el progreso de las condiciones de seguridad
y salud de los trabajadores. Este objetivo se ha visto reforzado en el Tratado de la Unión Europea
mediante el procedimiento que en el mismo se contempla para la adopción, a través de Directivas,
de disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente.
Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo sobre protección de
la salud de los trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo configuran, la más significativa
es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en
el que opera la política de prevención comunitaria.
La presente Ley transpone al Derecho español la citada Directiva, al tiempo que incorpora al que
será nuestro cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras Directivas cuya materia exige o
aconseja la transposición en una norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE,
94/33/CE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al
tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de
trabajo temporal.
Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra Ley de leyes y la
comunidad jurídica establecida por la Unión Europea en esta materia configuran el soporte básico
en que se asienta la presente Ley. Junto a ello, nuestros propios compromisos contraídos con la
Organización Internacional del Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155, sobre
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, enriquecen el contenido del
texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro de nuestro
sistema jurídico.
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Pero no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales del Estado
español de donde se deriva la exigencia de un nuevo enfoque normativo. Dimana también, en el
orden interno, de una doble necesidad: la de poner término, en primer lugar, a la falta de una
visión unitaria en la política de prevención de riesgos laborales propia de la dispersión de la
normativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de normas de muy diverso rango y
orientación, muchas de ellas anteriores a la propia Constitución Española; y, en segundo lugar, la
de actualizar regulaciones ya desfasadas y regular situaciones nuevas no contempladas con
anterioridad. Necesidades éstas que, si siempre revisten importancia, adquieren especial
trascendencia cuando se relacionan con la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores en el trabajo, la evolución de cuyas condiciones demanda la permanente
actualización de la normativa y su adaptación a las profundas transformaciones experimentadas.
3
Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y
responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de
una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.
A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito laboral a la protección de
su salud e integridad, la Ley establece las diversas obligaciones que, en el ámbito indicado,
garantizarán este derecho, así como las actuaciones de las Administraciones públicas que puedan
incidir positivamente en la consecución de dicho objetivo.
Al insertarse esta Ley en el ámbito específico de las relaciones laborales, se configura como una
referencia legal mínima en un doble sentido: el primero, como Ley que establece un marco legal a
partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de
las medidas preventivas; y, el segundo, como soporte básico a partir del cual la negociación
colectiva podrá desarrollar su función específica. En este aspecto, la Ley y sus normas
reglamentarias constituyen legislación laboral, conforme al artículo 149.1.7ª de la Constitución.
Pero, al mismo tiempo -y en ello radica una de las principales novedades de la Ley-, esta norma
se aplicará también en el ámbito de las Administraciones públicas, razón por la cual la Ley no
solamente posee el carácter de legislación laboral sino que constituye, en sus aspectos
fundamentales, norma básica del régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictada al
amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la Constitución. Con ello se confirma también la
vocación de universalidad de la Ley, en cuanto dirigida a abordar, de manera global y coherente,
el conjunto de los problemas derivados de los riesgos relacionados con el trabajo, cualquiera que
sea el ámbito en el que el trabajo se preste.
En consecuencia, el ámbito de aplicación de la Ley incluye tanto a los trabajadores vinculados por
una relación laboral en sentido estricto, como al personal civil con relación de carácter
administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas, así como a los socios
trabajadores o de trabajo de los distintos tipos de cooperativas, sin más exclusiones que las
correspondientes, en el ámbito de la función pública, a determinadas actividades de policía,
seguridad, resguardo aduanero, peritaje forense y protección civil cuyas particularidades impidan
la aplicación de la Ley, la cual inspirará, no obstante, la normativa específica que se dicte para
salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores en dichas actividades; en sentido similar,
la Ley prevé su adaptación a las características propias de los centros y establecimientos militares
y de los establecimientos penitenciarios.
4
La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto de actuaciones de
los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo para
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elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, se articula en la Ley en
base a los principios de eficacia, coordinación y participación, ordenando tanto la actuación de las
diversas Administraciones públicas con competencias en materia preventiva, como la necesaria
participación en dicha actuación de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones
representativas. En este contexto, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que
se crea se configura como un instrumento privilegiado de participación en la formulación y
desarrollo de la política en materia preventiva.
Pero tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no puede
descansar exclusivamente en la ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los
actores directamente relacionados con el hecho laboral. El propósito de fomentar una auténtica
cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos
los niveles educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y constituye uno de los objetivos
básicos y de efectos quizás más trascendentes para el futuro de los perseguidos por la presente
Ley.
5
La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa
que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio,
de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección «a posteriori» de
situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde el momento mismo
del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su
actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto
coherente y globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los
riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas medidas constituyen los elementos
básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que la Ley plantea. Y, junto a
ello, claro está, la información y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento
tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y
evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características
de las personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.
Desde estos principios se articula el Capítulo III de la Ley, que regula el conjunto de derechos y
obligaciones derivados o correlativos del derecho básico de los trabajadores a su protección, así
como, de manera más específica, las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia o en
caso de riesgo grave e inminente, las garantías y derechos relacionados con la vigilancia de la
salud de los trabajadores, con especial atención a la protección de la confidencialidad y el respeto
a la intimidad en el tratamiento de estas actuaciones, y las medidas particulares a adoptar en
relación con categorías específicas de trabajadores, tales como los jóvenes, las trabajadoras
embarazadas o que han dado a luz recientemente y los trabajadores sujetos a relaciones
laborales de carácter temporal.
Entre las obligaciones empresariales que establece la Ley, además de las que implícitamente
lleva consigo la garantía de los derechos reconocidos al trabajador, cabe resaltar el deber de
coordinación que se impone a los empresarios que desarrollen sus actividades en un mismo
centro de trabajo, así como el de aquellos que contraten o subcontraten con otros la realización en
sus propios centros de trabajo de obras o servicios correspondientes a su actividad de vigilar el
cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención.
Instrumento fundamental de la acción preventiva en la empresa es la obligación regulada en el
Capítulo IV de estructurar dicha acción a través de la actuación de uno o varios trabajadores de la
empresa específicamente designados para ello, de la constitución de un servicio de prevención o
del recurso a un servicio de prevención ajeno a la empresa. De esta manera, la Ley combina la
necesidad de una actuación ordenada y formalizada de las actividades de prevención con el
reconocimiento de la diversidad de situaciones a las que la Ley se dirige en cuanto a la magnitud,
complejidad e intensidad de los riesgos inherentes a las mismas, otorgando un conjunto suficiente
de posibilidades, incluida la eventual participación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
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Enfermedades Profesionales, para organizar de manera racional y flexible el desarrollo de la
acción preventiva, garantizando en todo caso tanto la suficiencia del modelo de organización
elegido, como la independencia y protección de los trabajadores que, organizados o no en un
servicio de prevención, tengan atribuidas dichas funciones.
6
El Capítulo V regula, de forma detallada, los derechos de consulta y participación de los
trabajadores en relación con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo.
Partiendo del sistema de representación colectiva vigente en nuestro país, la Ley atribuye a los
denominados Delegados de Prevención -elegidos por y entre los representantes del personal en el
ámbito de los respectivos órganos de representación- el ejercicio de las funciones especializadas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las competencias,
facultades y garantías necesarias. Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, continuando la
experiencia de actuación de una figura arraigada y tradicional de nuestro ordenamiento laboral, se
configura como el órgano de encuentro entre dichos representantes y el empresario para el
desarrollo de una participación equilibrada en materia de prevención de riesgos.
Todo ello sin perjuicio de las posibilidades que otorga la Ley a la negociación colectiva para
articular de manera diferente los instrumentos de participación de los trabajadores, incluso desde
el establecimiento de ámbitos de actuación distintos a los propios del centro de trabajo,
recogiendo con ello diferentes experiencias positivas de regulación convencional cuya vigencia,
plenamente compatible con los objetivos de la Ley, se salvaguarda a través de la disposición
transitoria de ésta.
7
Tras regularse en el Capítulo VI las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes,
importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, que enlazan
con la normativa comunitaria de mercado interior dictada para asegurar la exclusiva
comercialización de aquellos productos y equipos que ofrezcan los mayores niveles de seguridad
para los usuarios, la Ley aborda en el Capítulo VII la regulación de las responsabilidades y
sanciones que deben garantizar su cumplimiento, incluyendo la tipificación de las infracciones y el
régimen sancionador correspondiente.
Finalmente, la disposición adicional quinta viene a ordenar la creación de una fundación, bajo el
protectorado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con participación, tanto de las
Administraciones públicas como de las organizaciones representativas de empresarios y
trabajadores, cuyo fin primordial será la promoción, especialmente en las pequeñas y medianas
empresas, de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo. Para permitir a la fundación el desarrollo de sus actividades, se dotará a la misma por
parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un patrimonio procedente del exceso de
excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
Con ello se refuerzan, sin duda, los objetivos de responsabilidad, cooperación y participación que
inspiran la Ley en su conjunto.
8
El proyecto de Ley, cumpliendo las prescripciones legales sobre la materia, ha sido sometido a
la consideración del Consejo Económico y Social, del Consejo General del Poder Judicial y del
Consejo de Estado.
CAPITULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
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Artículo 1.-Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus
disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales,
contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o
susceptibles de producirlas en dicho ámbito.
Artículo 2.-Objeto y carácter de la norma.
1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención
de riesgos derivados del trabajo.
A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución
de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente
disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las
Administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas
organizaciones representativas.
2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias
tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser
mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.
Artículo 3.-Ambito de aplicación.
1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones
laborales reguladas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el
de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las
Administraciones públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la
presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las
obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de
los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente
serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les
sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo
personal, con las particularidades derivadas de su normativa específica.
Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán
también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal civil con
relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta
servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley, y, de otra,
los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas
para las que prestan sus servicios.
2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo
impidan en el ámbito de las funciones públicas de:
-Policía, seguridad y resguardo aduanero.
-Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe
y calamidad pública.
No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades.
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3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley,
con las particularidades previstas en su normativa específica.
En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas
características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos
señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del
servicio del hogar familiar. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a
cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e
higiene.
Artículo 4.-Definiciones.
A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:
1º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo.
2º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado
daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
3º Se considerarán como «daños derivados del trabajo»las enfermedades, patologías o lesiones
sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
4º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente»aquel que resulte probable
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la
salud de los trabajadores.
En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los
trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la
que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma
inmediata.
5º Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos
«potencialmente peligrosos»aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas,
originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.
6º Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación
utilizada en el trabajo.
7º Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener
una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador.
Quedan específicamente incluidas en esta definición:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles
existentes en el centro de trabajo.
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo
y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la
generación de los riesgos mencionados.
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d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y
ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.
8º Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal
fin.
CAPITULO II
Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el
trabajo
Artículo 5.-Objetivos de la política.
1. La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las
condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores en el trabajo.
Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de las actuaciones
administrativas que correspondan y, en particular, las que se regulan en este capítulo, que se
orientarán a la coordinación de las distintas Administraciones públicas competentes en materia
preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones que conforme a esta Ley correspondan
a sujetos públicos y privados, a cuyo fin:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y
las entidades que integran la Administración local se prestarán cooperación y asistencia para el
eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de lo previsto en este artículo.
b) La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los
empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más
representativas.
2. A los fines previstos en el apartado anterior las Administraciones públicas promoverán la
mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza y de manera
especial en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones
profesionales, así como la adecuación de la formación de los recursos humanos necesarios para
la prevención de los riesgos laborales.
En el ámbito de la Administración General del Estado se establecerá una colaboración
permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que correspondan,
en particular los de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, al objeto de establecer los
niveles formativos y especializaciones idóneas, así como la revisión permanente de estas
enseñanzas, con el fin de adaptarlas a las necesidades existentes en cada momento.
3. Del mismo modo, las Administraciones públicas fomentarán aquellas actividades desarrolladas
por los sujetos a que se refiere el apartado 1 del artículo segundo, en orden a la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la
investigación o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de
prevención.
Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente de
trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección. Los programas podrán instrumentarse
a través de la concesión de los incentivos que reglamentariamente se determinen que se
destinarán especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Artículo 6.-Normas reglamentarias.
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1. El Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y previa consulta a las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas, regulará las materias que a
continuación se relacionan:
a) Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
b) Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos y las exposiciones
laborales a agentes que entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Específicamente podrá establecerse el sometimiento de estos procesos u operaciones a trámites
de control administrativo, así como, en el caso de agentes peligrosos, la prohibición de su empleo.
c) Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos contemplados en el
apartado anterior, tales como la exigencia de un adiestramiento o formación previa o la
elaboración de un plan en el que se contengan las medidas preventivas a adoptar.
d) Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización
de metodologías y guías de actuación preventiva.
e) Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención,
considerando las peculiaridades de las pequeñas empresas con el fin de evitar obstáculos
innecesarios para su creación y desarrollo, así como capacidades y aptitudes que deban reunir los
mencionados servicios y los trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva.
f) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente
peligrosos, en particular si para los mismos están previstos controles médicos especiales, o
cuando se presenten riesgos derivados de determinadas características o situaciones especiales
de los trabajadores.
g) Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así como requisitos y
procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente de los daños
derivados del trabajo.
2. Las normas reglamentarias indicadas en el apartado anterior se ajustarán, en todo caso, a los
principios de política preventiva establecidos en esta Ley, mantendrán la debida coordinación con
la normativa sanitaria y de seguridad industrial y serán objeto de evaluación y, en su caso, de
revisión periódica, de acuerdo con la experiencia en su aplicación y el progreso de la técnica.
Artículo 7.-Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas
competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción de la prevención,
asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendidos en su
ámbito de aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, y sancionarán las
infracciones a dicha normativa, en los siguientes términos:
a) Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos técnicos en
materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica, la información, divulgación,
formación e investigación en materia preventiva, así como el seguimiento de las actuaciones
preventivas que se realicen en las empresas para la consecución de los objetivos previstos en
esta Ley.
b) Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante
las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, prestarán el asesoramiento y la asistencia
técnica necesarios para el mejor cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas
específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control.

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c) Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por los
sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, con arreglo a lo previsto en el
Capítulo VII de la misma.
2. Las funciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral que se señalan
en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas, en lo referente a los trabajos en minas,
canteras y túneles que exijan la aplicación de técnica minera, a los que impliquen fabricación,
transporte, almacenamiento, manipulación y utilización de explosivos o el empleo de energía
nuclear, por los órganos específicos contemplados en su normativa reguladora.
Las competencias previstas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio de lo establecido en
la legislación específica sobre productos e instalaciones industriales.
Artículo 8.-Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico
especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora
de las mismas. Para ello establecerá la cooperación necesaria con los órganos de las
Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.
El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:
a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la
normalización, tanto a nivel nacional como internacional.
b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación,
estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la adecuada
coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de las
Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia.
c) Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el
cumplimiento de su función de vigilancia y control, prevista en el artículo 9 de la presente Ley, en
el ámbito de las Administraciones públicas.
d) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación
internacional en este ámbito, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas.
e) Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean
encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el artículo 13 de esta Ley, con la colaboración, en su
caso, de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de sus funciones,
velará por la coordinación, apoyará el intercambio de información y las experiencias entre las
distintas Administraciones públicas y especialmente fomentará y prestará apoyo a la realización
de actividades de promoción de la seguridad y de la salud por las Comunidades Autónomas.
Asimismo, prestará, de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo técnico
especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación.
3. En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo actuará como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y
transmisión de la información que deberá facilitar a escala nacional, en particular respecto a la
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red.
4. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría General de la
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Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole la asistencia técnica y
científica necesaria para el desarrollo de sus competencias.
Artículo 9.-Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:
a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las
normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención,
aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral
competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo VII de la presente Ley.
b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de
cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas
ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves,
y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere
necesario dicho informe, así como sobre las enfermedades profesionales en las que concurran
dichas calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del
cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales.
e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de
prevención establecidos en la presente Ley.
f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la
existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores.
2. La Administración General del Estado y, en su caso, las Administraciones Autonómicas podrán
adoptar las medidas precisas para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico
necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en sus respectivos ámbitos de
competencia.
En el ámbito de la Administración General del Estado, el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo apoyará y colaborará con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el
cumplimiento de su función de vigilancia y control prevista en el apartado anterior.
Artículo 10.-Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria.
Las actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria referentes a
la salud laboral se llevarán a cabo a través de las acciones y en relación con los aspectos
señalados en el Capítulo IV del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y
disposiciones dictadas para su desarrollo.
En particular, corresponderá a las Administraciones públicas citadas:
a) El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de
carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención actuantes. Para
ello, establecerán las pautas y protocolos de actuación, oídas las sociedades científicas, a los que
deberán someterse los citados servicios.

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b) La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con
las autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así como la realización de
estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar
a la salud de los trabajadores, así como hacer posible un rápido intercambio de información.
c) La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral,
deba recibir el personal sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados.
d) La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la
salud de los trabajadores.
Artículo 11.-Coordinación administrativa.
La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de la
prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica sobre riesgos laborales, accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales determinan la necesidad de coordinar las actuaciones de
las Administraciones competentes en materia laboral, sanitaria y de industria para una más eficaz
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
En el marco de dicha coordinación, la Administración competente en materia laboral velará, en
particular, para que la información obtenida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el
ejercicio de las funciones atribuidas a la misma en el apartado 1 del artículo 9 de esta Ley sea
puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria competente a los fines dispuestos en el artículo
10 de la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
así como de la Administración competente en materia de industria a los efectos previstos en la Ley
21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Artículo 12.-Participación de empresarios y trabajadores.
La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas, en la planificación, programación, organización y control de la
gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y
salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico de la política de prevención de riesgos
laborales, a desarrollar por las Administraciones públicas competentes en los distintos niveles
territoriales.
Artículo 13.-Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1. Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano colegiado
asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano
de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades
Autónomas y por igual número de miembros de la Administración General del Estado y,
paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas.
3. La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas
competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de asesoramiento
técnico y de vigilancia y control a que se refieren los artículos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá
informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones, específicamente en lo
referente a:
- Criterios y programas generales de actuación.
- Proyectos de disposiciones de carácter general.

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- Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones públicas competentes
en materia laboral.
- Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia laboral, sanitaria y de
industria.
4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes de las
Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones
empresariales y sindicales.
5. La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno de los
grupos que la integran. La Presidencia de la Comisión corresponderá al Secretario general de
Empleo y Relaciones Laborales, recayendo la Vicepresidencia atribuida a la Administración
General del Estado en el Subsecretario de Sanidad y Consumo.
6. La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, recaerá en la
Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en Pleno, en Comisión
Permanente o en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el Reglamento
interno que elaborará la propia Comisión.
En lo no previsto en la presente Ley y en el Reglamento interno a que hace referencia el párrafo
anterior la Comisión se regirá por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
CAPITULO III
Derechos y obligaciones
Artículo 14.-Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de
los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas
respecto del personal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva,
paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de
salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos
efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos
siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación
de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia
de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los
términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de
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protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias
que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención
de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en
materia de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al
concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención
complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su
deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra
cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en
modo alguno sobre los trabajadores.
Artículo 15.-Principios de la acción preventiva.
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el
artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos
de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en
la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores
que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave
y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
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5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores,
los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
Artículo 16.-Evaluación de los riesgos.
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con
carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que
estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección
de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los
lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si
fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de
sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los
métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad
y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las
actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario,
como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación
a los fines de protección requeridos.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de
la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de
prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin
de detectar las causas de estos hechos.
Artículo 17.-Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de
forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin
de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por
los trabajadores específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando,
por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o
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no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Artículo 18.-Información, consulta y participación de los trabajadores.
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el
empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las
informaciones necesarias en relación con:
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que
afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el
apartado anterior.
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se
refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos
representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos
específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y
prevención aplicables a dichos riesgos.
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo
dispuesto en el Capítulo V de la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos
de participación y representación previstos en el Capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de
los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.
Artículo 19.-Formación de los trabajadores.
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva,
tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta,
como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse
periódicamente, si fuera necesario.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible,
dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla
del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios
propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los
trabajadores.
Artículo 20.-Medidas de emergencia.
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia
y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y
evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica
estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado
personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material
Ley 31/1995, de 8 noviembre 1995. Prevención de riesgos laborales

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adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que
sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros
auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede
garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.
Artículo 21.-Riesgo grave e inminente.
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con
ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho
riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave,
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario,
abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores
que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada
por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su
superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros
trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador
tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario,
cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su
salud.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no
permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros,
la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será
comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro
horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los
Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de
representación del personal.
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la
adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado
de mala fe o cometido negligencia grave.
Artículo 22.-Vigilancia de la salud.
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado
de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este
carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores,
los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el
estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás
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trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en
una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de
especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que
causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la
confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los
trabajadores afectados.
4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con
fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que
pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos
efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o
con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que
puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.
5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el
derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado
más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se
determinen.
6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
Artículo 23.-Documentación.
1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente
documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores:
a) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la acción
preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 16 de la presente Ley.
b) Medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que
deba utilizarse.
c) Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 16 de la
presente Ley.
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de
esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo
del apartado 4 del citado artículo.
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario
realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.
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2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral
la documentación señalada en el apartado anterior.
3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la
salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su
trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.
4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser puesta
a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto
en el artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad.
Artículo 24.-Coordinación de actividades empresariales.
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la
protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos
trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley.
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos
otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las
medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.
3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de
trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley
serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que
los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de
trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria,
equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.
5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2
serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos
centros de trabajo.
Artículo 25.-Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus
propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan
reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles
a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las
evaluaciones de los riegos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de
protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus
características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial
debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con
la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente
en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los
respectivos puestos de trabajo.

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2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo
que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular
por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos
o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la
descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.
Artículo 26.-Protección de la maternidad.
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá
comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las
trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones
de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier
actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación
revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la
lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la
exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo
de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización
de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar
de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la
salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del
Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe del médico del Servicio
Nacional de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá
determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos
de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se
apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el
estado de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese
puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no
correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de
retribuciones de su puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda
razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora
afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada
en el artículo 45.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período necesario para la
protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a
su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el
período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la
mujer o del hijo y así lo certificase el médico que, en el régimen de Seguridad Social aplicable,
asista facultativamente a la trabajadora.
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto,
previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de
trabajo.
(Artículo redactado conforme al art. 10 de la Ley 39/1999, de 5 noviembre).
Artículo 27.-Protección de los menores.
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1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar
una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la
naturaleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de
presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que
puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.
A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad,
la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para
evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan
intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la
protección de su seguridad y salud.
2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno establecerá las
limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten
riesgos específicos.
Artículo 28.-Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de
trabajo temporal.
1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como
los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección
en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan
sus servicios.
La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en
ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo
a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de
trabajo señaladas en los párrafos anteriores.
2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al
inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información
acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad
de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos
especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las
medidas de protección y prevención frente a los mismos.
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las
características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia
profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos.
3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia
periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta Ley y en
sus normas de desarrollo.
4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades
de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de
esta Ley de la incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida
necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los
trabajadores de la empresa.

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5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será
responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el
cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del
presente artículo.
La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en
materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este
artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá
informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la
adscripción de los mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a
desempeñar y de las cualificaciones requeridas.
La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la misma de la
adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos
trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos
en la presente Ley.
Artículo 29.-Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos.
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en
el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a
causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones
del empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberán en particular:
1º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera
otros medios con los que desarrollen su actividad.
2º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que ésta tenga lugar.
4º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca
de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
5º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el
fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos
a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los
efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,
conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los
funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo
dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya
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actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus
Reglamentos de Régimen Interno.
CAPITULO IV
Servicios de prevención
Artículo 30.-Protección y prevención de riesgos profesionales.
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de
los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el
alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del
artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los
servicios de prevención.
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los
artículos 18 y 23 de la presente Ley.
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función,
dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los
trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando
la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional
sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del
desempeño de sus funciones.
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente
las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad
en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén
expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine
en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una
auditoría o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 31.-Servicios de prevención.
1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, con el alcance
que se establezca en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de
la presente Ley, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o
ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.
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Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se tendrá en cuenta
su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados.
2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el
ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la
información y documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser
apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación,
dedicación y número de componentes de estos servicios, así como sus recursos técnicos,
deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las
siguientes circunstancias:
a) Tamaño de la empresa.
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
c) Distribución de riesgos en la empresa.
5. Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser
objeto de acreditación por la Administración laboral, mediante la comprobación de que reúnen los
requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la Administración
sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.
Artículo 32.-Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los
servicios de prevención, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 31.
Los representantes de los empresarios y de los trabajadores tendrán derecho a participar en el
control y seguimiento de la gestión desarrollada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en las funciones a que se refiere el párrafo
anterior conforme a lo previsto en el artículo 39.cinco, de la Ley 42/1994, de 30 diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
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CAPITULO V
Consulta y participación de los trabajadores
Artículo 33.-Consulta de los trabajadores.
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de
las decisiones relativas a:
a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas
tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la
seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación
y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el
trabajo.
b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de
dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18,
apartado 1, y 23, apartado 1, de la presente Ley.
e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los
trabajadores.
2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se
refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes.
Artículo 34.-Derechos de participación y representación.
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas
con la prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación
de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se
regula en este capítulo.
2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les
corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los
Trabajadores, la Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de
los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes
del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de
información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas
y los órganos y Tribunales competentes.
3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las
Administraciones públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las
actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y
dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación
colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y
participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
pudiéndose establecer ámbitos sectoriales, y descentralizados en función del número de efectivos
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y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el
Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que
se reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud.
b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio
de la función de participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la
Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del
personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos
en función de las características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan
encontrarse expuestos los trabajadores.
c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se
deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección
de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma
conjunta entre unos y otros, en el ámbito específico establecido al efecto.
d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los
órganos de representación previstos en la Ley de Organos de Representación del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, que estará integrado por los Delegados de Prevención
designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o
estatutario como para el personal laboral, y por representantes de la Administración en número no
superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud en
otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo
aconsejen.
Artículo 35.-Delegados de Prevención.
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal,
en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo
anterior, con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado
de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.
3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los
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siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se
computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o
fracción se computarán como un trabajador más.
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán
establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se
garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los
propios trabajadores.
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83,
apartado 3, del Estatuto de los Trabajadorespodrá acordarse que las competencias reconocidas
en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el
propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y
conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del conjunto de
los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a
fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos
señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de
designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley
atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos.
Artículo 36.-Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley,
no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por
los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán
facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de
trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo
para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo
formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
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b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el
ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley.
Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de
manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores
una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su
jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u
órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los
organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado
de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y
comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal
desarrollo del proceso productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los
niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar
propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el
mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra
c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo
imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes.
Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su
decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado
de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser
motivada.
Artículo 37.-Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de
aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a
efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado
artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos,
así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior.
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación
en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

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La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto
con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los
riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y
su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las
informaciones a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.
4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los
Delegados de Prevención se entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter
administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, a la
regulación contenida en los artículos 10, párrafo segundo, y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio,
de Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Artículo 38.-Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado
a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de
riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que
cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o
sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los
Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén
incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones
podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o
información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en
prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el
Comité.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de
las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y
Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las
funciones que el acuerdo le atribuya.
Artículo 39.-Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en
práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de
planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y
desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación
en materia preventiva.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los
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riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias
existentes.
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo,
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del
servicio de prevención, en su caso.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre
empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de
trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y
Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que
carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.
Artículo 40.-Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son
suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su
presencia al empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de
Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de
los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle
las observaciones que estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones
puedan perjudicar el éxito de sus funciones.
3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención sobre
los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas
adoptadas como consecuencia de las mismas, así como al empresario mediante diligencia en el
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de
trabajo.
4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán consultadas con
carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en especial de los programas
específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e informadas del resultado de dichos
planes.
CAPITULO VI
Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores
Artículo 41.-Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.
1. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de
trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el
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trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines
recomendados por ellos.
Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización
en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su
conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su
contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o
utilización comporten.
Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar la información que
indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales
que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su
manipulación o empleo inadecuado.
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán
suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección
frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios, y éstos
recabar de aquéllos, la información necesaria para que la utilización y manipulación de la
maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para
la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir
con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores.
2. El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere el apartado anterior
sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos.
CAPITULO VII
Responsabilidades y sanciones
Artículo 42.-Responsabilidades y su compatibilidad.
1. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a
responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho
incumplimiento.
2. (derogado)
3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán
compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano
competente de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema.
4. (derogado)
5. (derogado)
Los aps. 2, 4 y 5 de este artículo han sido derogados por la disp. derog. única.2 c) del
RDLeg. 5/2000, de 4 agosto, que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social. Su contenido ha quedado incorporado en ese T. R. de la
LISOS.
Artículo 43.-Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario para la
subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e inminencia de los
riesgos procediese acordar la paralización prevista en el artículo 44. Todo ello sin perjuicio de la
propuesta de sanción correspondiente, en su caso.
2. El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará saber por
escrito al empresario presuntamente responsable señalando las anomalías o deficiencias
apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho requerimiento se pondrá,
asimismo, en conocimiento de los Delegados de Prevención.
Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el Inspector de
Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, levantará la correspondiente
acta de infracción por tales hechos.
Artículo 44.-Paralización de trabajos.
1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente
para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales
trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada a la empresa responsable, que la pondrá en
conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Comité de Seguridad y Salud, del
Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los representantes del personal. La empresa
responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y Seguridad Social del cumplimiento de esta
notificación.
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma inmediata a la
autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá
impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal
impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas. Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio
de los recursos que procedan.
La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que
la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto como se subsanen las causas que la
motivaron, debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social.
2. Los supuestos de paralización regulados en este artículo, así como los que se contemplen en
la normativa reguladora de las actividades previstas en el apartado 2 del artículo 7 de la presente
Ley, se entenderán, en todo caso, sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que
procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
Artículo 45.-Infracciones administrativas.
1. Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales las acciones u
omisiones de los empresarios, las de Entidades que actúen como Servicios de Prevención, las
auditoras y las formativas en dicha materia y ajenas a las empresas, así como las de los
promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia, que incumplan las normas
legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los Convenios Colectivos en materia de
seguridad y salud laboral, sujetos a responsabilidad conforme a la presente Ley.
Las infracciones tipificadas conforme a la presente Ley serán objeto de sanción tras la instrucción
del oportuno expediente sancionador a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
de conformidad con el procedimiento administrativo especial establecido en la Ley 8/1988, de 7 de
abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, sin perjuicio de las responsabilidades de
otro orden que puedan concurrir.

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No obstante lo anterior, en el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las
Administraciones públicas, las infracciones serán objeto de responsabilidades a través de la
imposición, por resolución de la autoridad competente, de la realización de las medidas
correctoras de los correspondientes incumplimientos, conforme al procedimiento que al efecto se
establezca.
En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al Gobierno la regulación de
dicho procedimiento, que se ajustará a los siguientes principios:
a) El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social por orden superior, bien por propia iniciativa o a petición de los representantes del personal.
b) Tras su actuación, la Inspección efectuará un requerimiento sobre las medidas a adoptar y
plazo de ejecución de las mismas, del que se dará traslado a la unidad administrativa
inspeccionada a efectos de formular alegaciones.
c) En caso de discrepancia entre los Ministros competentes como consecuencia de la aplicación
de este procedimiento, se elevarán las actuaciones al Consejo de Ministros para su decisión final.
2. (derogado)
(Excepto los párrafos tercero y cuarto del punto 1. este artículo ha sido derogado por la
disp. derog. única.2 c) del RDLeg. 5/2000, de 4 agosto, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, quedando incorporado su
contenido a ese T.R. de la LISOS. )

Artículo 46.- (derogado)
Artículo 47.- (derogado)
Artículo 48.- (derogado)
Artículo 49.- (derogado)
Artículo 50.-(derogado)
Artículo 51.- (derogado)
Artículo 52.-(derogado)
(Estos artículos has sido derogados por la disp. derog. única.2 c) del RDLeg. 5/2000, de 4
agosto, que aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, quedando incorporados a ese T.R. de la LISOS.)
Artículo 53.-Suspensión o cierre del centro de trabajo.
El Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las
infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, podrán acordar la suspensión de las
actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de
trabajo correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del salario o de las indemnizaciones
que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
Artículo 54.-Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.

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Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión de delitos o por
infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, se regirán
por lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-Definiciones a efectos de Seguridad Social.
Sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente
de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen
jurídico establecido para estas contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán
siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo.
Segunda.-Reordenación orgánica.
Queda extinguida la Organización de los Servicios Médicos de Empresa, cuyas funciones
pasarán a ser desempeñadas por la Administración sanitaria competente en los términos de la
presente Ley.
Los recursos y funciones que actualmente tienen atribuidos el Instituto Nacional de Medicina y
Seguridad del Trabajo y la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo se adscriben y serán
desarrollados por las unidades, organismos o entidades del Ministerio de Sanidad y Consumo
conforme a su organización y distribución interna de competencias.
El Instituto Nacional de Silicosis mantendrá su condición de centro de referencia nacional de
prevención técnico-sanitaria de las enfermedades profesionales que afecten al sistema
cardiorrespiratorio.
Tercera.-Carácter básico.
1. Esta Ley, así como las normas reglamentarias que dicte el Gobierno en virtud de lo
establecido en el artículo 6, constituyen legislación laboral, dictada al amparo del artículo 149.1.7ª
de la Constitución.
2. Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de
las Administraciones públicas, la presente Ley será de aplicación en los siguientes términos:
a) Los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas en el sentido
previsto en el artículo 149.1.18ª de la Constitución:
2.
3, apartados 1 y 2, excepto el párrafo segundo.
4.
5, apartado 1.
12.
14, apartados 1, 2, excepto la remisión al Capítulo IV, 3, 4 y 5.
15.
16.
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17.
18, apartados 1 y 2, excepto remisión al Capítulo V.
19, apartados 1 y 2, excepto referencia a la impartición por medios propios o concertados.
20.
21.
22.
23.
24, apartados 1, 2 y 3.
25.
26.
28, apartados 1, párrafos primero y segundo, 2, 3 y 4, excepto en lo relativo a las empresas de
trabajo temporal.
29.
30, apartados 1, 2, excepto la remisión al artículo 6.1 a), 3 y 4, excepto la remisión al Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
31, apartados 1, excepto remisión al artículo 6.1 a), 2, 3 y 4.
33.
34, apartados 1, párrafo primero, 2 y 3, excepto párrafo segundo.
35, apartados 1, 2, párrafo primero y 4, párrafo tercero.
36, excepto las referencias al Comité de Seguridad y Salud.
37, apartados 2 y 4.
42, apartado 1.
45, apartado 1, párrafo tercero.
Disposición adicional cuarta. Designación de Delegados de Prevención en supuestos especiales.
Disposición transitoria, apartado 3º.
Tendrán este mismo carácter básico, en lo que corresponda, las normas reglamentarias que dicte
el Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 6 de esta Ley.
b) En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, las funciones que la Ley
atribuye a las autoridades laborales y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán ser
atribuidas a órganos diferentes.
c) Los restantes preceptos serán de aplicación general en defecto de normativa específica
dictada por las Administraciones públicas, a excepción de lo que resulte inaplicable a las mismas
por su propia naturaleza jurídico-laboral.
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3. El artículo 54 constituye legislación básica de contratos administrativos, dictada al amparo del
artículo 149.1.18ª de la Constitución.
Cuarta.-Designación de Delegados de Prevención en supuestos especiales.
En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores por no existir
trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones para
representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza
las competencias del Delegado de Prevención, quien tendrá las facultades, garantías y
obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La actuación de éstos cesará en el
momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad necesarios para poder celebrar la
elección de representantes del personal, prorrogándose por el tiempo indispensable para la
efectiva celebración de la elección.
Quinta.-Fundación.
Adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo existirá una fundación cuya
finalidad será promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo,
especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones de información, asistencia
técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos.
Para el cumplimiento de sus fines se dotará a la fundación de un patrimonio con cargo al Fondo
de Prevención y Rehabilitación procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada por
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. La
cuantía total de dicho patrimonio no excederá del 20 por 100 del mencionado Fondo, determinada
en la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Los estatutos de la fundación serán aprobados por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, con el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
A efectos de lograr un mejor cumplimiento de sus fines, se articulará su colaboración con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La planificación, desarrollo y financiación de acciones en los distintos ámbitos territoriales tendrá
en consideración, la población ocupada, el tamaño de las empresas y los índices de siniestralidad
laboral. Los presupuestos que la fundación asigne a los ámbitos territoriales autonómicos que
tengan asumidas competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, serán atribuidos para su gestión a los órganos tripartitos y de participación
institucional que existan en dichos ámbitos y tengan naturaleza similar a la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
En los sectores de actividad en los que existan fundaciones de ámbito sectorial, constituidas por
empresarios y trabajadores, que tengan entre sus fines la promoción de actividades destinadas a
la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de los objetivos y
fines de la fundación se llevará a cabo, en todo caso, en coordinación con aquéllas.
Sexta.-Constitución de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la vigencia de esta Ley regulará la
composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión se
constituirá en el plazo de los treinta días siguientes.
Séptima.-Cumplimiento de la normativa de transporte de mercancías peligrosas.
Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la regulación en materia de transporte de mercancías peligrosas.

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Octava.-Planes de organización de actividades preventivas.
Cada Departamento Ministerial, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley
y previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, elevará al Consejo de
Ministros una propuesta de acuerdo en la que se establezca un plan de organización de las
actividades preventivas en el departamento correspondiente y en los centros, organismos y
establecimientos de todo tipo dependientes del mismo.
A la propuesta deberá acompañarse necesariamente una memoria explicativa del coste
económico de la organización propuesta, así como el calendario de ejecución del plan, con las
previsiones presupuestarias adecuadas a éste.
Novena.-Establecimientos militares.
1. El Gobierno, en el plazo de seis meses, previa consulta con las organizaciones sindicales
más representativas y a propuesta de los Ministros de Defensa y de Trabajo y Seguridad Social,
adaptará las normas de los Capítulos III y V de esta Ley a las exigencias de la defensa nacional, a
las peculiaridades orgánicas y al régimen vigente de representación del personal en los
establecimientos militares.
2. Continuarán vigentes las disposiciones sobre organización y competencia de la autoridad
laboral e Inspección de Trabajo en el ámbito de la Administración Militar contenidas en el Real
Decreto 2205/1980, de 13 junio, dictado en desarrollo de la disposición final séptima del Estatuto
de los Trabajadores.
Décima.-Sociedades cooperativas.
El procedimiento para la designación de los Delegados de Prevención regulados en el artículo
35 de esta Ley en las sociedades cooperativas que no cuenten con asalariados deberá estar
previsto en sus Estatutos o ser objeto de acuerdo en Asamblea General.
Cuando, además de los socios que prestan su trabajo personal, existan asalariados se
computarán ambos colectivos a efectos de lo dispuesto en el número 2 del artículo 35. En este
caso, la designación de los Delegados de Prevención se realizará conjuntamente por los socios
que prestan trabajo y los trabajadores asalariados o, en su caso, los representantes de éstos.
Undécima.-Modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de permisos retribuidos.
Se añade una letra f) al apartado 3 del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del siguiente
tenor:
«f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo».
Duodécima.-Participación institucional en las Comunidades Autónomas.
En las Comunidades Autónomas, la participación institucional, en cuanto a su estructura y
organización, se llevará a cabo de acuerdo con las competencias que las mismas tengan en
materia de seguridad y salud laboral.
Decimotercera.-Fondo de Prevención y Rehabilitación.
Los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación procedentes del exceso de excedentes
de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social a que se refiere el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social se destinarán en la cuantía que se determine reglamentariamente, a las
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actividades que puedan desarrollar como servicios de prevención las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 32 de esta Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.-Aplicación de disposiciones más favorables.
1. Lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de esta Ley en materia de competencias, facultades y
garantías de los Delegados de Prevención se entenderá sin perjuicio del respeto a las
disposiciones más favorables para el ejercicio de los derechos de información, consulta y
participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales previstas en los convenios
colectivos vigentes en la fecha de su entrada en vigor.
2. Los órganos específicos de representación de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos laborales que, en su caso, hubieran sido previstos en los convenios colectivos a que se
refiere el apartado anterior y que estén dotados de un régimen de competencias, facultades y
garantías que respete el contenido mínimo establecido en los artículos 36 y 37 de esta Ley,
podrán continuar en el ejercicio de sus funciones, en sustitución de los Delegados de Prevención,
salvo que por el órgano de representación legal de los trabajadores se decida la designación de
estos Delegados conforme al procedimiento del artículo 35.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los acuerdos concluidos
en el ámbito de la función pública al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1990, de 19 julio, sobre
negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos.
Segunda. [Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales]
En tanto se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales, se entenderá que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social cumplen el requisito previsto en el artículo 31.5 de la presente Ley.
DISPOSICION DEROGATORIA
Unica.-Alcance de la derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley y específicamente:
a) Los artículos 9, 10, 11, 36, apartado 2, 39 y 40, párrafo segundo, de la Ley 8/1988, de 7 de
abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
b) El Decreto de 26 julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos a mujeres y menores,
en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de las mujeres, manteniéndose en vigor los
relativos al trabajo de los menores hasta que el Gobierno desarrolle las previsiones contenidas en
el apartado 2 del artículo 27.
c) El Decreto de 11 marzo 1971, sobre constitución, composición y funciones de los Comités de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
d) Los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobados
por Orden de 9 marzo 1971.
En lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley, y hasta que se dicten los Reglamentos a los
que se hace referencia en el artículo 6, continuará siendo de aplicación la regulación de las
materias comprendidas en dicho artículo que se contienen en el Título II de la Ordenanza General
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de Seguridad e Higiene en el Trabajo o en otras normas que contengan previsiones específicas
sobre tales materias, así como la Orden del Ministerio de Trabajo de 16 diciembre 1987, que
establece los modelos para la notificación de los accidentes de trabajo. Igualmente, continuarán
vigentes las disposiciones reguladoras de los servicios médicos de empresa hasta tanto se
desarrollen reglamentariamente las previsiones de esta Ley sobre servicios de prevención. El
personal perteneciente a dichos servicios en la fecha de entrada en vigor de esta Ley se integrará
en los servicios de prevención de las correspondientes empresas, cuando éstos se constituyan,
sin perjuicio de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieren atribuidas distintas de
las propias del servicio de prevención.
La presente Ley no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre prevención de
riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el Capítulo IV del Real Decreto
3255/1983, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Minero, y en sus normas de
desarrollo, así como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el Real Decreto 863/1985, de 2 abril, por el
que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus
disposiciones complementarias.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Actualización de sanciones.
La cuantía de las sanciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 49 podrá ser actualizada
por el Gobierno a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, adaptando a la misma la
atribución de competencias prevista en el apartado 1 del artículo 52 de esta Ley.
Segunda.-Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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