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Estudio seguridad privada 2012 .pdf



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La presente publicación pertenece a la Fundación Empresa, Seguridad y Sociedad (ESYS) y está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-SinObraDerivada 3.0 Unported España de Creative Commons, y por ello esta permitido
copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las condiciones siguientes:
• Reconocimiento: El contenido de este informe se puede reproducir total o parcialmente por terceros, citando su procedencia y haciendo referencia expresa tanto a Fundación ESYS como a su sitio Web: www.fundacionesys.com.
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licencia menoscaba o restringe los derechos morales de ESYS.

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PRIVA DA

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ESPAÑA

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ESTADO

DE

LA

CUEST IÓN

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Éste es el amplio estudio realizado por la Fundación ESYS que queremos presentar a la sociedad en
su conjunto, y en particular a todos los agentes y sectores empresariales y profesionales que tienen
que ver con este sector.
Hasta ahora, las actividades de la Fundación se habían circunscrito a asuntos más sectoriales y
especializados, como las infraestructuras críticas, la prevención en riesgos laborales, la gestión de
la protección civil, la inteligencia económica o la protección de datos en las empresas.
Con este informe hemos pretendido dar un salto cualitativo en los objetivos de trabajo de la Fundación. Los Patronos, tras intensos debates, han querido potenciar aspectos de carácter más general
y global en el sector de la seguridad.
La Seguridad Privada es una actividad regulada por Ley desde 1992. Veinte años después, España
ha cambiado, el mundo se ha transformado y las tecnologías de las comunicaciones conforman un
universo que no podían imaginar los legisladores de entonces.
Esta evolución no solo afecta al ámbito más consolidado como la Seguridad Física, sino que, además, se detecta la urgencia de estudiar y reflexionar acerca de la Seguridad Informática.
Por tanto, parecía oportuno abordar desde una perspectiva amplia cuál era el estado de la cuestión
de la Seguridad Privada en España en 2012. Y se ha realizado contando con la participación y opiniones de todos los actores relevantes en el sector de la seguridad: empresas prestadoras de servicios de seguridad, empresas clientes de servicios de seguridad, asociaciones de empresas y de
profesionales, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, expertos, sindicatos, y a todo aquella
entidad o persona a la que hemos tenido alcance y cuya opinión ha parecido relevante.

El método para realizar este informe ha sido, en primer lugar, recopilar el mayor número de datos
acerca del sector, entre los que se han incluido las diversas normativas, datos económicos, datos
laborales, etc.
A partir de ahí se han compilado un enorme e interesante conjunto de opiniones acerca de diferentes
cuestiones como el actual marco legal, la relación entre la Seguridad Pública y la Privada, la profesionalidad y la formación, el reconocimiento social, etc.
Al final, con todo este material hemos entresacado muchas conclusiones y alguna propuesta de
actuación. Están a continuación, por lo que no voy a repetirlas. Pero si quiero destacar, desde mi
perspectiva personal, una de carácter general: El sector de la seguridad es cada día más complejo,
dinámico y cambiante, los riesgos a los que se pretende combatir también evolucionan a mucha
velocidad, y, además, trabaja en él un número muy importante de personas.
Destacan, entre las conclusiones, el amplio consenso de actualizar y ampliar el marco legal, la
urgencia en disponer de una curriculum formativo organizado y completo, resituar el lugar de la
responsabilidad de la seguridad dentro de los organigramas de las empresas y mejorar la imagen de
un sector desconocido, pero bien valorado por el conjunto de los ciudadanos.
Por lo tanto, este primer estado de la cuestión solo ha pretendido poner encima de la mesa muchas
más preguntas que respuestas, pero con la intencionalidad de ordenar precisamente el debate, para
continuar colaborando en dar dichas respuestas a las inquietudes y necesidades de un sector tan
importante para el conjunto de la sociedad.
En este camino seguirán los próximos trabajos de la Fundación ESYS.
Javier Gómez-Navarro
Presidente de la Fundación ESYS

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RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES
14
INTRODUCCIÓN
23
DATOS DE LA SEGURIDAD PRIVADA
28
OPINIONES SOBRE LA SEGURIDAD PRIVADA
62
EL EQUIPO DE TRABAJO
98
METODOLOGÍA
103
REFERENCIAS
108

14

RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES

23

INTRODUCCIÓN

28

DATOS DE LA SEGURIDAD PRIVADA

31

3.1 Marco Legal y Normativo

36

3.2 Relación entre la Seguridad Pública y la Seguridad Privada

41

3.3 Datos económicos

47

3.4 Datos Laborales

50

3.5 El mercado de la Oferta y la Demanda

59

3.6 La Formación

62

OPINIONES SOBRE LA SEGURIDAD PRIVADA

63

4.1 EL MARCO LEGAL

63

4.1.1 Empresas proveedoras de Seguridad Privada

67

4.1.2 Empresas usuarias de Seguridad

69



4.1.3 Profesionales de la Seguridad Privada

72

4.1.4 Responsables de la Seguridad Pública

72

4.1.5 Opinión Pública

74

4.2 LA RELACIÓN CON LA SEGURIDAD PÚBLICA

74

4.2.1 Empresas proveedoras de Seguridad

76

4.2.2 Empresas usuarias de Seguridad

77



4.2.3 Profesionales de la Seguridad Privada

78

4.2.4 Responsables de la Seguridad Pública

78

4.2.5 Opinión Pública

79

4.3 LA UTILIDAD DEL SERVICIO

79

4.3.1 Empresas proveedoras de Seguridad

80

4.3.2 Empresas usuarias de Seguridad

83



4.3.3 Profesionales de la Seguridad Privada

84

4.3.4 Responsables de la Seguridad Pública

84

4.3.5 Opinión Pública

85

4.4 LA PROFESIONALIDAD Y LA FORMACIÓN

85

4.4.1 Empresas proveedoras de Seguridad

87

4.4.2 Empresas usuarias de Seguridad

88



4.4.3 Profesionales de la Seguridad Privada

90

4.4.4 Responsables de la Seguridad Pública

90

4.4.5 Opinión Pública

91

4.5 EL RECONOCIMIENTO SOCIAL

91

4.5.1 Empresas proveedoras de Seguridad

92

4.5.2 Empresas usuarias de Seguridad

94



4.5.3 Profesionales de la Seguridad Privada

95

4.5.4 Responsables de la Seguridad Pública

95

4.5.5 Opinión Pública

98

EL EQUIPO DE TRABAJO

99

5.1 El Equipo de Reflexión de la Fundación ESYS

100

5.2 El equipo de Redacción y Edición

101

5.3 Entidades Colaboradoras

103

METODOLOGÍA

108

REFERENCIAS

RESUMEN EJEC U TIVO & C ON C LU SION ES

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SI NO HA SIDO SENCILLO CONDENSAR EN ESTE DOCUMENTO LOS CENTENARES DE PÁGINAS DE DATOS QUE
LE HAN DADO LUGAR, MÁS COMPLICADO AÚN RESULTA INTENTAR DESTILAR UNAS CONCLUSIONES DE ESTA
“FOTOGRAFÍA” MULTIFOCAL DE LA REALIDAD DE LA SEGURIDAD PRIVADA HOY EN LA ESPAÑA DE 2012, ENTENDIENDO POR SEGURIDAD PRIVADA TANTO LA SEGURIDAD FÍSICA COMO LA SEGURIDAD INFORMÁTICA.

Por otra parte, concluir no sólo significa sintetizar, también implica un cierto punto de vista a la hora
de extraer lo que parece más importante, y ese punto de vista es el del grupo de reflexión ESYS que
ha realizado el estudio.
Por ello estos resultados no pretenden arrogarse un objetivismo imposible, pero sí confían aportar el
análisis de profesionales de la Seguridad Privada, con los suficientes años a la espalda que permitan
relativizar los fenómenos temporales, y que desean obtener de los datos fríos y de la opinión de
muchos actores, pistas para la racionalización y mejora de esta importante actividad.
Por tanto, este documento no pretende ser un punto final sobre la situación estudiada, sino un análisis del estado de la cuestión con voluntad de generar un debate dinámico entre los diferentes actores de la sociedad (administraciones públicas, empresas, trabajadores, expertos, etc.), para mejorar
en una materia siempre sensible en nuestra cultura, como es la relación entre Seguridad y Sociedad.
El ámbito de reflexión y estudio se ha realizado en torno del concepto de Seguridad Privada, entendido como el conjunto de acciones realizadas por las empresas y los ciudadanos para protegerse
ante riesgos de origen deliberado, ya sean físicos (robos, atracos, atentados, sabotajes, etc.) o
informáticos (virus, troyanos, intrusiones informáticas, suplantación de identidad, etc.).

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Principios
Lo primero de todo es establecer una declaración de principios, lo que el grupo ESYS desearía para
la Seguridad Privada, que entiende ésta como el conjunto de los esfuerzos de la Sociedad Civil para,
en unión y colaboración con la Seguridad Pública, garantizar a los ciudadanos y las empresas la
mayor cuota de Seguridad con la menor agresión a las libertades.
Estos Principios se pueden concretar en:
A.

En las sociedades democráticas la Seguridad es un bien y un derecho de los ciudadanos que tiene que ser garantizado por el Estado. En este contexto el papel de la
Seguridad Privada es un elemento fundamental.

B.

La Seguridad Privada, como conjunto de esfuerzos de libre iniciativa de la sociedad civil, debe ser aprovechada en mayor medida por el Estado, conjugando su actividad con
la de la Seguridad Pública, tanto desde un punto de vista operativo como económico.

C.

La evolución tecnológica y las nuevas formas de criminalidad obligan a un esfuerzo
normativo y de formación muy dinámicos para la Seguridad, tanto Pública como
Privada, y tanto Física como Informática, a los que no debe ser ajeno el Estado en
su función reguladora.

D.

El esfuerzo profesional y empresarial de las personas y las empresas dedicadas a la prestación de Seguridad Privada, y el esfuerzo económico y de recursos realizado por las
empresas usuarias de la Seguridad Privada para completar su Seguridad en colaboración
con la Seguridad Pública debe ser reconocido socialmente, en tanto en cuanto ayuda a la
optimización de los recursos del Estado y contribuye a la Seguridad de toda la Sociedad.

En consonancia con estos principios que se desean alcanzar, y una vez estudiados los datos y
analizadas las diferentes opiniones de los actores implicados, el Grupo de expertos de la Fundación
ESYS ha llegado a las siguientes:

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Conclusiones Generales:

1
La normativa legal de la Seguridad Privada Física en España ha jugado un papel
fundamental en el desarrollo del sector, pero en la actualidad se ha quedado obsoleta y es demasiado restrictiva para permitir su evolución y cumplir los objetivos
que se le demandan.

2
La Seguridad Privada Informática necesita con urgencia una normativa específica
que se adapte a la realidad tecnológica actual.

3
El desarrollo normativo debe realizarse desde una perspectiva integral, pensando
en la convergencia de la Seguridad Física e Informática.

4
El desarrollo de la normativa sobre Seguridad debe hacerse teniendo en cuenta la
pertenencia de España a la Unión Europea y el marco legal internacional.

5
Frente a unos riesgos globales, tanto desde un punto de vista de la Seguridad
Física como Informática, se deben promover mecanismos de coordinación internacionales.

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Para un mejor aprovechamiento de la Seguridad Privada por parte de la Seguridad
Pública, es necesario reforzar la coordinación entre ambas transformando el actual
modelo unidireccional por una comunicación de carácter bidireccional, muy especialmente en el ámbito de la Seguridad Informática, donde la necesidad es aún
mayor, tal y como expresan los responsables de la Seguridad Pública.

7
Se deberían ampliar las competencias de la Seguridad Privada con un doble objetivo, por un lado para reforzar el apoyo a la Seguridad Pública, y por otro para atender necesidades de seguridad específicas (calles comerciales, eventos deportivos,
espectáculos, etc.).

8
La evolución de la tecnología de la información, con el uso de las redes sociales,
de la utilización de la “nube” para almacenar datos y aplicaciones, etc., reclama
nuevas maneras de proteger a las empresas y a los ciudadanos ante métodos
novedosos de comisión de delitos. Estas nuevas formas delictivas requieren una
colaboración más efectiva entre la Seguridad Informática Pública y Privada.

9
Debe estudiarse la necesidad de que el personal de la Seguridad Privada pueda
tener carácter de agente de la autoridad.

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El gran desarrollo alcanzado por el sector en los últimos años, exige un aumento de
la profesionalidad de la Seguridad Física. A ello contribuiría una formación reglada
que permita un nivel de formación mínimo garantizado y una diversificación que recoja las distintas especialidades del sector. Parece lo más aconsejable integrar esta
formación entre los estudios oficiales del Ministerio de Educación.
11
La Administración Pública debería establecer mecanismos y baremos que garanticen que los servicios de Seguridad Informática se prestan con la debida calidad.
Actualmente no existe una formación reglada adecuada.

12
Apenas hay datos económicos ni de incidentes sobre la Seguridad Informática en
España. La mayoría de los incidentes de Seguridad no son denunciados por las
empresas que los sufren.
13
Existe una contradicción aparente entre la valoración positiva de la Sociedad hacia
la Seguridad Privada y el reconocimiento que perciben sus profesionales.

14
Parece necesario un cambio organizativo en las empresas de forma que, independientemente de cómo organicen sus recursos de Seguridad, haya un único responsable
ante la alta Dirección y la Seguridad Pública, que dirija los esfuerzos de la Seguridad
Física y la Seguridad Informática.

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Alcanzar estas conclusiones generales ha llevado al Equipo de Reflexión a las Propuestas de Actuación, algunas de las cuales se han recogido directamente de las iniciativas planteadas por los
diferentes actores entrevistados:

Marco Legal
1.

Revisión de la Legislación de Seguridad Privada recogiendo en ella todo lo referente a la
Seguridad Informática, considerando como actividades de las empresas de Seguridad las
dedicadas a Instalación y Mantenimiento, Monitorización de Sistemas, y Consultoría y Auditoria en Seguridad Informática (incluyendo el llamado “hacking ético”) desarrollando todos los
aspectos que les afecten, desde registro de empresas, calificación de profesionales y medidas obligatorias para empresas.

2.

Continuación de la labor de simplificación de los trámites administrativos que regulan las actividades de las empresas de Seguridad Privada.

3.

Impulso de una armonización de la legislación de los distintos países en materia de Seguridad
Informática para permitir la persecución internacional de delitos en Internet.

4.

Conciliación de las legislaciones actuales relativas a la Seguridad Privada en las Comunidades Autónomas para facilitar el libre ejercicio empresarial.

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Relación Seguridad Pública-Seguridad Privada y Utilidad del servicio
5.

Consideración de la importancia que tiene la Seguridad Privada, estableciendo su interlocución con la Seguridad Pública en un nivel superior en el Ministerio del Interior.

6.

Generación desde el Ministerio del Interior, y las Consejerías correspondientes de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas estas competencias, protocolos de colaboración,
realmente biunívoca, entre la Seguridad Privada y la Seguridad Pública, prestando especial
interés a las alertas de Seguridad Informática.

Profesionalidad y Formación
7.

Generar los estudios académicos oficiales de Formación Profesional que afecten a Vigilantes,
Escoltas, Operadores de Sistemas de Control, etc., cuyos títulos oficiales validen a los alumnos para prestar los servicios de Seguridad Privada correspondientes y, en su caso, para el
ingreso en academias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

8.

Generar los estudios universitarios de Seguridad Privada, ya sean de currículo de gestión
o técnico, con los estudios de grado o posgrado que se precisen. Las titulaciones oficiales
validarán a los alumnos para los cargos de Ingenieros de Sistemas de Seguridad Física o
Informática, Directores de Seguridad y Jefes de Seguridad.

9.

Revisión de la cláusula de subrogación del personal de Seguridad Privada Física en aras de
la calidad del servicio y la competitividad empresarial.

10.

Estudio de la posibilidad de investigar, previamente a la contratación, al personal para puestos críticos que afecten a la Seguridad de las empresas.

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Reconocimiento Social
11.

Compromiso de las asociaciones de empresas de Seguridad y de usuarios de la Seguridad
Privada para esforzarse en la promoción de opinión favorable al reconocimiento social de los
profesionales de la Seguridad Privada, Física e Informática.

12.

Compromiso de las empresas usuarias de Seguridad, y sus asociaciones, de promover la
inclusión de la Seguridad Privada entre las políticas de Responsabilidad Social Corporativa
de las empresas.

13.

Compromiso de la Fundación ESYS en apoyar y difundir estas propuestas y en mantener
el esfuerzo de estudio y divulgación de los diferentes aspectos de la Seguridad Privada, de
forma que se colabore a su mejor comprensión por parte de la sociedad en general y las
Administraciones Públicas.

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IN TR OD U C C IÓN

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ESTE DOCUMENTO PRESENTA LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA
DE LA SEGURIDAD PRIVADA REALIZADO POR EL EQUIPO DE REFLEXIÓN ESYS PERTENECIENTE A LA FUNDACIÓN EMPRESA SEGURIDAD Y SOCIEDAD (ESYS)

La generación del Equipo de Reflexión se llevó a cabo como resultado de la decisión tomada en el
Patronato de la Fundación del 5 de Octubre de 2011.
El Equipo de la Fundación ESYS comenzó sus trabajos de forma inmediata y su primera tarea fue
la de realizar este Estudio.
Para ello se han ido recogiendo una serie de datos entre Noviembre de 2011 y Febrero de 2012, en
cuya localización ha sido fundamental la aportación de los diferentes miembros del Equipo.
En concepto de Seguridad Privada utilizado en el Estudio abarca al conjunto de acciones realizadas
por las empresas o los particulares para protegerse ante riesgos de origen deliberado, ya sean físicos (robos, atracos, atentados, sabotajes, etc.) o lógicos (virus, troyanos, intrusiones informáticas,
sustituciones de personalidad, etc.).
En este documento se utiliza el término “Seguridad Física” para la Seguridad correspondiente a los
riesgos deliberados físicos, y “Seguridad Informática”, para la correspondiente a los riesgos deliberados lógicos o informáticos. El concepto “Seguridad Privada” se utiliza como conjunto de ambas
Seguridades.
En definitiva, la Seguridad Privada en este contexto trata de la protección de las personas y las
propiedades privadas frente a actos ilícitos realizada por la Sociedad Civil, protección cuya responsabilidad última recae en el Estado (Constitución, artículo 104).

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flujo metodológico del estudio

decisión del patronato

constitución del [think tank]
esys

definición de contenidos

recogida

opiniones

de información

elección

selección asuntos

grupos de opinión

a estudiar

elaboración
de encuestas

encuestas

documento de datos

informe
final

25

entrevistas

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El objetivo del Estudio, por su amplitud, ha precisado que se recogiera la percepción de una serie
de actores muy diversa.
De esta forma el análisis seguido de la Seguridad Privada se puede considerar como el sumatorio
de las percepciones y opiniones de diferentes actores.
En el siguiente esquema se ve que frente a los datos fríos de la realidad de la Seguridad Privada
existen unos puntos de vista, unas percepciones, diferentes por cada actor.

empresas usuarias

empresas proveedoras

opinión pública

datos de la
seguridad privada

profesionales
seguridad privada

responsables
seguridad pública

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En el Estudio se presentan los datos que son incuestionables (capítulo 3), tozudos en su realidad,
en sus números, y las percepciones que, desde los mismos, tienen los diferentes actores, según las
líneas fundamentales a analizar (capítulo 4).
El equipo de trabajo y la metodología seguidas para la realización del estudio se presentan en los
capítulos 5 y 6.
Se finaliza (aunque se han presentado al principio del texto) el Estudio con las Conclusiones que se
proponen (Capítulo 1) y finalmente se incluye un apartado de Referencias (capítulo 7), con la bibliografía y las fuentes a las que se hace alusión.

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DAT O S DE LA SEGU R ID AD PR IVAD A

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EN TÉRMINOS GENERALES, LA SEGURIDAD PRIVADA FÍSICA E INFORMÁTICA PERSIGUE LA PREVENCIÓN DE
LOS RIESGOS DE ORIGEN DELIBERADO A LOS QUE SE ENFRENTAN LAS ORGANIZACIONES. LOS SERVICIOS
DE SEGURIDAD PRIVADA TRATAN DE REDUCIR LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD FRENTE A LAS AMENAZAS
Y PELIGROS QUE SE PUEDEN IDENTIFICAR, ASÍ COMO PREVER LO QUE PUEDE SUCEDER EN EL FUTURO
PARA EVITAR AQUELLOS RIESGOS QUE YA HAN SUPUESTO UNA AMENAZA EN EL PASADO. TAMBIÉN TRATA
DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES Y COLABORAR AL
MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN GENERAL

La Seguridad Física se ocupa de la protección de los bienes e instalaciones de una empresa u organización, así como de las personas que se encuentran en las mismas, en general ante riesgos de
origen deliberado no informático.
La Seguridad Privada Informática se ocupa principalmente de la protección de los activos de información de una empresa, organización o particular, en general, pero no exclusivamente, ante riesgos
de origen deliberado informáticos.
Realmente la Seguridad Privada como actividad de protección llevada a cabo por parte de particulares y organizaciones privadas existe desde hace siglos, pero si nos remitimos a la historia reciente,
en el caso de España se puede establecer una “breve historia moderna” de este tipo de labores de
protección en base a la legislación existente al respecto en los sucesivos momentos de la historia.
Así, el primer documento en el que se menciona expresamente la figura del Guardia Particular Jurado es el número 5581 de la Gaceta de Madrid, correspondiente al 10 de noviembre de 1.849, donde
se publica el “Reglamento para los guardas municipales y particulares del campo de todos los pueblos del reino”. La gran extensión de territorio que debía cubrir la Guardia Civil desde su creación en
1844, la dificultad del terreno donde se refugiaban los entonces llamados malhechores y bandoleros
y la imposibilidad de la propia Guardia Civil de controlar la seguridad en todos los municipios motivó
la creación de la guardería rural. Obviamente, la Seguridad Privada Informática no se consideraba
una necesidad todavía.

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Casi treinta años después de la entrada en vigor de esta norma, la Gaceta de Madrid (número 225,
del 12 de agosto de 1876) publica una “Adición al reglamento para el servicio de la Guardia Civil
con objeto de que esta fuerza se dedique al de guardería rural”, en el que se establecen también
las pautas para el control de los guardas jurados por parte de la Guardia Civil. Y es que en España,
como en el resto de los estados modernos homólogos en los que el monopolio de la Seguridad
ha estado siempre en manos del propio estado, el control de la Seguridad Privada por parte de la
Pública nació en el mismo momento que la propia Seguridad Privada.
Del estudio de la legislación referente a los guardas jurados se desprende que, de forma contemporánea a la existencia de los serenos, en la Real Orden de 17 de junio de 1907, se autorizó a los
alcaldes a nombrar a guardas particulares jurados, que venían a ser una adaptación de los guardas
particulares de campo al ámbito de las ciudades.
Con la llegada del franquismo, se asigna un carácter militar a la Guardia Civil y se crea la Policía Gubernativa. El artículo 1 de la ley de 15 de marzo de 1940 establece que serán auxiliares de estos dos
cuerpos de Seguridad Pública, “los guardias municipales, vigilantes nocturnos, guardas forestales y
jurados y demás personal que se atribuye esta función”.
Esta tendencia se puede constatar al consultar el Reglamento de Explosivos aprobado por el Real
Decreto de 27 de diciembre de 1944, que por primera vez establece la obligatoriedad de determinadas empresas privadas (fábricas de explosivos, depósitos comerciales y de consumo, transporte de
explosivos) a contar con un servicio privado de seguridad. A partir de este reglamento y en los años
sucesivos se fue estableciendo esa misma obligatoriedad para otras empresas, como los bancos
(en 1946 se crea la figura del Vigilante Jurado de Entidades Financieras); la industria y comercio (en
1962 se creó la figura del Vigilante Jurado de Industria y Comercio); las cajas de ahorro y montes
de piedad (en 1969 se creó la figura del Vigilante Jurado de Entidades de Ahorro). En 1973 se creó
la figura de los Vigilantes Jurados en empresas u organismos públicos o privados que requieran
protección especial. Se trata del Decreto 2048/73 de 26 de julio, que viene a recoger en una sola
normativa la regulación de los diferentes servicios de vigilancia existentes. Todos los vigilantes jurados citados en este párrafo tenían la condición de agentes de la autoridad.

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Es desde esta breve historia que se llega a la que se puede mencionar “historia moderna” de la Seguridad Privada en España, considerando ésta como la que se inicia tras la transición democrática.
3.1
Marco Legal y Normativo
El marco legal se analiza en este apartado desde la transición democrática hasta la actualidad.
Aunque cinco años más tarde se aprobó un Real Decreto (629/1978, de 10 de marzo) que regulaba
las funciones de todos los Vigilantes Jurados de Seguridad, unificando su derechos, deberes y obligaciones; antes de esta fecha, en 1974, ya se vio la necesidad de regular la creación y actividad de
las empresas privadas de seguridad, por lo que se promulga el Decreto 554/1974, de 1 de marzo.
Esto supone un cambio cualitativo importante, un paso previo en la profesionalización del sector, en
el que se pasaría de la existencia de empresas (privadas o públicas) que obligatoriamente debían
contar con su propio servicio de seguridad y vigilancia, a la aparición de empresas prestadoras de
servicios de seguridad, organizaciones ajenas al Estado, aunque controladas por éste a través de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Aún así, la legislación sobre Seguridad Privada en estos años estaba extremadamente dispersa en
diferentes normas, decretos, órdenes ministeriales y resoluciones. Para solucionar esta dispersión
se producen varios intentos de abordar de forma conjunta los diferentes aspectos legales relativos
al sector, como en el Real Decreto 880/81, al que siguieron sucesivas órdenes que trataban de poner en claro, tipificar y controlar toda una serie de servicios cuya demanda aumentaba rápidamente
(transporte y custodia de dinero y valores; sistemas de seguridad; servicios obligatorios en determinadas empresas y entidades, entre otros).
En la década de los ochenta la demanda de servicios de Seguridad Privada comenzó a experimentar un crecimiento notable. Prueba de ello es que, así como en 1972 solamente había inscrita una
empresa de seguridad en el Registro de la Dirección de Seguridad del Estado, en 1977 la cifra creció
hasta 10 y en 1987 ya eran 1.101.

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De ahí que, en 1992, se apruebe la Ley de Seguridad Privada 23/1992 que, amén de numerosas
modificaciones posteriores realizadas por la vía de Reales Decretos y Órdenes Ministeriales, sigue
vigente hasta la actualidad. Esta ley, que es la primera que regula el sector con rango de ley, deroga
toda la normativa anterior al respecto.
El marco legal actual de la Seguridad Privada es muy diferente en lo que respecta a la Seguridad
Física y a la Seguridad Informática.
La Seguridad Física es la única recogida en la Ley de Seguridad Privada 23/1992 y su desarrollo,
pese a utilizar el nombre de Seguridad Privada, no incluye en absoluto ninguna referencia a la Seguridad Informática.
La legislación de Seguridad Privada regula, entre otros aspectos:


Las actividades y condiciones de las empresas que prestan servicios de Seguridad Física
(con limitaciones recientes debidas a la “Ley Ómnibus” de libre circulación de servicios en
Europa), obligando incluso a la inscripción en un registro del Ministerio del Interior.



La formación, uniformidad (en su caso), habilitación y registro de los profesionales de la Seguridad Física.



La obligatoriedad de la disposición de medidas de Seguridad Física para algunos negocios
(Entidades Financieras, Joyerías, etc.) y las características de estas medidas.



Las relaciones entre las empresas de Seguridad Física y la Seguridad Pública.



Que las Comunidades Autónomas con competencias podrán desarrollar las facultades de
autorización, inspección y sanción de las empresas de seguridad que tengan su domicilio
social en la propia Comunidad Autónoma y el ámbito de actuación limitado a la misma.



Otro tipo de cuestiones como la restricción de los servicios de los vigilantes a espacios privados, con algunas excepciones; la restricción al uso de armas de fuego por parte del personal
de Seguridad Privada.

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A nivel europeo no existe, al menos de momento, un modelo único de Seguridad Privada. “Los distintos regímenes se sitúan desde la liberación o autorregulación más absoluta del Sector, hasta los
más intervencionistas por la Administración Pública”.(Fuente: RJASP (1))
Aquellos países que cuentan con una regulación específica en Europa son España, Bélgica, Francia,
Portugal, Suecia y, desde 2008, también Italia. Estas legislaciones tienen en común que delimitan las
áreas de responsabilidad de las empresas y evitan abusos frente a los consumidores, ya que, por
lo demás, existen ciertas diferencias. España es uno de los países que cuenta con una legislación
más desarrollada y específica.
La Seguridad Informática tiene un marco legal casi inexistente en comparación con el anterior. La
normativa que más influye en este campo son la LOPD, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
y la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Otras leyes que también pueden afectar de forma indirecta a la Seguridad Informática son la Ley
56/2007 (Ley de Impulso de Sociedad de la Información) conocida como LISI, y la equivalente para
Administraciones Públicas, La Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), origen del ENS.
El objetivo de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley), es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los
datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y
especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
El Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica y el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica establecen

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la política de seguridad que se ha de aplicar en la utilización de los medios electrónicos y los criterios
y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y
de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas.
El objeto del Esquema Nacional de Seguridad es el establecimiento de los principios y requisitos de
una política de seguridad en la utilización de medios electrónicos, que permita la adecuada protección de la información y que logre de esta forma fundamentar la confianza de los ciudadanos y las
Administraciones Públicas en estos medios.
Esta ley entiende por seguridad de las redes y de la información, “la capacidad de las redes o de
los sistemas de información de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o
acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad
y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y
sistemas ofrecen o hacen accesibles.”
Recientemente (2011) ha aparecido un conjunto de disposiciones legales que, por primera vez, se
refieren a la Seguridad Privada como el conjunto de la Seguridad Física y la Seguridad Informática. Es la Ley, y el Reglamento que la desarrolla, de Protección de Infraestructuras Críticas (Ley
8/2011 y RD 704/2011). En esta reglamentación se establecen:


Obligaciones, fundamentalmente de información, sobre medidas de Seguridad Física y Informática ante actos terroristas para empresas operadoras de servicios esenciales para la
ciudadanía.



Relación de estas empresas con la Seguridad Pública.



Actuaciones concretas de tipo organizativo de la Seguridad Pública en asistencia de los activos críticos de estas empresas.

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Por otro lado existe también un conjunto de normativa técnica muy desigual entre la Seguridad Física, donde los estándares son casi meramente testimoniales, y la Seguridad Informática, que utiliza,
entre otros, los siguientes estándares:
a) ISO 27000
b) COBIT. Control Objectives Business for Information
c) Statement on Auditing Standards No. 70 (SAS 70)
d) Magerit
e) Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
f) Normativa sectorial
Para establecer una comparativa con la situación internacional, es preciso recordar que durante los
años 90, el avance de las tecnologías de la información y la fascinación que producía un incipiente
Internet, provocó una exagerada resonancia en los medios de comunicación de las intrusiones en
sistemas y otros incidentes de Seguridad Informática que se iban conociendo en todo el mundo.
Esto produjo una tendencia a la hiper-regulación, que se inició con la protección de datos de carácter personal y actualmente se extiende a las infraestructuras críticas, afectando también a aspectos
relativos a la interceptación legal de las comunicaciones, certificación de identidad digital, protección
de la propiedad intelectual, etc.
En términos generales, España ha sido pionera en materia regulatoria a nivel europeo, y a su vez,
Europa, ha liderado la regulación de seguridad de las tecnologías de la información a nivel mundial,
tanto en el ámbito público (leyes, reglamentos) como en el privado (estándares y buenas prácticas
de la industria). La situación, en el momento de escribir estas líneas, resulta “caótica”. Las empresas
multinacionales que operan en un mercado global han de enfrentarse a una maraña de diferentes
regulaciones nacionales y docenas de estándares, emitidos por otros tantos organismos públicos
y/o privados, que hacen difícil y costoso mantenerse dentro del gálibo del cumplimiento.

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Por el contrario, el actual panorama de legislación comparada es inoperante para la persecución de
los delitos y los delincuentes lo están aprovechando.
3.2
Relación entre la Seguridad Pública y la Seguridad Privada
La relación entre la Seguridad Privada Física y la Seguridad Pública viene determinada por la
Ley de Seguridad Privada, que establece la complementariedad y subordinación de la primera respecto de la segunda. Existen dos grandes áreas de relación. Por un lado, la Seguridad Pública se
encarga del control administrativo de la Seguridad Privada Física y, por otro, existe una relación de
colaboración entre ambas, sobre todo por la información que la Privada ofrece a la Pública. Tanto
la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) del Cuerpo Nacional de Policía como el Servicio de
Protección y Seguridad (SEPROSE) de la Guardia Civil son los interlocutores habituales con el sector
de la Seguridad Privada, aunque es la UCSP la que tiene las atribuciones del control administrativo.
En aquellas Comunidades Autónomas con competencias en materia de seguridad también existen
unidades de Seguridad Privada con control administrativo de la actividad. Es el caso de los Mossos
d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra y la Ertzaintza.
En la página Web del Cuerpo Nacional de Policía (2), en la sección dedicada a la Comisaría General
de Seguridad Ciudadana, están publicadas las funciones de la Unidad Central de Seguridad Privada, que se pueden resumir en la expedición de autorizaciones y habilitaciones para las empresas
y el personal; el control de su actividad; la imposición de sanciones, si proceden; la captación de
información relevante para la seguridad ciudadana y el estudio normativo.
La Guardia Civil, a través del SEPROSE, se encarga de autorizar, controlar e inspeccionar los asuntos relacionados con las armas: munición, armas, armeros, ejercicios de tiro (tal y como se establece
en el Real Decreto 137/1993 de 29 de enero, por el que se aprueba del Reglamento de Armas, modificado por el Real Decreto 316/2000) y, también, de todo lo relacionado con los guardas particulares de campo. Así lo establece el artículo 137 del Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto

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2364/1994), cuyo apartado 3 dice que “el ejercicio de la función de control de las actuaciones de
los guardas particulares del campo, en sus distintas modalidades, corresponde especialmente a la
Dirección General de la Guardia Civil”.
En la Disposición Adicional Primera del Reglamento de Seguridad Privada 2364/1994 se establecen
las funciones de las Policías de las Comunidades Autónomas que se resumen en la autorización,
inspección y sanción de las empresas de Seguridad Privada con domicilio en la propia Comunidad
Autónoma o su ámbito de aplicación limitado al mismo; y la denuncia de las infracciones cometidas por todas las empresas de Seguridad Privada, tengan o no su domicilio en la Comunidad
Autónoma. La Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza pertenece a la División de Inspección
y Administración, mientras que la Unidad Central de Seguridad Privada de los Mossos d’Esquadra
de la Generalitat de Catalunya pertenece al Área Central de la Policía Administrativa de este cuerpo
policial autonómico.
Además de los contactos informales que tienen lugar en el día a día, la normativa establece la celebración de una Comisión Nacional de Seguridad Privada (Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por
la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinación de la Seguridad Privada), que pretende
funcionar como un órgano de carácter consultivo, con el objetivo de promover la coordinación de la
Seguridad Privada con la Seguridad Pública.
Del estudio de los datos publicados en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior 2010 (3) se
desprende que, más allá del ámbito de las acciones encaminadas al control de la Seguridad Privada por parte de la Pública, la parcela de la colaboración es uno de los grandes factores a tener en
cuenta a la hora de definir la relación entre una y otra seguridad. La Seguridad Privada coopera en
el mantenimiento de la seguridad ciudadana, tal y como se puede apreciar en función de las cifras
aportadas por el citado anuario.
En 2010, la Seguridad Privada proporcionó a la policía una media mensual de 233 informaciones
sobre delitos y seguridad ciudadana (en total 2.796 informaciones en 2010). En cuanto a los datos

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de auxilio al Cuerpo Nacional de Policía y colaboraciones en general, el pasado año se registró una
media de 2.426 acciones mensuales de auxilio y colaboración, lo que supone una variación con
respecto al año anterior del 3,9%.
Entre 2007 y 2010, los recursos humanos del Cuerpo Nacional de Policía dedicados al control y
supervisión del sector de la Seguridad Privada aumentaron un 70,3%.
Habitualmente son las propias unidades policiales provinciales de Seguridad Privada las que llevan
a cabo el grueso de las inspecciones. Del total de inspecciones efectuadas en 2010 (30.087), la
Unidad Central realizó tan sólo el 4,2% (correspondiente a 1.283 inspecciones). Sin embargo, el número de inspecciones realizadas por la UCSP, creció entre 2007 y 2010 un 84,3%, mientras que en
el caso de las unidades provinciales el número de inspecciones llevadas a cabo entre 2007 y 2010
registró un crecimiento negativo del -2,6%.
El importe cobrado por sanciones ha ido decreciendo progresivamente entre 2008 y 2010. Entre 2007 y
2008 se registró un incremento del importe cobrado del 22%, pero a partir del año siguiente la cifra comenzó a bajar ostensiblemente. Así, entre 2008 y 2009 se cobró un -56% menos y entre 2009 y 2010
el importe cobrado volvió a descender en un -35%. El total cobrado en 2010 fue de 3.112.849 euros.
En cuanto al número de agentes de Seguridad Pública y Seguridad Privada en función de la población, en España hay un agente de Seguridad Pública por cada 198 habitantes, mientras que hay un
vigilante de Seguridad Privada por cada 525 habitantes. Por cada vigilante de Seguridad Privada
que hay en activo existen, por tanto, 2,65 agentes de la Seguridad Pública, es decir, que el número
de agentes de la Seguridad Pública duplica con creces (casi triplica) el número de vigilantes. Tanto
la Policía Nacional como la Guardia Civil conceden periódicamente Menciones Honoríficas a las
empresas y el personal de Seguridad Privada, en reconocimiento a su labor de colaboración con la
Seguridad Pública. No se han encontrado datos consolidados sobre el número de menciones concedidas, puesto que cada unidad provincial de la Policía o la Guardia Civil las ha venido concediendo
a nivel local.

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España

Alemania

Francia

R. Unido

Italia

Polonia

Noruega

Suecia

POBLACIÓN

47.150.819

81.802.257

64.714.074

62.008.048

60.340.328

38.167.329

4.858.199

9.340.682

Nº DE AGENTES
DE SEGURIDAD PÚBLICA

238.273

250.927

238.797

162.324

106.797

98.369

8.568

17.894

Nº DE VIGILANTES

89.750

169.012

148.087

364.753

47.889

200.880

12.553

20.001

Nº TOTAL DE AGENTES
PÚBLICOS Y PRIVADOS

328.023

419.939

386.884

527.077

154.686

299.249

21.121

37.895

RATIO AGENTES
SEGURIDAD PÚB./POBLACIÓN

1/198

1/326

1/271

1/382

1/565

1/388

1/567

1/522

RATIO
VIGILANTES/POBLACIÓN

1/525

1/484

1/437

1/170

1/1.260

1/190

1/387

1/467

RATIO Nº TOTAL AGENTES
PÚB. Y PRIVADOS/POBLACIÓN

1/144

1/195

1/167

1/117

1/390

1/127

1/230

1/246

RATIO VIGILANTES/AGENTES
DE SEGURIDAD PÚBLICA

1/2,65

1/1,48

1/1,61

1/0,44

1/2,23

1/0,48

1/0,68

1/0,89

Fuente: CoESS Facts & Figures 2011 (4) (que ofrece datos de 2010)

Al establecer comparaciones con algunos países europeos (en concreto Alemania, Francia, Reino
Unido, Italia, Polonia, Noruega y Suecia en el 2010), se deduce que España es, en términos relativos, uno de los países europeos con mayor número de agentes de Seguridad Pública por habitante,
ya que hay un agente de Seguridad Pública por cada 198 habitantes. En cuanto a los países con
menor número de agentes de Seguridad Pública, en términos relativos, son los países nórdicos, que
cuentan con un agente por cada 522 habitantes (Suecia) o por cada 567 (Noruega), e Italia, con un
agente por cada 565 habitantes. Les sigue Polonia con un agente por cada 388 habitantes, y Reino
Unido, con un agente por cada 382 habitantes.
En cuanto a los agentes de Seguridad Privada, de los países estudiados, el que más tiene, en términos relativos, es el Reino Unido, con un vigilante por cada 170 habitantes; seguido de cerca por
Polonia, donde hay un vigilante por cada 190 habitantes. En este país el ratio de vigilantes en función
de agentes de seguridad pública es de 1/0,48, es decir, que hay el doble de los primeros. Sin contar
con las cifras italianas, que son reflejo de un mercado que sólo se ha liberalizado a partir de una ley
promulgada en 2008, España es el país europeo, entre todos los estudiados, con menor número de
vigilantes en términos relativos, ya que por cada vigilante hay 525 habitantes y un vigilante por cada

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2,65 agentes de la Seguridad Pública. Alemania es el siguiente país con menos vigilantes, seguido
de Suecia y Francia. De la muestra estudiada, hay cuatro ejemplos que tienen, en términos relativos, menos agentes de Seguridad Pública que vigilantes: Reino Unido, Noruega, Suecia y Polonia.
España

Alemania

Francia

R. Unido

Italia

Polonia

Noruega

Suecia

POBLACIÓN

40.491.052

82.369.548

64.057.790

60.943.912

59.131.287

38.600.000

4.644.457

9.045.389

Nº DE DELITOS

2.309.859

6.284.661

3.589.293

5.445.150

2.933.146

1.153.993

271.712

1.306.324

Nº DE AGENTES
DE SEGURIDAD PÚBLICA

223.000

250.000

250.000

141.398

425.000

100.000

8.185

18.000

Nº DE VIGILANTES

83.000

173.000

150.000

250.000

49.166

165.000

12.000

13.500

Nº TOTAL DE AGENTES
PÚBLICOS Y PRIVADOS

306.000

423.000

400.000

391.398

474.166

265.000

20.185

31.500

RATIO AGENTES SEGURIDAD
PÚBLICA/ POBLACIÓN

1/182

1/330

1/256

1/431

1/139

1/386

1/567

1/502

RATIO
VIGILANTES/POBLACIÓN

1/488

1/476

1/427

1/244

1/1.202

1/234

1/387

1/670

RATIO Nº TOTAL AGENTES
PÚB. Y PRIVADOS/ POBLACIÓN

1/132

1/195

1/160

1/156

1/125

1/146

1/230

1/287

RATIO
POBLACIÓN/DELITOS

1/0,057

1/0,076

1/0,056

1/0,089

1/0,049

1/0,029

1/0,058

1/0,14

RATIO
VIGILANTES/DELITOS

1/27,8

1/36,3

1/23,9

1/21,7

1/59,6

1/7

1/22,6

1/96,8

RATIO AGENTES SEGURIDAD
PÚBLICA/ DELITOS

1/10,3

1/21,1

1/14,3

1/38,5

1/6,9

1/11,5

1/33,2

1/72,6

RATIO Nº TOTAL AGENTES
PÚB. Y PRIVADOS/ DELITOS

1/7,5

1/14,8

1/8,9

1/13,9

1/6,2

1/4,3

1/13,4

1/47,4

Fuente: CoESS Facts & Figures 2008 (que ofrece datos de 2007) y Eurostat

Si analizamos los datos del cuadro anterior, de los países estudiados, Suecia es aquel en el que más
delitos se cometen por habitante y también es uno de los países con menor número de agentes de
Seguridad Pública en función de la población y con menos agentes de Seguridad Privada en función de la población. El país en el que menos delitos se comenten por habitante es Polonia (0,029
delitos por habitante), cuyo número de policías por habitante se encuentra en una posición media
con respecto al resto de países europeos, mientras que el número de vigilantes de seguridad en
función de la población es el más alto de los ejemplos analizados en este caso. El país que menos
vigilantes tiene en términos relativos es Italia, donde el índice de delitos también es bajo (0,049 por
cada habitante), pero sin embargo este país cuenta con el mayor número de agentes de Seguridad
Pública por habitante.

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Si comparamos los datos de España con el resto de ejemplos europeos vemos que el ratio de
delitos por habitante está por debajo de la media y es prácticamente igual a los casos de Francia
y Noruega, donde los ratios de agentes de Seguridad Pública/población y vigilantes de seguridad/
población son dispares, por lo que no se puede extraer conclusiones sólidas al respecto.
Al sumar el total de agentes públicos y privados de cada país y compararlos con el número de delitos, los ratios obtenidos muestran que en España se producen 7,5 delitos por cada agente, una cifra
parecida a la de otros países de nuestra órbita inmediata como Francia e Italia. El mayor número de
delitos por agente se producen en Suecia, seguida de Alemania Reino Unido y Noruega.
En cuanto a la Seguridad Informática no está institucionalizada la relación de información entre la
Seguridad Pública y la Privada. Las relaciones entre ambas Seguridades se realizan por relaciones
de amistad y confianza. Además, no suele ser habitual que las grandes corporaciones realicen denuncias cuando detectan que se ha cometido un incidente de Seguridad Informática en sus instalaciones, por lo que tampoco es posible disponer de una cifra de delitos informáticos.
La Seguridad Pública se relaciona con la Seguridad Privada Informática fundamentalmente a través
de Brigada de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía y del Grupo de Delitos Telemáticos, dentro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
3.3
Datos económicos
Los últimos datos existentes hablan de 4.250 millones de € de facturación total del sector de la
Seguridad Privada Física en 2010, según el estudio de DBK “Compañías de Seguridad 2011” (5).
Los servicios de vigilancia representan el 65% del mercado de la Seguridad Física, los sistemas de
seguridad el 27% y el transporte de fondos el 8%. El sector registró una tendencia de crecimiento a
lo largo de la década de los 90 del siglo XX y la primera mitad de la década de los diez del siglo XXI
(según datos de APROSER (6), entre 1996 y 2003, experimentó un promedio anual de crecimiento

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del 9,5%). Dejando a un lado el máximo histórico de crecimiento registrado en 2001 con respecto
a 2000 (27% según APROSER y 19,7% según DBK), debido en gran parte a la introducción de la
nueva moneda europea (entre 2000 y 2001 el transporte de fondos experimentó un crecimiento
interanual del 93%), en los primeros años del siglo XXI el sector vivió un crecimiento sostenido. Los
datos económicos de 2007 y 2008 reflejan ya el comienzo del descenso en el ritmo de crecimiento.
Pero es a partir de 2009 cuando el crecimiento comienza a ser negativo, una tendencia de decrecimiento que no ha cambiado hasta la fecha, aunque las cifras de 2010 ya reflejan una moderación
del decrecimiento (-4,1% en 2010 frente al -5,5% de 2009).
Naturalmente, el sector de la Seguridad Privada Física ha visto afectada su actividad con motivo de
la actual crisis económica. Tanto las empresas privadas como los organismos públicos usuarios de
la Seguridad Privada y los propios particulares han constreñido su demanda de este tipo de servicios. Este grave descenso de la demanda se ha visto agravado con los numerosos impagos que
están sufriendo las empresas de seguridad, lo que ha hecho que la salud económica del sector se
resienta.
Aunque la crisis comenzó en 2007, ésta no se ha reflejado con fuerza en los números del sector hasta 2009. Esto se debe a que, al tratarse de un sector de servicios en el que los principales clientes
son las empresas, los efectos producidos por la reducción de los servicios se han ido produciendo
a medida que las propias empresas clientes sentían los efectos de la actual coyuntura económica y,
consecuentemente, lo han reflejado en un recorte del presupuesto de seguridad.
A todo ello hay que sumar el descenso en el número de servicios de protección personal (escoltas),
que en nuestro país se había desarrollado enormemente debido al efecto del terrorismo de ETA. A
principios de 2011, el Ministerio del Interior tomó la decisión de reducir el número de cargos públicos
con escolta a cargo de las arcas del Estado, lo que ha repercutido en un gran descenso de este
tipo de servicios.

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El mayor descenso de la demanda y, por tanto, de la facturación, se ha producido en el segmento
de los sistemas de la seguridad (-4,5% en 2010, frente a la media de crecimiento del mercado total,
que se situó en un -2,1%), un sector que en los años anteriores venía creciendo a un ritmo mayor
que la vigilancia y el transporte de fondos. La actual crisis realmente ha hecho mella en el segmento
de los sistemas de seguridad, debido a la contención de la demanda y a que en este contexto de
crisis muchas de las empresas clientes, ya sean privadas o públicas, optan por retrasar el momento
de invertir en nuevos sistemas de seguridad. El descenso también se puede atribuir a la crisis específica que está viviendo el sector de la construcción, con el consecuente descenso de construcción
tanto de viviendas particulares como de otro tipo de instalaciones. Según las cifras de miles de m2
de edificios que han recibido licencias de los ayuntamientos, éstas han evolucionado de 230.044 en
2006 hasta 44.781 en 2010, es decir a menos del 20% en cuatro años. Esta tendencia al decrecimiento de la actividad en el sector de la construcción ha continuado hasta el último dato publicado
por el INE para julio de 2011, aunque en un menor valor: el descenso interanual de los siete primeros
meses ha sido del 3%.
Los datos económicos del sector de Seguridad Informática son muy escasos y generalmente
especulativos. La información más reciente sobre el mercado del sector de la Seguridad Informática
en España y con cierta credibilidad la hemos encontrado en una referencia al estudio elaborado
por TB-Security en 2009, titulado “Perspectivas del mercado de la Seguridad de la Información en
España: 2008-2012” (7). Según el estudio de TB-Security, en el año 2012 el sector de la Seguridad
Informática en España alcanzará un volumen cercano a los 1.700 millones de euros frente a los 970
millones de 2008.
Estas cifras sitúan al segmento de la Seguridad Informática como uno de los motores del crecimiento del sector TI en España. Por áreas, este mismo estudio, y en línea con informes anteriores como
el del mercado de la seguridad TIC de INTECO (8), señala que serán los servicios los que sigan
incrementando su cuota de participación dentro de la seguridad, alcanzando en 2012 hasta un 65%
del total del mercado, frente al software (que representará en 2012 el 29,2%) y al hardware (6,2%).

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e v o l u c i ó n d e l s e g m e n t o d e l a s e g u r i d a d d e l a i n f o r m a c i ó n e n e s pa ñ a [m . €]

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2008

2009

2010

2011

2012

HARDWARE

79,52

85,49

90,61

96,96

105,68

SOFTWARE

338,15

371,97

405,45

445,99

495,05

SERVICIOS

556,39

628,72

735,60

882,72

1094,58
Fuente: TB Security

Según el informe realizado por Gartner, titulado “Market Scope for Managed Security Services in Europe (24 Octubre 2011)” (9), las perspectivas de las principales empresas de seguridad tecnológica
para el mercado europeo son favorables. Dentro del grupo de empresas estudiadas se encuentra la
compañía española Telefónica.
También Forrester realizó en el tercer trimestre de 2010 encuestas a 2.058 responsables de seguridad de TI en América del Norte y Europa para evaluar el estado e identificar las tendencias clave y
la dirección futura del mercado de la Seguridad Informática. Los datos obtenidos se publicaron en el
informe “La evolución de la seguridad IT 2010-2011” (10) (The Evolution Of IT Security, 2010 To 2011
Cybersecurity And Services Fuel The Next Phase Of Market Growth). Estos datos muestran que la
seguridad informática sigue siendo un sector en crecimiento y dinámico, ya que las empresas lidian
con más amenazas, deben ser capaces de responder a una legislación y requisitos cada vez más
exigentes y adaptarse a un mercado de TI con un nivel de evolución sin precedentes. El desafío de
abordar esta complejidad está fomentando la adopción de servicios de seguridad.

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Mirando hacia el futuro, el cumplimiento normativo dejará de ser la clave del mercado y será sustituido por un enfoque en la re-arquitectura de la seguridad para conseguir una estrategia empresarial
más abierta en la defensa contra los riegos complejos. El panorama de la seguridad TI evolucionará
a un nivel más complejo y competitivo.
Las grandes empresas de TI está aumentando la seguridad en sus departamentos, y los proveedores de servicios de red y proveedores en la nube están incorporando seguridad en sus
servicios.
Según el informe de Ernst and Young “Top 10 risks in telecommunications” (11) hecho público el
13 de diciembre de 2011, la privacidad, la seguridad y la piratería ocupan el puesto 10 en la escala
de riesgos principales en el mercado de las telecomunicaciones en 2010. El documento ponen de
manifiesto una vez más que el desarrollo de la sociedad digital, la Web 2.0 y la virtualización están
generando nuevos tipos de amenazas que cada vez requieren sistemas de supervisión más complejos y costosos para manejar los riesgos de forma efectiva.
La vulnerabilidad de la información y el impacto de un ataque cibernético puede ir más allá de la
pérdida de datos y afectar a la confianza del cliente, la reputación de la empresa y la marca, y acarrear sanciones.
Frente a esta situación, las empresas, por ejemplo en el caso de las operadoras móviles, están a su
vez obligadas a cumplir con una legislación o regulación cada vez más estricta a la hora de realizar
el seguimiento de los datos:


Ley General de Telecomunicaciones (Ley 32/2003, de 3 de noviembre).



Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.



Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones
electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.

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Un dato que puede ser significativo para conocer la dimensión y evolución del sector de la Seguridad Privada Informática es el porcentaje del presupuesto de Seguridad Privada Informática externalizado por 11 grandes empresas del IBEX 35. En la gráfica se pone de manifiesto que han pasado
de no externalizar nada en 2006 a superar el 50% de sus presupuestos en 2010.
p o r c e n ta j e d e l p r e s u p u e s t o d e s e g u r i d a d e m p l e a d o e n e x t e r n a l i z a c i ó n

60,00%
51,14%

50,00%
40,00%

41,75%

37,80%

37,55%

2007

2008

30,00%
20,00%
10,00%
00,00%

00,00%

00,00%

00,00%

2004

2005

2006

2009

2010

Para valorar el significado de las cifras anteriores las podemos comparar con el porcentaje del
presupuesto de Tecnologías de la Información que estas 11 grandes corporaciones dedican a la
Seguridad Informática. Se puede apreciar como la crisis económica del 2007 ha afectado a los
presupuestos de los tres últimos años, pero el dato para el último año del que se tiene información
parece indicar el inicio de la recuperación.
p o r c e n ta j e d e l p r e s u p u e s t o d e t i d e d i c a d o a l a s e g u r i d a d i n f o r m át i c a

3,50%

3,28%

3,00%
2,50%

2,70%

2,80%

2,79%

2,40%

2,00%

1,59%

1,72%

1,50%
1,00%
0,50%
0,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

En conclusión, se puede afirmar que todos los informes consultados son optimistas en cuanto a la
evolución del sector de la Seguridad Informática del que, por otra parte, no se tienen datos fiables.

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3.4
Datos Laborales
La Ley de Seguridad Privada establece algunas de las categorías laborales existentes en el sector
de la Seguridad Física, que son: vigilantes de seguridad (con las especialidades de escolta y vigilantes de explosivos y sustancias peligrosas); guardas de campo (con las especialidades de guardas
de caza y guardapescas marítimos); jefes de seguridad, directores de seguridad; y detectives. En la
actualidad hay 246.003 trabajadores habilitados en alguna de las mencionadas categorías pero no
todos están en activo. Por ejemplo, de los 188.018 vigilantes habilitados están en activo 89.500. A
todo este personal hay que sumar los técnicos e instaladores de sistemas y los gestores de centrales receptoras de alarmas. Las negativas previsiones económicas del sector hacen prever un
estancamiento en la contratación de nuevos empleados.
Personal

2007

2008

2009

2010

2010 [%]

Total absoluto de personal

184.828

202.906

227.707

246.003

100%

Vigilantes de seguridad

141.563

153.883

172.041

188.018

75,2%

89.750

Escoltas

21.473

24.431

27.839

30.961

12,5%

4.500

Vigilantes de explosivos

12.368

14.128

16.394

18.311

7,4%

1.200

Jefes de seguridad

2.294

2.498

2.676

2.863

1,1%

400*

Directores de seguridad

4.938

5.686

6.407

7.282

2,9%

Detectives

2.192

2.280

2.350

2.451

0,9%

Total nuevas habilitaciones

12.766

17.778

44.117

22.354

Vigilantes de seguridad

9.256

12.123

18.530

16.094

Escoltas

1.360

2.897

3.409

3.135

Vigilantes de explosivos

1.192

1.744

2.276

1.923

Jefes de seguridad

253

203

179

224

Directores de seguridad

107

679

735

879

Detectives

598

132

83

99

Inhabilitaciones

4

79

67

294

EN ACTIVO
APROX.

* Valor calculado por la Fundación ESYS

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El grupo más numeroso de profesionales dentro del sector de la Seguridad Privada son los vigilantes, que representan el 75% del personal autorizado por la Seguridad Pública. La siguiente categoría profesional con más empleados es la de los escoltas, que representan el 12,5%, seguidos
de los vigilantes de explosivos (7,4%) y los directores de seguridad (2,9%). Los jefes de seguridad
representan el 1,1% y los detectives el 0,9%. Entre 2007 y 2010, el número total de personal de
seguridad habilitado se ha incrementado en un 33,09%.
La variación registrada entre 2007 y 2010 en el número de personal habilitado, en función de su
especialidad, arroja los siguientes datos de crecimiento:
• Escoltas: +44% en 2010 respecto a 2007
• Jefes de seguridad: +24% en 2010 respecto a 2007
• Directores de seguridad: +47% en 2010 respecto a 2007
• Detectives: +12% en 2010 respecto a 2007
En el caso concreto de los vigilantes (que como decíamos representa el 75% del total de personal
habilitado), de las 188.018 personas que cuentan con la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP)
proporcionada por el Ministerio del Interior tan sólo hay 89.500 en activo (47,73%). Esto se debe,
en gran parte, a que el empleo como vigilante de seguridad muchas veces es considerado por los
propios trabajadores como algo transitorio mientras se forman para trabajar en otro sector o mientras buscan otro trabajo más atractivo en cuanto a salario y horario. Sin embargo, la llegada de la
crisis ha provocado que numerosas personas en paro se animen a formarse como vigilantes de
seguridad, a pesar de la desaceleración del ritmo de crecimiento del sector y el consecuente descenso en la demanda de trabajadores. Tanto es así que entre 2008 y 2010 (es decir, en tan sólo tres
años), el Ministerio del Interior ha concedido 46.747 nuevos TIP, lo que supone algo más del 50% de
vigilantes que realmente están en activo. Entre 2007 y 2010, el número de vigilantes de seguridad
habilitados se ha incrementado en un 32,8%.
Son numerosos los ayuntamientos y otras entidades públicas que están subvencionando la realización de cursos de habilitación de vigilante de seguridad para personas en situación de desempleo,

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en el marco de una apuesta por la formación. Sin embargo, estas entidades obvian el hecho de que
el sector difícilmente puede acoger a más empleados porque la crisis está afectando profundamente
a la demanda de servicios de seguridad.
La consecuencia positiva para las empresas es que, así como antes de la crisis tenían grandes
dificultades para encontrar personal habilitado, incluso hasta el punto de manifestar a través
del su principal patronal, APROSER, que existían 20.000 vacantes en el sector (información
publicada en el diario El Mundo el 21 de febrero de 2006), en la actualidad esa dificultad ya no
existe. Esto se debe tanto al personal habilitado recientemente, como a la vuelta al sector de
numerosos antiguos trabajadores que han perdido su empleo en sectores ajenos a la Seguridad
Privada.
Resulta llamativo comparar las cifras de personal habilitado con la evolución económica del sector,
ya que el incremento de la facturación registrado entre 2007 (3.860M€) y 2010 (4.250M€) (datos de
DBK) ha sido del +10%, una cifra muy alejada de la media de 33% de incremento del número de
personal habilitado. Obviamente, hay una gran diferencia entre el personal habilitado y el personal
realmente empleado en el sector.
El índice de rotación de los vigilantes de Seguridad Privada se situó en un 24% en 2010 y en un
27,98% en 2009. La variación interanual del índice de rotación es muy llamativa, ya que, en un
sector donde los índices de rotación han sido históricamente muy elevados (48% en 2005), en
los últimos años se viene registrando un claro descenso. De esta forma, en 2007 el índice de
rotación se situó en un 40% y en 2008 en un 31%. Hay que buscar la respuesta a esta variación
en dos factores principales. Por un lado tenemos el esfuerzo de las empresas por fidelizar a los
empleados, lo cual se puede apreciar por el enorme descenso de la rotación que se produjo
entre 2007 y 2008, cuando el sector apenas estaba empezando a resentirse por la crisis. Por
otro lado, con la llegada de la crisis, los trabajadores se han vuelto mucho más conservadores
con respecto a su puesto de trabajo. En tiempos de bonanza económica fueron muchos los
vigilantes que cambiaron a otros sectores como el de la construcción, circunstancia que no
ocurre actualmente.

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